A lo largo de los jueves 18 y 25 de junio y 2 de julio, INVERSIÓN organizó un ciclo de seminarios online para detectar las nuevas normas que guiarán el escenario de la inversión sostenible en los próximos años tanto a nivel nacional como internacional, mientras convivimos con la desescalada financiera del coronavirus.
Bajo el título Finanzas sostenibles después del Covid 19 plantearon tres sesiones informativas y participativas, a las que asistió nuestro colaborador Marcos Núñez Navarro, siendo esta la reseña de las tres sesiones.
SESIÓN 1: Finanzas sostenibles después del COVID-19
Ponentes:
Carlota García Mañas. Asesora técnica del Transition Pathway Initiative (TPI) de Reino Unido y responsable de engagement ESG en Royal London Asset Management (RLAM).
Irene Sánchez Aizpúrua. Directora de relaciones con inversores. European Investment Bank.
Inés García-Pintos. Senior advisor en sostenibilidad y finanzas sostenibles. Profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid. Board member de DIRSE y Forética.
Modera: María Gómez Silva. Periodista de Inversión
La crisis sanitaria ha favorecido la inversión de impacto. La reconstrucción post-Covid pasa por la consideración de criterios ASG dentro del proceso de desarrollo de políticas económicas. Existe un coste actual para ciertos países (por ejemplo, Polonia) a los que le resulta difícil apostar por estos criterios, ya que dependen en gran medida de las energías y modos de inversión tradicionales, por lo que cambiar estos modelos es complicado en una crisis tan impactante como la provocada por el coronavirus.
El pacto Verde europeo es una herramienta fundamental no sólo para el desarrollo económico y de inversión, sino para el cambio del modelo productivo a largo plazo. Dentro de la movilización de fondos (unos 250.000 millones) se busca la participación del sector privado como otro elemento dinamizador, no limitándolo sólo a la aportación pública.
Se debe definir también qué es un activo sostenible o una actividad de ese corte, puesto que hoy en día la estandarización de estos productos y servicios es fundamental para afrontar estas inversiones de una manera segura. El diálogo entre los actores sociales, las partes empresariales y las administraciones es otro elemento diferenciador que permita aplicar esta hoja de ruta en el futuro.
La emisión de bono verde es una forma de inversión que busca no tanto una emisión por volumen, como otros activos financieros, sino se trata más de alcanzar un impacto real con estos productos. Generar informes de impacto y reportar la actividad y sus resultados es esencial para fomentar este tipo de productos, para asentarlos en el mercado europeo como una alternativa real a los productos financieros tradicionales.
Las empresas cotizadas, en líneas generales, tienen un mayor conocimiento de esta clase de servicios, pero se orientan más a organizaciones de carácter financiero. Una parte muy positiva de las empresas es que van por delante de la legislación, en este caso en lo referente a la inversión de impacto, liderando rankings de sostenibilidad a nivel internacional.
Un marco legislativo sería muy importante no ya tanto para estas grandes empresas, si no más a nivel de pequeño inversor (particular o empresa) así como para limitar el “greenwashing” por parte de las grandes empresas, un fenómeno que si tiene lugar y que es importante frenar para no modificar el objetivo de esta clase de productos.
La regulación de estas actividades sostenibles (hasta 170 aprox.) va a permitir delimitar el objeto de cada actividad, su finalidad y el impacto que genera. Proporciona información a los inversores, aumenta la transparencia dentro de las actividades y se obtiene una base de comparación clara en la contratación y adquisición de esta clase de productos.
El tema ambiental de estos productos estaba a la cabeza de la agenda hasta el inicio de la pandemia del Covid-19. Todos los problemas ocasionados por la pandemia han puesto en relevancia cuestiones de carácter social que quizás habían perdido peso.
Los temas sociales ligados estrictamente a las personas, la salud, la atención o calidad de productos van a ganar relevancia, sin perder de vista la crisis medioambiental.
La regulación y legislación propuesta por la Unión Europea busca acabar con el proceso del “greenwashing”, exigiendo un reporte de impacto y que los marcos en los que se conceden los fondos y sus características estén acreditados por un observador externo independiente. La trazabilidad y la transparencia son dos factores diferenciales a la hora de calificar productos ISR.
Muchas empresas y gobiernos se han dado cuenta de las enormes oportunidades que abre la lucha contra el cambio climático, además de presentar una visión de largo plazo, ofrece ventajas de mercado que para algunas organizaciones pueden resultar únicas, incluso con capacidades de conversión dentro de sus propios productos (por ejemplo, en la producción de energía o en las empresas automovilísticas).
