Por Juan A. Gimeno Ullastres |
Artículo publicado en Economistas Frente a la Crisis, 22 de junio, 2023
Parece bastante claro que, en estas próximas elecciones generales, el votante tiene que elegir entre dos modelos. Frente a quienes desearían que nos quedáramos en dicotomías demagógicas viscerales, nuestro interés debe centrarse en analizar qué políticas van a aplicarse según cuál sea el modelo victorioso. Para orientar nuestro voto hacia la opción que nos parezca más atractiva y coherente.
En el plano de impuestos y presupuestos, los próximos cuatro años son especialmente importantes. Las sucesivas crisis del COVID-19 y la guerra de Ucrania exigieron a todos los Estados un incremento en sus gastos. La Unión Europea, esta vez, permitió una sensata flexibilización de las reglas de estabilidad presupuestaria.
Pero la Comisión Europea ya ha lanzado el debate sobre las nuevas reglas del Pacto de Estabilidad. La intención inicial es reemplazar los límites rígidos sobre la deuda púbica y los déficit fiscales por objetivos específicos y graduales para cada país. Como es habitual, con las voces en contra de los “halcones” partidarios de volver a las reglas de la vieja ortodoxia.
Sea con rigidez, sea con flexibilidad, será inevitable un esfuerzo estabilizador para reducir el déficit y los niveles de deuda pública. Y ahí aparecen los dos modelos entre los que tenemos que elegir.
El viejo modelo, que conocimos en gobiernos anteriores, preconiza el ajuste vía reducción del gasto público, fundamentalmente del gasto social. Ya vivimos (y padecemos) los recortes en sanidad y cuidados, las reducciones de plantillas de servidores públicos, el aumento de las desigualdades, el deterioro de los servicios y el perjuicio para nuestros derechos básicos.
Si, ante el panorama que viene, alguien promete reducciones de impuestos, ya se sabe lo que significa: o miente (y los subirá), o aplicará nuevos recortes en las políticas sociales… o, lo que es más probable, ambas cosas a la vez (como hizo ya el gobierno de Rajoy).
La excusa de la “situación heredada” es tan manida como hipócrita: todos los candidatos tienen la obligación de saber cuál es la situación presente y cuáles son las perspectivas. Y prometer políticas consecuentes con ello.
Hay un segundo modelo, que es el que ha venido aplicando el Gobierno de Pedro Sánchez. Las políticas sociales de este gobierno no solo han evitado los recortes, sino que han crecido para paliar los problemas de empleo (ERTES), de pobreza (IMV y subida de salario mínimo), de precios (ajustes impositivos), etc. A diferencia de las políticas de respuesta a la reciente crisis financiera, ahora se ha priorizado proteger a los más débiles y evitar una catástrofe social.
Es paradigmática la reforma del sistema de pensiones, que exigía la Comisión Europea para mejorar su equilibrio financiero. La solución conservadora tradicional atacaba las prestaciones, reduciendo derechos, topando sus revisiones anuales y disminuyendo las expectativas de las pensiones futuras.
La opción del gobierno Sánchez ha dejado intactos los derechos y garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. El equilibrio se ha buscado por el incremento de ingresos y, lo que es muy relevante, exigiendo el esfuerzo a los niveles salariales más elevados.
En los próximos años va a ser inevitable aumentar el nivel de los ingresos públicos. Dada la diferencia que existe entre la presión fiscal española y la media europea, hay margen para ello. No solo es importante desconfiar de quien diga lo contrario, sino también saber cómo va a ser esa subida.
El modelo conservador tendrá que compensar las anunciadas reducciones/supresiones de impuestos sobre patrimonio y sucesiones con las tradicionales alzas de la imposición indirecta, sobre el consumo: es decir, cambiará impuestos que deben pagar sobre todo el 5% más rico por otros que soportan proporcionalmente más el 95% restante. Menos prestaciones sociales y más impuestos injustos = mayor desigualdad y menor justicia fiscal.
El modelo aplicado por el gobierno Sánchez no ha subido los impuestos, sino que ha avanzado en el camino acertado: hacer que paguen las personas y sectores que gozan de una situación de privilegio con baja presión fiscal en relación con su capacidad de pago. Los impuestos sobre los beneficios “caídos del cielo” de bancos y eléctricas; el todavía modesto, pero valiente, sobre transacciones financieras; la mayor progresividad para el 1% con rentas más altas; el intento de gravar las grandes fortunas…
Son dos modelos muy diferentes. Ambos son los que se ofrecen a los electores: cada cual debe elegir el de su preferencia y votar en consecuencia.
No olvidemos que los impuestos son la garantía de nuestros derechos. Y que quien no vota está favoreciendo el modelo más alejado de sus preferencias.
