España sí es Grecia

Por Juan Luis del Pozo Publicado en El Salmón Contracorriente El debate antes y después de las elecciones griegas en la mayoría de los medios de comunicación corporativos se ha centrado en ofrecer argumentos a favor de la continuidad del programa de rescate griego en los mismos términos en que se ha desarrollado hasta ahora. Valga como muestra el editorial del diario El Mundo en su edición del pasado lunes, 9 de febrero de 2015. Es evidente que los grandes grupos mediáticos constituyen un arma muy potente a la hora de configurar la opinión pública. Sin embargo, hay una serie de circunstancias que desde la ciudadanía deberíamos tener en cuenta a la hora de cuestionar los argumentos ofrecidos y posicionarnos en el debate:

• Los estados de la UE recurren a los mercados e instituciones financieras internacionales con el fin de obtener parte de los fondos que les permiten desarrollar sus funciones y sus actividades corrientes y, para ello, emiten deuda, lo cual significa que obtienen de los mercados fondos que más tarde deberán devolver con un interés. La deuda se mantiene viva y se va refinanciando en la medida en que el deudor es capaz de ofrecer garantías de pago a los acreedores. Esa “confianza” en la devolución de los créditos, por otro lado, determina además el coste de la financiación, de manera que a mayor riesgo asumido por el prestamista mayor interés se le exige al deudor.

  Si llevamos esta lógica al problema actual de la deuda soberana de los países del sur de la UE, nos daremos cuenta de que la refinanciación de la deuda y la generación de la confianza necesaria dependen de que los estados adopten una serie de políticas que básicamente se traducen en el expolio del patrimonio público en forma de privatizaciones y el deterioro de unos servicios que cada vez cuentan con una menor dotación presupuestaria. Dicho de otra manera, debemos ser conscientes de que existe una tensión entre los intereses de los mercados y los intereses de la ciudadanía en la medida en que destinar recursos al servicio de la deuda supone detraerlos de otras partidas y que los estados desatiendan aquellas funciones que deberían desempeñar de acuerdo al consenso social mayoritariamente aceptado.

• La economía ha evolucionado y, ante el aumento de la competencia en sectores donde tradicionalmente se realizaban las plusvalías, los capitales han buscado nuevos nichos de beneficio. En la obtención de esos beneficios los estados desempeñan una función muy importante, no solamente emitiendo deuda, sino también desregulando sectores y transfiriendo la prestación de servicios que anteriormente asumía el sector público al sector privado, inhibiéndose de su prestación o también “externalizándola” a través de la contratación pública.

  Tenemos derecho a conocer cómo se ha generado el endeudamiento y a exigir un justo reparto de responsabilidades

  La deuda es la palanca que las finanzas utilizan para obligar a los gobiernos a promover marcos favorables a sus intereses. El ejercicio de este tipo de presiones supone un conflicto con la práctica democrática, como hemos visto con la imposición de gobiernos tecnócratas en Italia o en la propia Grecia.

• La crisis financiera que estalló como consecuencia de la quiebra de Lehman Brothers puso de manifiesto que el sistema financiero puede asumir riesgos pero no las consecuencias de una mala gestión de los mismos. La sociedad sin embargo debe hacerse cargo acríticamente, ya no solo de las pérdidas que sufre el sector privado, sino también de las decisiones que han tomado sus representantes atendiendo a criterios que poco tienen que ver con el interés general.

 

• La deuda es, finalmente, un problema a nivel global. El volumen de deuda pública y privada que existe en la economía hiperfinanciarizada de nuestros días es desmesurado e inasumible. En el caso de estados como España o Grecia en el cual el montante de la deuda se aproxima a la totalidad de la riqueza que estos países son capaces de producir en un año, en un caso, o prácticamente lo dobla, en el otro, cabría preguntarse si es razonable pensar que la situación puede revertirse en algún momento o por el contrario nos encontramos en una especie de huida hacia adelante.

  Debemos pensar además que el sistema incurre en contradicciones evidentes cuando fía el pago de la deuda a un crecimiento futuro (ilimitado) y por otra parte adopta como receta la austeridad. La realidad en el caso de Grecia es que las medidas que el país se ha visto obligado a adoptar como consecuencia de la firma del memorándum de rescate han limitado sus propias capacidades. Deberíamos preguntarnos por otra parte, y teniendo en cuenta que las políticas de austeridad ya han sido aplicadas en otros lugares (en América Central y del Sur se habla de “década perdida”), cuáles han sido los resultados obtenidos y a quién han beneficiado. ¿Han servido en algún caso para reducir los niveles de deuda, o por el contrario ha hecho a los países mucho más dependientes de la financiación exterior? En definitiva, resulta más que cuestionable la afirmación de que los intereses de la ciudadanía española deban coincidir con los de aquellos que hoy presionan al nuevo gobierno griego. Aquéllos cuyos intereses se apresuraba a defender el BCE, quién hace no mucho comunicaba que los bonos de deuda del país heleno ya no serán aceptados como garantía a la hora de inyectar liquidez en los bancos griegos. Antes bien, pienso que la postura griega, lejos de ser arrogante e irresponsable, como muchas veces es descrita, es una postura de sentido común que pretende dar salida a una situación absolutamente enquistada. Es necesario tomar conciencia de la necesidad de establecer alianzas a nivel europeo para defender los intereses de los pueblos frente a las finanzas. Como ciudadanía, teniendo en cuenta lo que el servicio de la deuda y los planes de austeridad están suponiendo en términos de pérdida de recursos comunes, desigualdad y empobrecimiento, tenemos derecho a conocer cómo se ha generado el endeudamiento y a exigir un justo reparto de responsabilidades, un proceso que debería hacerse efectivo a través de una auditoría de la deuda. Evidentemente, no veremos nuestros deseos reflejados en un editorial de El Mundo.