10 febrero, 2017
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El fracaso del mercado eléctrico. Y van…

Por Rodolfo Rieznik

Artículo publicado en eldiario.es, 03/02/2017

 

 

 

 

El precio de la electricidad en las subastas del mal llamado mercado mayorista llegó a superar 0,10 euros el kilovatio hora (kWh) mediado el mes de enero. Aunque ese precio no es la tarifa final de la energía eléctrica (están también los peajes), sí marca la tendencia. En un mes, el mercado mayorista registró subidas del 80%. A preguntas de los periodistas y ante la alarma social creada en plena ola de frío siberiano, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, declaró alegremente que era difícil una bajada inmediata y que el encarecimiento de la luz vendría explicado por el precio del gas usado para producirla. La generación de electricidad a partir de las plantas de ciclo combinado alimentadas por gas es la más eficiente, porque aprovechan el calor de la combustión de una turbina para alimentar a otra sin quemar más gas.

Nadal propuso una solución: mejorar los mecanismos de oferta de este combustible para crear competitividad a través de un dinamizador del mercado y así bajar la factura. Los ciudadanos afectados (en España un 10% de las familias padecen la pobreza energética) no entendían de qué hablaba el ministro. No esperaban respuestas técnico-económicas a la problemática de la fijación de los precios de la energía. Exigían soluciones para el abastecimiento y el acceso irrestricto a un bien básico para la vida digna y el confort vital y elemental de las familias, como es la electricidad.

Mercado inexistente y oligopolio de oferta

El precio del mercado mayorista sólo recupera el coste variable, del total de costes, en el que incurren las empresas para generar la electricidad y supone entre el 35% y el 45% del promedio que pagan los consumidores. Es un coste de producción no controlado por las empresas eléctricas e influenciado básicamente por el precio del combustible que los generadores utilizan para la producción de electricidad. Ese precio sale de las subastas de electricidad que diariamente realizan las tres empresas del oligopolio del mal llamado mercado eléctrico español de generación y distribución eléctrica existente en nuestro país.

La clave de esta última crisis de precios está en el reiterado y prolongado fracaso de funcionamiento del mercado eléctrico, que se confirma como una ficción incorregible. La alternativa del dinamizador de mercado ya la intentó inútilmente el Gobierno a finales de 2013, en pleno invierno, cuando también los precios subieron descontroladamente. Aquello sólo aportó arbitraje especulativo a los precios y no agregó transparencia. El dinamizador no posee activos físicos, opera para obtener un beneficio propio en la compraventa y no abarata los precios.

En cualquier caso, nuestro país no dispone de ninguna de las materias primas utilizadas para la producción de electricidad: gas, petróleo, combustible nuclear, etc., se importan y lo transportan, almacenan y refinan oligopolios energéticos internacionales o nacionales. Los eventuales comercializadores finales no controlan la cadena de valor de los mismos, o lo que es lo mismo, su precio. No suponen competencia como para frenar la fijación unilateral del precio por las empresas dominantes del sector. Por ejemplo, el petróleo, materia prima a la que está ligado el precio del gas, cayó entre 2013 y 2016 un 60% y nada impidió que el gas sólo lo hiciera un 5%.

De fracaso en fracaso

Los precios de la electricidad se liberalizaron en 1997, hace 20 años, cuando se desreguló y se acabó con el Marco Legal y Estable vigente en el sector. Coincidiendo con la liberalización, se privatizó Endesa por completo. Desde entonces, los precios para los consumidores se multiplicaron por dos, un 100%. Según Eurostat, en los 10 años transcurridos entre 2005 y 2015 los precios de la electricidad crecieron a una media anual acumulativa del 7,2%. Las dos décadas de experiencia liberalizadora retratan sin contemplaciones el fracaso del mercado mayorista de la electricidad, mientras que el mercado minorista no existe. La inmensa mayoría de los contratos de electricidad corresponde a clientes minoristas que no pueden ejercer “el poder de mercado” dejando de demandar un bien básico para que baje el precio. Son sufridores de las imposiciones del oligopolio de oferta.

Con el nuevo modelo, se apartó al Estado en la regulación del precio del kWh y se dejó que lo establecieran los agentes del sector eléctrico en el mercado mayorista. La eficiencia del libre mercado reduciría los precios y racionalizaría las inversiones. Sucedió exactamente lo contrario. Ni cayó el precio, ni se optimizó el parque de generación eléctrica, el mix de la producción, como se dice en el sector. Se simultaneó un incentivo a la inversión en renovables con tarifas garantizadas sextuplicadas, después anuladas y con inversión y disponibilidad asegurada para los activos de generación térmica tradicional, gas fundamentalmente, que produjeron un exceso de capacidad de producción eléctrica en relación a la demanda.

