7 diciembre, 2016
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La globalización descompensada

Por Juan A. Gimeno

Artículo publicado en ctxt.es el 30 de Noviembre de 2016

Oponerse a acuerdos como el TTIP o el CETA significa, para la prensa biempensante y los articulistas oficiales, convertirse en un ser antisistema, retrógrado y antisocial. ¡Ahora resulta –leemos– que son los izquierdistas los que están en contra de la Internacionalización!

La realidad es que la antiglobalización está en la derecha más rancia (por no utilizar otros adjetivos). Las organizaciones sociales y buena parte de la izquierda lucha más bien por una globalización democrática, sensata y equilibrada, que dé prioridad a los derechos humanos y a las personas frente a los intereses especulativos de las grandes fortunas.

En 1999, se manifestaron en Seattle por estas fechas miles de personas (más de 40.000 el 30 de noviembre) en contra de la Organización Mundial de Comercio, convocadas por una coalición social diversa, que agrupaba tanto a ONG y sindicatos como a ecologistas, campesinos y otros movimientos sociales. Aquella movilización hizo fracasar la anunciada Ronda del Milenio y acaparó portadas en todo el mundo sobre todo por los hechos violentos que acompañaron a la manifestación principal y pacífica. Una explosión que resultó entonces tan sorprendente e inesperada para los medios de comunicación como lo pueden ser hoy algunos resultados electorales. Hasta esa fecha, las protestas sociales se menospreciaban. Se acusaba a las ONG de no representar a nadie.

Esa fecha se sitúa como el inicio oficial del llamado movimiento antiglobalización, si bien esa afirmación es ampliamente discutible.

Por una parte, porque las críticas al proceso de liberalización incontrolada llevaban años intentando hacerse oír. Ya se hicieron ver como movimiento general en el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, celebrado en Chiapas en 1996. El segundo se celebraría en Barcelona en 1997.

En febrero de 1998 se celebró la Conferencia Mundial de Acción Global de los Pueblos, en Ginebra, en la que se proponía la coordinación y comunicación de las resistencias contra el mercado global, con la participación de diferentes movimientos de base de distintos países del mundo.

Del 16 al 18 de mayo de ese mismo año se realizan diferentes movilizaciones y protestas en relación con el encuentro anual del G8 realizado en Birmingham, y del encuentro ministerial de la OMC realizado en Ginebra. Esas movilizaciones se consideraron el “Primer Día de Acción Global”. El segundo día de Acción Global sería el 18 de junio de 1999, con protestas en distintos centros financieros del mundo y la caravana intercontinental que concluye en Colonia, Alemania, donde se celebraba la reunión anual del G7. Seattle, desde esta perspectiva, es considerado el tercer día de Acción Global.

Toda esa historia de movilización mantiene su continuidad a través del Foro Social Mundial, cuya primera edición se realizó en Porto Alegre en 2001.

No fue, pues, aquel 30 de noviembre una explosión sorprendente, sino una expresión de todo un proceso. Lo que resulta triste es que solo mereciera atención de los medios oficiales cuando se produjeron algunos hechos violentos desencadenados, como tantas veces, por las cargas violentas de las “fuerzas del orden”, y respondidas con reacciones no menos violentas de una minoría de las personas que participaban en las protestas. Primera lección: no escuchar el clamor del descontento social puede acabar propiciando la violencia.

Por otra parte, como se adelantaba más arriba, muchas personas y colectivos que mueven y apoyan estos procesos calificados como de antiglobalización no aceptan (no aceptamos) esa etiqueta. Probablemente puede ser válida para movimientos nacionalistas e integristas, estos sí (hay que repetirlo) retrógrados y antisociales. Pero la mayor parte de quienes discrepamos del proceso dominante de globalización estamos en desacuerdo con esta globalización desigual, injusta y profundamente, también, antisocial. 

La globalización es definida por la RAE como el proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los Gobiernos.

Esa mera definición nos pone ya en guardia. Primero, porque se ciñe tan solo a “economías y mercados”. Segundo, porque subraya como principal característica que los “mercados externos” están por encima de la acción reguladora de los gobiernos. Parece que estuvieran pensando en el TTIP y el CETA.

