22 marzo, 2020
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¿Conversión milagrosa de las grandes empresas a un capitalismo guay?

Por José Ángel Moreno Izquierdo (Miembro de Economistas sin Fronteras y de la Plataforma por la Democracia Económica)

Artículo publicado en ÁgoraRSC, 22 de marzo, 2020

Este artículo ha sido redactado a comienzos de marzo, antes de la extensión en España de la pandemia del coronavirus. La gravedad de la situación y la urgencia de alinear a todos los colectivos sociales en su afrontamiento ratifican -en opinión de quien esto escribe- la convicción acerca de la insuficiencia de los planteamientos voluntaristas de responsabilidad social de las grandes empresas -aunque puedan ser útiles cuando son sinceros- y de la exigencia paralela de una regulación pública más severa para exigirla.

Como se ha destacado abundantemente, se han venido produciendo desde el pasado verano diversas manifestaciones  de importantes plataformas y líderes empresariales que parecen reflejar un punto de inflexión en torno a la misión de la empresa: una arrobada toma de conciencia de la necesidad de cambiar de criterios y comportamientos, para apostar -ahora ya de forma realmente decidida y auténtica- por una mayor responsabilidad social y por la ilusionante conversión a lo que denominan un “capitalismo de stakeholders. Es decir una concepción de la empresa que se oriente no sólo hacia la maximización del beneficio de los accionistas, sino hacia la óptima creación de valor para todas sus partes interesadas, así como a minimizar los impactos negativos en el medio ambiente y la sociedad.  Es ése el sustrato común de la declaración de 181 presidentes o consejeros delegados de grandes empresas miembros del Business Rountable (“Statement on the Purpose of a Corporation) y del Manifiesto del Foro Económico Mundial de Davos , complementados por artículos en el mismo sentido del Presidente del Foro (Klaus Schwab) y por una nueva carta anual (A fundamental reshaping of finance) del CEO de BlackRock (una de las mayores gestoras de fondos de inversión del mundo) a los máximos ejecutivos de las empresas en que invierte, aconsejando  determinantemente replanteamientos estratégicos en la dirección señalada.

Desde luego, no se trata de nada nuevo: todo forma parte de la filosofía de la responsabilidad social empresarial (RSE) en su versión más convencional, y además con una considerable carga de inconcreción y ambigüedad.

Pero numerosos informadores y analistas han creído apreciar en esta concatenación de declaraciones y en su rotundidad la generalización de un convencimiento mayor en torno a la necesidad -y no sólo la conveniencia- de esta orientación, que estaría marcando el camino de un nuevo modelo de empresa y de capitalismo, más consciente de los peligros a que aboca el modelo dominante y de las oportunidades que podría propiciar para todos (y para las propias empresas) el nuevo modelo. Algo que muchos observadores -incluso alguno habitualmente crítico con las malas prácticas empresariales-  han valorado como “un cambio fundamental”, en cuanto que estaría anunciando una firme incorporación dela RSE en el propósito y en la misión de las empresas.

Ciertamente, no se debe desechar sin más la importancia de estas manifestaciones -tanto por lo que dicen como por quiénes lo dicen, como ha escrito Enrique Dans– ni los posibles aspectos positivos de este aparente cambio de rumbo. Pero no es posible contemplarlas sin escepticismo: es difícil no pensar que se limitarán a ser una más de las innumerables maniobras de reputación-marketing-lavado de imagen a las que tan acostumbrados nos tienen las grandes empresas y sus plataformas promocionales (son muy recomendables al respecto los artículos que han dedicado al tema Helena Ancos  y Antonio Vives  –éste, éste y éste).

