Las redadas policiales basadas en rasgos étnicos y raciales son usuales en los barrios con alta concentración de población migrante, lo cual constituye una
violación flagrante de los derechos humanos. Aunque el Gobierno niegue su existencia, ahora tenemos una oportunidad inmejorable de exigir al Ministerio de Interior que reconozca y condene estas prácticas, ya que
la propia ONU, a través del Comité para la Discriminación Racial, ha exigido “erradicar” estas actuaciones a las autoridades españolas.
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