Es fácil admitir que, como principio, los intercambios de todo tipo han de considerarse enriquecedores. Y, efectivamente, la izquierda es internacionalista, por principio y tradición. Pero la discusión está en si esos intercambios han de ser ilimitados o conviene una cierta regulación que evite sus aspectos menos positivos. Como subraya Rodrik, “las compañías farmacéuticas que defienden reglas sobre patentes más estrictas, los bancos que presionan por un acceso sin restricciones a los mercados extranjeros o las multinacionales que solicitan tribunales de arbitraje especiales no tienen una mayor consideración por el interés público que los proteccionistas”.

Porque los defensores de la globalización y el libre juego del mercado son muy selectivos en sus posiciones. En el plano económico, el proceso de globalización se refiere a los movimientos de capitales, de bienes y servicios y de personas. Si tantas son las ventajas de la libertad de movimientos y de dejar que sean los mercados los que regulen los flujos, lo coherente sería que esa libertad de movimientos se aplicara de igual forma a las personas que a las mercancías y a los capitales. Sabemos que no es así. Tenemos una globalización para especuladores pero no para quienes huyen de las bombas o de la miseria.

La defensa de tal coherencia te convierte automáticamente, a los ojos de la opinión escrita dominante, en irresponsable y demagogo. Sin embargo hay que insistir en el principio: la defensa de la globalización exige que sea sensata y equilibrada.

Si se admite tan ampliamente que el movimiento de personas tiene que limitarse, porque las sociedades de acogida no pueden absorber toda la población que se desplazaría libremente hacia ellas, es obligado aplicar la misma reflexión a mercancías y capitales. Y si se defiende la libre circulación sin trabas de mercancías y capitales, no caben comportamientos restrictivos en relación con las personas.

Lo coherente es defender la misma tesis para todos los casos: la globalización es positiva siempre que se apliquen limitaciones sensatas, pero con carácter general, de forma que la defensa de los derechos humanos prevalezca sobre los intereses de las grandes corporaciones y de los especuladores financieros.

Frente a la afirmación teórica dominante de que el comercio internacional sin trabas aporta mejoras de bienestar a todas las partes, los hechos demuestran que el incremento de los intercambios comerciales en el mundo no ha ido acompañado de mayor bienestar para todos y que las desigualdades han aumentado en prácticamente todos los países. Las presuntas ventajas que se derivan de los acuerdos de libre comercio parten de modelos tramposos que presuponen el pleno empleo y la rápida adaptación de los mercados. La experiencia es muy otra.

Como señala, por ejemplo, un interesante trabajo de Kohler y Storm en relación con el CETA, los estudios favorables al tratado pronostican ganancias del PIB del 0,08% para la UE y del 0,76% para Canadá. ¡Impresionantes porcentajes de presunto incremento del bienestar! El primer problema es tomar el PIB como medida del bienestar. Es obvio que tal simplificación es totalmente engañosa. El PIB mide tan solo las actividades realizadas en dinero en una economía. Pero no valora en qué se gasta (recuérdese el incremento del PIB que supuso incluir la prostitución y el narcotráfico en el cómputo del PIB), ni sus costes (medioambientales y sociales), ni actividades no pagadas en dinero (cuidados, voluntariado…), ni la distribución de la renta, la riqueza y, menos todavía, el bienestar. Si queremos hablar de los beneficios y los costes de un acuerdo, es necesario tomar en cuenta esos factores y marginar el crecimiento del PIB como criterio.

El segundo problema es que esas previsiones oficiales parten de un modelo que asume tanto el pleno empleo automático como que no hay impacto negativo en la distribución de la renta. El trabajo citado ofrece otras proyecciones utilizando el United Nations Global Policy Model, que sí incorpora posibles cambios en el empleo y distributivos. El resultado es que el CETA causaría desempleo, inequidad, pérdidas de bienestar y una reducción del comercio dentro de la UE. Al menos en los primeros siete años después de que el acuerdo se pusiera en marcha, el desempleo aumentaría, los salarios caerían y descenderían las tasas de crecimiento y los ingresos públicos.