Convendría, en este sentido, no olvidar que todos los documentos mencionados parten de una premisa compartida, que es la que subyace a la concepción dominante de la RSE: una incuestionable voluntariedad de las empresas para poner en práctica la reorientación que pretendidamente propugnan, descartando toda intervención pública que obligue a ello. Una voluntariedad, por otra parte, absolutamente unilateral: se trata de atender mejor los intereses de todas las partes interesadas y de retribuir más justamente su contribución al valor generado a través, todo lo más, del diálogo con ellas, pero reservándose siempre la empresa la decisión de lo que debe hacerse. Un propósito que -por mucho que se lo revista de responsabilidad social- recuerda no poco al más puro despotismo ilustrado: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, desde la perspectiva de que la empresa sabrá interpretar lo que la sociedad necesita y quiere y sabrá satisfacerlo de forma equilibrada y justa. Y naturalmente, quien dice la empresa dice quien manda en ella: los grandes accionistas , en alianza con los máximos ejecutivos. Todo, además, en el marco de una hipótesis que no deja de ser discutible: la presunta convicción de que la búsqueda del óptimo valor equilibrado para todas las partes interesadas acabará optimizando a la larga el valor generado para los accionistas, en un permanente e idílico ejercicio de “win-win” en el que todos ganan, porque la renuncia de los accionistas al máximo beneficio a corto plazo permanente para ofrecer mejores retribuciones a las restantes partes interesadas -una inversión- permitiría la optimización de la evolución del beneficio a la larga.

El problema, claro, es que este discurso tiene muchas sombras (a las que ya me he referido en alguna ocasión).

Ante todo, porque la presunción de que todos -y también la propia empresa- pueden ganar con una actuación corporativa siempre socialmente responsable es una hipótesis sobre la que dista de existir evidencia empírica sólida. Hay casos en que, sin duda, sí se cumple, pero hay muchos otros en que no está nada claro. Y en estos últimos, lo que la evidencia muestra es que, si la empresa dispone de suficiente margen de maniobra (de suficiente poder de mercado) y si no hay capacidad reguladora que se lo impida, deja inapelablemente de lado todo prurito de responsabilidad con sus partes interesadas para buscar su beneficio. Por eso la irresponsabilidad suele ir de la mano con la dimensión, porque la gran empresa dispone frecuentemente del poder necesario para no atender responsablemente a los colectivos con los que se relaciona. En definitiva, el “win-win” puede funcionar cuando resulta evidente para la empresa, pero en caso contrario, persigue sólo ganar ella, caiga quien caiga.

 

En segundo lugar, no caben menos dudas de que pueda generalizarse entre accionistas y directivos esa inteligencia a largo plazo en que se basa la hipótesis: supone en la práctica una recompensa demasiado lejana y etérea frente a las incontenibles urgencias del presente. En el implacable mundo de la empresa, el largo plazo es demasiado largo. Es muy difícil para la empresa -y especialmente para la cotizada- disponer de la paciencia necesaria para esperar con templanza los benéficos efectos que a la larga pudiera rendir la RSE, dejando de lado los beneficios extraordinarios que pueden conseguirse en el corto plazo merced a la utilización de criterios menos exigentes.  No es de extrañar, así, que la voluntad de RSE se limite habitualmente a aspectos poco relevantes que no puedan poner en cuestión los resultados del ejercicio, por mucho que pudieran fortalecer a largo plazo su reputación y su solidez económica.

 

En tercer lugar, es que, aunque las empresas quisieran actuar siempre con criterios de responsabilidad y de inteligencia largoplacista, el ecosistema en el que viven lo hace a menudo muy difícil. Porque, frente a lo que la hipótesis presume, el mercado no siempre premia rápida y significativamente los comportamientos responsables.  Es más, hay segmentos relevantes del mercado que sistemáticamente hacen lo contrario: muy especialmente, determinados agentes de los mercados financieros, como muchos inversores institucionales, en muchos casos inevitablemente cortoplacistas y cada día con mayor capacidad para condicionar decisivamente las decisiones empresariales (sobre todo, en el caso de las grandes empresas cotizadas). Agentes, por eso, que incentivan decisiones empresariales también cortoplacistas y que, en consecuencia, penalizan las decisiones basadas en criterios de largo plazo, de sostenibilidad y de responsabilidad social.