En lo que se refiere al modelo de exclusiones o de selección de fondos, todo lo que tenga relación con la integración de criterios financieros y extra financieros dentro de un mismo producto se van a imponer a quizás criterios de exclusión directa en base a sectores, industrias o empresas determinadas con criterios preestablecidos.
SESIÓN 2: El tesoro español y las gestoras de inversión ante la “nueva sostenibilidad”
Ponentes:
Emma Navarro. vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y miembro del Comité de Dirección del BEI. Fue secretaria general del Tesoro y Política Financiera en España, consejera del Banco de España y consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Pablo de Ramón-Laca. Director general del Tesoro y política financiera, Gobierno de España
Beatriz Rodríguez. Sales manager Fidelity – gestora de ventas
Lorenzo González. Institutional & advisory business sales director at Nordea AM.
Andrea González. Subdirectora de Spainsif.
Modera: María Gómez Silva. Periodista de Inversión
Pese a la situación sin precedentes, la lucha contra el cambio climático es un proceso que abarcará diversos ámbitos sociales, entre ellas la economía. La transición ecológica es una prioridad mundial y el marco estratégico de energía y clima es un punto clave en la realidad española.
Entre los objetivos de este marco, reducir a cero las emisiones de carbono, reducir los riesgos asociados al cambio climático y también, implementar una transición exitosa a las energías verdes gracias a las finanzas en las que también se producen grandes cambios. Las inversiones y finanzas sostenibles de carácter privado complementarán a los activos públicos, y son dos elementos que potenciarán las políticas europeas de reconversión y cambio energético.
En el mercado de finanzas sostenibles actual, nos encontramos con medidas que van encaminadas a corregir los errores de un mercado que mantiene una información imperfecta. Desde el tesoro público de España, se intenta adaptar esta normativa a la realidad del país, para que no existan diferencias muy relevantes entre los países comunitarios.
En España el volumen de bonos verdes sociales y sostenibles emitidos entre 2014 y 2019 se sitúa aproximadamente sobre los 31.000 millones de euros. El volumen de mercado ha ido creciendo año tras año y cada vez se unen más actores a estas emisiones.
Por la situación derivada del Covid-19, este mercado ha caído sobre el 20%, ya que muchas compañías cambiaron su foco para asegurar su liquidez en vez de la búsqueda de bonos sociales.
Los bonos verdes representan una herramienta estratégica para llevar a cabo la estrategia de transición energética, acercarlos a la sociedad y desarrollar nuevas industrias o reconvertirlas gracias a unos instrumentos financieros que se han potenciado desde la Unión Europea.
La inversión sostenible ha demostrado aguantar mucho mejor que la inversión tradicional los periodos de crisis, uno de los cuales atravesamos ahora (Covid-19). La ISR ha afrontado su primera gran crisis y es un mercado muy extenso, que gracias a su rentabilidad y las características de sus productos unido a la demanda de los inversores ha aumentado su importancia dentro de este primer trimestre de 2020.
La ISR no es más rentable que la tradicional de forma categórica, pero sí que la inclusión de criterios ASG puede resultar diferencial, especialmente en las situaciones de “crash” o crisis de mercado como la que se ha vivido en los últimos meses. Este tipo de inversiones ha ayudado a evitar la fuga del capital, ya que durante este tiempo se ha mantenido como un valor seguro, a diferencia de los productos tradicionales.
La crisis ha puesto de manifiesto que es complicado conseguir beneficios en sociedades y estados que no prosperan, y la parte ambiental quizás ha perdido importancia, ya que las prioridades han pasado a ser sanitarias. El punto medioambiental positivo pasa por poder favorecer una “recuperación verde” en la que aprovechemos las nuevas oportunidades de negocio que deja la sostenibilidad a partir de esta crisis.
Alcanzar unos estándares y una taxonomía común europea de esta clase de fondos es esencial para la difusión correcta regulación y promoción de los fondos ISR. Los índices de sostenibilidad también han facilitado el acercamiento de estos productos a los inversores. Como se comentó en la conferencia anterior, evitar el greenwashing es fundamental a la hora de regular esta clase de activos, para que tengan un reflejo real sobre la transición energética.
El objetivo final es que estos criterios se den en unos años con normalidad, en que sean los propios productos sostenibles y no sea necesario una hoja específica en la que existan fondos o productos a evitar, que todos tengan un carácter responsable y el impacto resulte positivo.
SESIÓN 3: El IBEX a examen: estrategias internacionales para cumplir con la nueva sostenibilidad
Ponentes:
Arancha Díaz-Lladó. Directora de propósito, diversidad y agenda 2030 de Telefónica.
Lara de Mesa. Directora de banca responsable del Grupo Santander.
Fernando Ruiz. Fernández. Director de sostenibilidad de Repsol.
