Desde Economistas sin Fronteras compartimos la información publicada por la Plataforma por Empresas Responsables, de la que somos miembros, en relación a la controvertida propuesta Ómnibus de la Comisión Europea.
El 26 de febrero, el Comisario de Economía y Productividad y Aplicación y Simplificación, Valdis Dombrovskis y la Comisaria de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, Maria Luís Albuquerque, han presentado el paquete Ómnibus sobre sostenibilidad, una supuesta propuesta de simplificación que se ha convertido en una iniciativa de desregulación a gran escala que afecta a la Directiva de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD) y la Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD) y el Reglamento sobre Taxonomía.
Con esta propuesta la Comisión Europea se dispone a abandonar a las personas impactadas por las empresas y a anular sus propios compromisos climáticos bajo el Acuerdo de París. La propuesta es un agravio para las personas y las comunidades afectadas por abusos corporativos en casos como el desastre de Rana Plaza y representa un retroceso significativo en la lucha por la justicia social y ambiental.
A pesar de los llamamientos de la sociedad civil y sindicatos de que la propuesta Ómnibus podría debilitar la protección de los derechos humanos y del medioambiente que se había conseguido con leyes como la CSDDD, la Comisión ha seguido adelante con una propuesta que hace retroceder elementos clave de estas leyes. Si se aprueba sin cambios, el Ómnibus asestaría un golpe devastador a los compromisos de la UE con la neutralidad climática y la promoción de los derechos humanos a nivel mundial.
Elaborada a puerta cerrada en un proceso sesgado hacia los intereses de las grandes empresas, la propuesta Ómnibus se ha configurado de forma apresurada mediante un procedimiento opaco y antidemocrático que ha dejado de lado las voces de la sociedad civil.
Los cambios propuestos por la Comisión no son más que un vaciado del contenido de la Directiva, que equivale a dar carta blanca a aquellas empresas que actúan sin respetar los derechos humanos y el medio ambiente. Esta propuesta nos devolvería a un sistema de medidas voluntarias que ya se ha comprobado que son insuficientes para impedir los abusos contra los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente y que no permitirán la rendición de cuentas ni el acceso a la justicia.
Las grandes empresas, con pocas excepciones, estarán obligadas a identificar los riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente sólo en las operaciones de sus socios directos, a pesar de que éstos abusos suelen concentrarse en la parte inferior de las cadenas de suministro, donde se producen la mayor parte de los mismos; por ejemplo en la extracción de materias primas y en la mano de obra subcontratada. Al suprimir la obligación de responsabilidad civil y limitar las disposiciones sobre acceso a la justicia, la Comisión está privando de hecho a las personas afectadas de su capacidad de acudir a los tribunales para poner fin a los daños o reclamar una indemnización.
La Comisión propone despojar a la Directiva de su propia esencia como ley obligatoria de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente, diluyendo las obligaciones legales y dando un vergonzoso paso atrás en la lucha por la responsabilidad de las empresas.
Pincha en el siguiente enlace para acceder a la Propuesta Ómnibus