 

Son las debilidades básicas de la concepción empresarial de la RSE, al margen de las que derivan de su muy frecuente utilización torticera sólo con criterios cosméticos-publicitarios. Debilidades que siguen afectando de lleno a las mencionadas declaraciones recientes sobre el “capitalismo de stakeholders”, que no dejan de ser -como ha escrito Manuel Garí– una simple “retahíla de consejos morales y de buenas prácticas empresariales sin reflexión sobre las causas de los problemas”.  Por una parte, porque resulta difícil confiar en la sinceridad de esos buenos propósitos, a la vista de la realidad de muchas de las empresas que dicen apoyarlos. Ni siquiera Larry Fink aplica con una mínima radicalidad sus recomendaciones en la política inversora de BlackRock. Pero, por otra, porque, aunque creyéramos en su sinceridad, ¿quién nos asegura que van a llevarla a la práctica cuando surja alguno de los inconvenientes que apuntaba antes?

Sólo una mayor exigencia reguladora y un mayor rigor supervisor -no sólo sobre las empresas, también sobre los mercados financieros que incentivan el cortoplacismo- puede garantizar que las empresas -y sobre todo las muy grandes- se comporten  de una forma socialmente responsable, les resulte rentable o no a corto plazo.

Y sólo se podrá tener cierta seguridad de que atenderán más adecuada y justamente los intereses de las diferentes partes interesadas, y les darán voz y capacidad de influencia, si la ley obligara a las empresas a incluir a dichos partícipes en los procesos de toma de decisiones y en los órganos de gobierno.

Por eso, frente a los discursos bien intencionados o simplemente reputacionales-legitimadores, quienes aspiren de verdad a que las empresas sean más positivas para todos los actores que contribuyen a su actividad, así como para la sociedad y para el medio ambiente, deben exigir también -sin descartar e incentivar la buena voluntad- leyes más exigentes. Y entre ellas, las que abran el camino a una participación más efectiva de los partícipes básicos en sus sistemas de gobierno: es decir, reformas legales que posibiliten el progreso hacia una democratización efectiva de las empresas, y fundamentalmente de las grandes, que son las que producen mayores externalidades negativas y mayores impactos nocivos en la sociedad y en el medio ambiente. Aunque sean ideas que exasperan a las élites económicas, no dejan de ser posibilistas y desde luego posibles. En muchos países europeos hay medidas que obligan a una -modesta- participación laboral en el gobierno de las empresas y no se han hundido sus economías: todo lo contrario, son las más sólidas y menos desiguales (como lo recuerda M. Pikkety en Capital e ideología, que considera que avanzar en esa dirección es uno de los requisitos esenciales para el progreso social y para  superar el impasse de la socialdemocracia actual). Es, también, lo que viene defendiendo para Estados Unidos -y muy consistentemente-  una persona tan moderada, pero tan lúcida, como  Elizabeth Warren.

Desde luego, una nutridísima serie de analistas y teóricos, directivos, medios de comunicación y grupos de presión han venido alertando desde hace mucho -con abrumador respaldo académico e institucional y enorme apoyo de los grandes intereses económicos- acerca de la insensatez jurídica, económica y empresarial de propuestas de este tenor. Pero no está de más añadir que cada día es mayor la evidencia de los desastres a que está conduciendo en la práctica el modelo empresarial dominante, así como mayores son también el cuestionamiento de la prioridad de los accionistas en la empresa y la solidez de los argumentos de quienes defienden la legitimidad jurídica y económica de la participación en el sistema de gobierno corporativo de los agentes que contribuyen a la generación de valor empresarial de forma más significativa (doy detalles de esto aquí).

En conclusión, frente a las proclamas del Business Roundtable, del Foro de Davos y similares, quizás sea hora ya de discutir abiertamente la falsa idea de que los accionistas son los dueños exclusivos de las empresas (o, cuando menos, el colectivo más importante en su actividad) y de que, por tanto, éstas deben estar gobernadas únicamente por ellos y perseguir ante todo sus intereses. ¿Lo aceptarán voluntariamente los grandes acionistas?

 

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