Desbordar el debate sobre las pensiones

Por Juan Luis del Pozo. Publicado en Zona Crítica (eldiario.es) el 09/08/2014
Es necesario llevar a cabo una discusión sobre el concepto de trabajo, qué trabajos son verdaderamente productivos socialmente y cuáles no lo son Asombra que el envejecimiento de la población no conlleve una reflexión seria sobre las condiciones en las cuales se desarrolla la reproducción y la crianza en nuestra sociedad

Comencemos por situar los términos de dicho debate, siquiera a grandes rasgos. El sistema de pensiones en nuestro país es un sistema de reparto, en el cual las prestaciones que cobran los pensionistas son satisfechas con cargo a las cotizaciones de las personas que se encuentran en activo. Partiendo de esta base, lo que determinaría la sostenibilidad del sistema de pensiones sería la relación (o proporción) entre las personas cotizantes y las beneficiarias de las prestaciones.

El argumento principal que sirve de base para sostener la necesidad de las reformas acometidas en las dos últimas legislaturas es el deterioro de ese ratio al que hacíamos referencia. Es decir, el envejecimiento de la población está provocando que el número de cotizantes se reduzca mientras aumenta el número de personas beneficiarias.

En relación con este argumento y con el aumento de la esperanza de vida, también escucharemos frecuentemente afirmar que el gasto por pensiones representa cada vez un porcentaje más elevado sobre el PIB, es decir, teniendo en cuenta la riqueza que es capaz de generar el país el porcentaje de esa riqueza que se destina a cubrir el gasto por pensiones es cada vez mayor.

Por su parte, quienes se oponen a los recortes en las pensiones han expuesto una serie de razones que pretenden rebatir la idea de que el sistema público de pensiones es insostenible. Así, por citar solamente algunos ejemplos, se sostiene que para alcanzar el equilibrio financiero del sistema no solamente influye el factor del envejecimiento de la población, sino variables como el desempleo, la productividad, el nivel salarial, la extensión de la economía sumergida, y otras. Variables sobre las cuales se puede incidir con las políticas adecuadas.

Asimismo, se plantea que las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente con cargo a las cotizaciones sociales. Actualmente las prestaciones no contributivas y universales (sanidad, servicios sociales, etc.) se financian a cargo de la imposición general (presupuestos generales del estado), y las pensiones contributivas a cargo del sistema de cotizaciones sociales.

Sin lugar a dudas, nos encontramos en una situación ciertamente complicada, eso no se puede negar. Más allá del hincapié que se hace en los argumentos expuestos arriba, el alargamiento de la crisis económica y los elevados niveles de desempleo constituyen hoy en día una seria amenaza al sostenimiento del sistema de pensiones. Sin embargo, lo que desde la perspectiva de la ciudadanía llama la atención es que este debate, con sus diferentes posiciones, está ausente de las comisiones de expertos formadas por el gobierno y los gabinetes de estudio de las entidades financieras, las cuales coinciden en afirmar la necesidad de reducir las prestaciones, alargar la edad de jubilación, y recomiendan la apertura de planes privados que complementen las prestaciones públicas. Sin embargo, ¿nos hemos parado a pensar en las implicaciones que esto conlleva?

Y es que la realidad es tozuda. Deberíamos tener en cuenta que muchas personas tienen una capacidad de ahorro bastante limitada, destinando una parte significativa de sus ingresos (si es que los tienen) a cubrir necesidades básicas y a pagar las cuotas de su hipoteca. Recordemos, por si a alguien se le olvida, que hablamos de un bien de primera necesidad como es la vivienda. Por otra parte, hablamos de préstamos hipotecarios que han llegado a concederse a treintaicinco y cuarenta años.

Recordemos asimismo los efectos de las sucesivas reformas laborales que han llevado a cabo los últimos gobiernos. Uno de ellos es el aumento del desempleo, fruto del abaratamiento del despido. Pero supongamos por un momento que la destrucción del empleo es temporal, que estamos en un período de ajuste y que a medio plazo estos cambios legislativos logran que se creen puestos de trabajo. Muchos serán puestos de trabajo en condiciones precarias y mal remunerados. Ni aun en los años de bonanza económica el crecimiento de los salarios fue significativo.

Descartada la vía de los salarios, habría que añadir que, en el marco del proceso de financiarización de la economía española, el efecto riqueza producido por la conversión de la vivienda en un activo patrimonial que permitía el acceso al crédito es realmente difícil que vuelva a producirse dados los altos niveles de endeudamiento de las familias.

Tenemos, por tanto, una escasa capacidad de ahorro, personas que interrumpen su vida laboral activa por el desempleo (o por otras circunstancias), y remuneraciones más bajas. Las personas de más edad, más cerca de finalizar su vida activa y alcanzar la jubilación, tienen ante sí la amenaza del despido por parte de unas empresas para las cuales nunca fue tan fácil reducir sus costes salariales a base de despedir al personal con más derechos consolidados y contratar a personal con unas condiciones laborales más precarias. También encontrarán mayores dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo en caso de perder el empleo. Por su parte, los jóvenes son y serán quienes sufran de manera más directa, por su parte, esa precariedad en sus condiciones laborales a la que hacíamos referencia.

¿Qué ocurrirá el día en que no podamos realizar un trabajo? Por otro lado, ¿sabemos o somos capaces de intuir siquiera lo que es sufrir una situación de dependencia y los costes que esto implica para poder mantener una existencia digna? Porque de dependencia, mejor no hablar. Y pregunten ustedes por curiosidad cuánto supone costearse un asistente personal o la estancia en un centro especializado.

Juan Torres López y Vicenç Navarro, como miembros del Consejo Científico de ATTAC, afirmaban en 2010 que “la reforma de las pensiones está vinculada a criterios sobre la distribución de la renta, es decir, a la política”. Lo cierto es que el Estado ha realizado un gran esfuerzo para solventar el problema de sobreendeudamiento del sistema financiero, sobreendeudamiento que, en una parte importante, se ha trasladado a unas administraciones ya de por si castigadas por la reducción de ingresos fiscales que ha provocado el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Si ya de por sí produce asombro comprobar hasta qué punto se ignoran las consecuencias dramáticas que puede tener la reducción de las pensiones públicas, no menos pasmo provoca el hecho de que el envejecimiento de la población no conlleve una reflexión seria sobre las condiciones en las cuales se desarrolla la reproducción y la crianza en nuestra sociedad. Sencillamente, no es posible aislar el envejecimiento de la población y el menor número de nacimientos de las condiciones socio-económicas. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo no ha venido acompañada de un debate riguroso sobre los cuidados y el reparto de las tareas que permiten el sostenimiento de la vida. Un problema que no se ha desarrollado en toda su dimensión gracias a la incorporación de la población migrante, fundamentalmente femenina.

No solo es necesario un sistema de pensiones que garantice unas prestaciones dignas, sino también llevar a cabo una discusión sobre el concepto de trabajo, qué trabajos son verdaderamente productivos socialmente y cuáles no lo son, los ritmos y la conciliación de la vida laboral con la vida personal y pública. En definitiva, una reflexión sobre el modelo de sociedad que queremos.

No deja de ser paradójico comprobar hasta qué punto las personas a quienes se ha encomendado la gestión de los asuntos públicos perjudican día a día con sus actos y decisiones a las mayorías sociales a las que dicen representar. Más aun, el mensaje que se transmite es que no es viable buscar soluciones colectivas a los problemas, desde la solidaridad. ¿Qué hacen entonces en las instituciones? Peor si cabe, no obstante, es que, bombardeados por los medios,  hayamos interiorizado ese discurso falso y tramposo.

Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autor.

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