Pero, además, es que los tratados que nos presentan como de libre comercio, responden más a la segunda parte de la definición de la RAE que a otra cosa: poco de libre comercio y mucho de desregulación, poco de intereses generales y mucho de amoldar las regulaciones a los intereses de las grandes compañías transnacionales.

Otro tanto se puede decir de la liberalización absoluta de los movimientos financieros. Nos exigiría otro artículo, por lo menos, hablar de sus consecuencias y del depredador efecto, social y productivo, de la financiarización de la economía. Pero basta uno solo: el capital financiero está prácticamente exento de pagar impuestos en nuestros países ante la amenaza de su fuga a otros lugares más benignos en el trato. Es decir, la libre circulación del capital conlleva la pérdida de recursos públicos, el deterioro de las prestaciones sociales y la injusticia en el reparto de las cargas públicas. Razones más que sobradas para que se arbitren límites adecuados.

Oponerse a tratados como el CETA o el TTIP (salvo para la derecha populista) no significa volver al proteccionismo, no es oponerse al progreso, no es demagogia. Es apostar por una globalización diferente y controlada democráticamente. No es admisible, por cierto, que el proceso de negociación del TTIP, que lidera la Comisión Europea, haya estado rodeado del secreto y haya dejado al margen del debate al Parlamento de la Unión. Tras negociaciones secretas durante cinco años, solo la filtración de documentos obligó a la Comisión Europea a abrir las ventanas.

La falta de transparencia y las deficiencias de información son un primer síntoma de que algo anda mal. El oscurantismo parece mostrar la conciencia de los negociadores de que la opinión pública no sería favorable, y consigue sentar la presunción en contra de los tratados: si tan buenos fueran sus efectos, la transparencia sería absoluta. ¡Cuántas medidas positivas y cuántos programas sociales se anuncian a bombo y platillo aunque luego quedan en nada! ¿Recuerdan aquellas disposiciones que iban a regular  las agencias de calificación? ¿O los múltiples programas para la reactivación y el empleo juvenil? La discreción no se aplicó en tales casos. Pero los hechos posteriores demostraron que se trataba más de propaganda, esta sí demagógica, que de políticas efectivas.

Esa segunda parte mencionada de la definición de la RAE recogía uno de los mayores problemas que definen las economías modernas: son los “mercados” (es decir, unas pocas empresas, fundamentalmente financieras, unas pocas personas) los que toman crecientemente las decisiones, por encima de los gobiernos democráticamente elegidos. Por eso los límites están más que justificados. Y por eso es preciso debatir también sobre la globalización política, para llevar la democracia de forma creciente y efectiva a las instancias supranacionales.

Necesitamos más Europa y más democracia en Europa, para que exista un contrapoder efectivo a los conglomerados financieros. Necesitamos reconvertir instituciones como el Banco Mundial o el FMI para que, con un funcionamiento realmente democrático, puedan poner freno a tantos desmanes. Necesitamos igualar las zonas del planeta en garantías y derechos, tal como pretenden los tratados de libre comercio. Pero hacia arriba (hacia la protección de los débiles y del ejercicio efectivo de derechos), no hacia abajo (hacia el desprecio de los tratados internacionales respecto a la defensa de los trabajadores y los consumidores).

El proceso de reforzamiento democrático exige prestar atención también a otras formas de globalización igualmente importantes. Los procesos democráticos son tanto más eficientes cuanto mayor es el nivel cultural y educativo de la ciudadanía, cuanto más capaz es esta de analizar la realidad con espíritu crítico, cuanto más amplia y veraz es la información que recibe. La globalización cultural está produciendo un monopolio creciente de los medios de comunicación y de difusión cultural en manos del “pensamiento ortodoxo”. También aquí, un cierto proteccionismo de culturas minoritarias puede tener sentido.

Otra globalización, equilibrada, sensata, es posible y necesaria.

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