Además, entre 1997 y 2014, las subidas del precio final de la luz se ocultaron en el déficit de tarifa nacido de las diferencias reconocidas a las empresas entre el mercado libre creado y el precio regulado. Acumuló un saldo de 30.000 millones de euros. Cuando se cambió la norma a finales de 2013 las empresas ya habían cobrado el déficit. Su conversión en deuda avalada por el Estado se incorporó como un peaje más del recibo de la luz a pagar en quince años por los ciudadanos. Hasta 2027 no se cancelará.

Aun cuando en ese mercado mayorista ofertan independientemente la electricidad las centrales de generación disponibles en el territorio nacional, casi todas ellas son propiedad del oligopolio eléctrico; Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa, que suponen el 85% de la generación en España. Por el lado de la demanda, pasa otro tanto de lo mismo: los comercializadores, compradores de bloques horarios de energía eléctrica en el mercado, unos 100, no poseen infraestructura de distribución, líneas de bajo voltaje, y el margen de actuación para incidir en los precios finales de la distribución es insignificante al tener que satisfacer los comercializadores los costes del alquiler de la infraestructura a las empresas propietarias: otra vez, Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa. Cuando no existe un número suficiente de agentes ofertantes y demandantes el precio es concertado o de monopolio, y no de equilibrio; esto es, independiente de cada uno de los agentes presentes en el mercado. A ello se suma que las interconexiones con Francia y Marruecos permiten un intercambio limitado de energía. Y que las redes de alta tensión son propiedad de un monopolio, Red Eléctrica.

Las subastas de electricidad en España no son un mercado marginalista. Las empresas del oligopolio presentes abusivamente en la generación y distribución de la energía eléctrica imponen el precio marginal, el que casa a la última unidad de generación con la demanda de las comercializadoras en las subastas diarias del mercado mayorista. El mercado mayorista, además, remunera a todas las unidades ofertantes al precio marginal y las centrales hidroeléctricas, que generan trasvasando agua con un coste variable de producción casi nulo, logran un beneficio extraordinario. Adicionalmente el sector aprovecha las circunstancias del invierno para argumentar la escasez de viento y administrar el orden de las ofertas de generación para que en el margen, esto es, la última unidad en entrar en la subasta, sea la que marque el precio más alto al generar con combustibles más caros como el gas. Esto es lo que ha llevado el precio del mercado a los topes del mes de enero.

En cualquier caso, los consumidores finales de la electricidad, en particular los clientes residenciales y los pequeños empresarios, necesitan del suministro energía eléctrica para una vida personal o productiva mínimamente digna y no actúan como agentes económicos. Excepto que concurran circunstancias excepcionales, ni las familias ni los pequeños consumidores pueden prescindir de la energía eléctrica. Se comportan inelásticamente, esto es, las variaciones en precio no afectan a la demanda de electricidad.  Las familias no son influyentes como para hacer variar el precio de la electricidad ni optimizan el consumo porque programen poner la lavadora por la noche. Los contadores inteligentes son un engaño más.  La electricidad es como la salud, un bien necesario, no como el aceite de oliva, que si está caro, se compra el de girasol.

El monopolio nunca pierde 

Lo del precio mayorista del mercado sólo es un instrumento de las empresas eléctricas para cubrir y amortiguar el riesgo del coste variable del combustible primario implícito en la producción del sector. Los otros costes, los fijos que son independientes a las cantidades generadas, los de inversión en equipamiento para la generación y la distribución, las empresas los tienen garantizados. Son los facturados en el término fijo del recibo de la luz. Las empresas lo cargan por un importe superior del precio de reposición de los activos para garantizar un dividendo para el accionista.

Es decir, que las empresas del oligopolio eléctrico nunca pueden perder dinero, no tienen ni asumen ningún riesgo de mercado. Las subastas mayoristas sirven para trasladar a la factura de los clientes en forma instantánea y diaria el riesgo empresarial que no controlan.  Si además logran manipular el pool con precios marginales elevados haciendo entrar las centrales más caras, tal como hemos explicado, obtienen beneficios extraordinarios para el resto.

El simulacro de mercado eléctrico nunca podrá beneficiar a los consumidores que son, en especial los ciudadanos más débiles, rehenes cautivos. Es un despropósito mayúsculo querer imponer libre concurrencia y mecanismos de precios para un bien común que no lo permite. La energía eléctrica es un bien universal, público e imprescindible y el acceso al mismo no puede estar sujeto a la capacidad de ingreso de los ciudadanos para abastecerse del mismo a un precio determinado. El Estado debe recuperar para ello la soberanía patrimonial en un sector que está produciendo mercancías para satisfacción de unos accionistas y no bienes comunes para las personas.

Entre 2011 y 2015, las cinco eléctricas más importantes, que controlan el 90% del mercado, tuvieron un beneficio neto de 20.000 millones, sin tener en cuenta dividendos extraordinarios como los que repartió Endesa en 2014 de 14.000 millones.

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