Emma Navarro. Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y miembro del Comité de Dirección del BEI.
Modera: María Gómez Silva. Periodista de Inversión
El coronavirus supone un enorme reto para las plantillas, las producciones de las empresas y la normalidad de las organizaciones. En tres semanas hubo un enorme incremento de tráfico de datos, ya que gran parte de la plantilla realiza el teletrabajo dejando de lado las instalaciones de las empresas. La formación ha tenido un gran peso durante esta crisis, ya que ciertos departamentos han mantenido una menor carga de trabajo y les ha permitido enfocarse a esta clase de actividades.
La banca se ha considerado un servicio crítico y por lo tanto se ha tenido que mantener su actividad esencial. Potenciar el uso de canales digitales a distancia ha resultado definitivo a la hora de mantener la actividad diaria, que también se ha visto en parte reducida debido al confinamiento. Mitigar los impactos posteriores de la crisis ha sido otra de las labores encabezadas por los bancos (financiación a pequeñas empresas, aumento del contact-less, créditos y moratorias…).
Algo que ha puesto de relieve esta crisis es la brecha digital en campos determinados (Educación en especial) y parte de las empresas españolas se han centrado también en proveer y facilitar a los estudiantes su labor, que también se ha visto alterada por esta crisis.
En lo referente a las empresas energéticas, su principal objetivo fue mantener la actividad y los servicios de suministro energético, ya que el confinamiento requería un compromiso para proveer de este servicio básico a toda la ciudadanía. Cabe destacar también que distintas empresas han reconvertido parte de su actividad (compra de EPIS, producción de gel hidroalcohólico, apoyo a las autoridades…) para ayudar a las administraciones y sumar frente a esta crisis.
El cambio de las regulaciones de Bruselas es un avance rápido y que requiere también de un cierto adelanto por parte de las organizaciones (especialmente en el ámbito del reporte financiero) y hay valores en distintos países que varían (en referencia al reporte no financiero). Las empresas necesitan una norma estandarizada sobre esta clase de reportes y normas, para ir estableciendo un sistema fijo y comparable con el resto de las empresas en términos financieros y no financieros.
La emisión de bonos verdes, sostenibles y sociales es, como se habló en sesiones anteriores, uno de los mayores cambios dentro de las organizaciones financieras. Los inversores buscan un carácter verde en particular, pero el mercado debe adaptar una normativa en base a la cual los inversores puedan identificar estas inversiones. Para este fin, una adaptación del marco legislativo de esta clase de inversiones es esencial.
Hay que tener en cuenta que, a pesar del avance de las energías renovables, el combustible fósil va a seguir en uso durante bastante tiempo (La Agencia Internacional de la Energía calcula que un 50% del mix energético en 2040) pero es fundamental la emisión de este tipo de bonos para potenciar el desarrollo y entrada de las energías renovables como parte esencial de la estructura energética de los países. Para 2050, el objetivo es el desafío fundamental para las empresas energéticas y las punteras manifiestan sus objetivos a largo plazo y el camino a seguir para alcanzar esta reducción total de emisiones.
La ayuda de terceras empresas para el proceso de descarbonización y de reducción de la contaminación (emisión de bonos, créditos alternativos, ayudas al proceso de digitalización e inversión en nuevas tecnologías…) constituye una ayuda directa por parte de terceras organizaciones a las empresas energéticas.
Dentro de los procesos de la nueva sostenibilidad, se debe recalcar las políticas de derechos laborales y recursos humanos, que a veces se “pierden” dentro de las políticas verdes y relacionadas fundamentalmente con el cambio climático. Entre estas políticas, destacan las de inclusión para la discapacidad, accesibilidad, inclusión o cuotas que persigan alcanzar la igualdad de género dentro de la empresa junto con la lucha frente a la brecha salarial.
Otros retos que también se incluyen en estos programas son los programas retributivos para las altas direcciones, los mecanismos de control y las medidas de transparencia, políticas en las que las empresas deben centrar sus esfuerzos, para potenciar los sistemas de rendición de cuentas. Ajustar las retribuciones a políticas de mercado o resultados, siendo claros en su cuantía y reflejarlo en los documentos oficiales de la empresa es otro de los puntos de esta clase de medidas.
La RSC ha jugado un papel esencial en la estandarización de estas políticas y constituyen un pilar empresarial en las empresas punteras, ya que los principios desarrollados en éstas son los que tienen un mayor peso en el avance empresarial en lo que sostenibilidad se refiere. Y esta sostenibilidad no comprendida únicamente como factores ambientales o verdes, sino que afecta a una parte mucho mayor de la compañía, en múltiples factores y aspectos.
