29 diciembre, 2023
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Del Ingreso Mínimo Vital a la Renta Básica

Por Juan A. Gimeno 

Artículo publicado en elsaltodiario.com, 8 de diciembre 2023

Parece existir un cierto consenso en que tenemos que buscar soluciones sobre aspectos manifiestamente mejorables del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Hay que avanzar hacia un ingreso mínimo vital automático. Es una buena noticia. Ganaríamos en menores retrasos y en llegar a más beneficiarios. Pero mientras se mantengan condiciones, los obstáculos burocráticos seguirán existiendo. Como señalé en un artículo reciente, hay que atreverse a que sea además incondicionado y universal.

Sin embargo, existe más consenso social de que se cree. En mayo de 2020, la Red de Renta Básica (2020) encargó una encuesta en España sobre el tema. Un 56 % se muestra a favor de un ingreso incondicional y universal como derecho de ciudadanía, frente a un 30% más bien en desacuerdo.

Muy interesante es la aproximación de RINCÓN en la que analiza los apoyos recibidos en función de distintas alternativas. La universalidad reduce el apoyo a la renta básica, pero no así la incondicionalidad. Se prefieren ayudas destinadas a personas que lo necesitan, frente a un ingreso universal, pero no son más populares las ayudas que llevan alguna forma de condicionalidad frente a las incondicionales.

El respaldo disminuye significativamente cuando se financia mediante la reducción de los gastos sociales, pero aumenta si se hace vía un impuesto sobre los umbrales más altos de renta. En todo caso, parece existir un consenso elevado en favor de un sistema que garantice ingresos mínimos a la población que lo necesite.

La universalidad es la más importante de las barreras para aceptar la renta básica. Por dos tipos de razones:

– Financieras: intuitivamente parece que dar una renta mínima a toda la ciudadanía resultaría financieramente insoportable y conllevaría necesariamente o una pérdida en otras prestaciones sociales o un incremento de la presión tributaria.

– Conceptuales: la lógica dominante es que las ayudas deben destinarse a aquellas personas que lo necesitan, pero nunca a personas en buena situación económica. Una renta universal parece chocar con esa regla y, por ello, genera resistencia en la opinión pública. Incluso cuando se explica que quienes no la necesitan la devolverán vía impuestos, la primera reacción es señalar el punto absurdo de dar para luego quitar.

El IMVA que reconociera a toda persona residente una renta básica (de cuantía similar al actual IMV) podría financiarse fácilmente. La absorción de las prestaciones asistenciales y otros beneficios fiscales semejantes posibilitaría un IMVA para el 30% más pobre de la población.

Para cubrir el 70% restante bastaría el juego paralelo de un Impuesto Negativo sobre la Renta (INR) que recuperara progresivamente esa renta básica de quienes no la necesitan. El resultado neto permitiría, sin incremento de necesidades financieras, que el IMVA llegara a quienes lo necesitan y que el beneficio sea decreciente de forma automática según se elevan los ingresos: los niveles de renta media alta resultarán con un saldo neto en torno a cero y los contribuyentes con mayores recursos tendrían que pagar algo más de impuesto que lo que han recibido vía IMVA.

¿Por qué no es absurdo un sistema que primero da y luego quita? En primer lugar, porque es más sencillo que restringir el pago a quienes lo necesitan. La transferencia universal no exige trámites burocráticos. La recuperación vía INR utiliza el canal ya existente de las retenciones del IRPF.

En segundo lugar, porque el resultado es más justo. La prestación llega a todas las personas que lo necesitan sin retrasos ni trabas. La fórmula progresiva permite evitar el error de salto de tantas políticas públicas que excluyen del beneficio por ganar algo más que el límite superior fijado para el derecho.

La ayuda se gradúa automáticamente según cambian las circunstancias. La pandemia fue la mejor muestra de cómo la situación personal puede variar inesperadamente. Con el IMVA, las personas repentinamente en necesidad estarían recibiendo la ayuda sin trámite ni retraso alguno.

El hecho de que la prestación se proporcionaría sin ninguna contrapartida es otro de los aspectos más controvertidos, aunque en los estudios más recientes no parece especialmente decisivo. Recordemos que:

–  La mayoría de las prestaciones sociales (educación o sanidad, por ejemplo) son también derecho sin condicionados.

– Existe una contrapartida general que es el pago de impuestos. Nuestras contribuciones son la garantía de nuestros derechos.

– Las exigencias de formación o búsqueda de empleo por parte del beneficiario parecen responder a una imagen culpabilizadora, como si estar en situación de necesidad fuera responsabilidad de las personas afectadas.

– Ya existe una ayuda sin contrapartida en el IRPF como es su mínimo personal y familiar, con una idea de base idéntica pero que favorece más a los ricos que a los más necesitados.

La historia nos muestra que las medidas importantes de avance social han ido acompañadas siempre de enormes resistencias por los intereses de quienes detentan más riqueza y poder. Para acabar consolidándose como derechos irrenunciables.

Lo mismo está ocurriendo con la renta básica, de la que el IMVA sería una forma posible de implantación en España. Solo hace falta voluntad política y valentía. Un buen reto para el nuevo gobierno.

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