La transformación de la economía y la izquierda paralizada

Por Juan Luis del Pozo @juanlpza775

Artículo publicado en El Salto, 24 de enero, 2022
 

Al margen de cuestiones relacionadas con la Salud Pública y con la pandemia, el pasado año 2021 ha sido un año marcado por dos notas contradictorias. Por un lado, ha sido el año de la recuperación económica: tras el parón y el descenso del PIB que se produjeron en 2020 (en España, superior al 10%), la actividad económica y el consumo se reanudaban animados por el ahorro embalsado durante los meses de confinamiento y restricciones, y por las políticas de estímulo fiscal puestas en marcha por los estados occidentales. En EE.UU y el Reino Unido, de manera más decidida y ambiciosa, mientras que la UE por su parte ampliaba los programas de compra de deuda soberana por parte del Banco Central Europeo (BCE) en los mercados secundarios, y creaba el fondo Next Generation EU con el fin de impulsar el cambio tecnológico y la economía verde.

El aumento de la inflación y el problema de la transición energética

La recuperación de la actividad económica se ha visto, sin embargo, amenazada por un factor no deseado: unos niveles record de inflación que se han puesto de manifiesto en la recta final de 2021.

La subida de precios puede explicarse, en parte, debido a los problemas en las cadenas globales de suministros y a los cuellos de botella producidos por la falta de adecuación de la producción a la demanda, consecuencia a su vez del reflujo sufrido en 2020 y el esfuerzo que conlleva reactivar la economía. Pero también a otros factores que no necesariamente son coyunturales.

Uno de esos motivos tiene que ver con otra de las cuestiones que han asomado como problemáticas a lo largo del año 2021: el encarecimiento de los precios de la energía. Un encarecimiento que, en la UE y en lo que respecta a la energía eléctrica, se debe en parte al propio diseño del mercado eléctrico, el cual fija los precios a través de subastas en las que son las últimas energías que entran para cubrir la demanda, las más caras, las que fijan el precio para las demás (lo explica con detalle nuestro compañero Rodolfo Rieznik en este artículo).

Sin embargo, también influyen cuestiones geoestratégicas. Así, las tensiones entre EE.UU y Rusia, con la UE posicionada como aliado de la potencia norteamericana y apoyando la expansión de la OTAN en los países limítrofes con el gigante ruso, podrían influir en el suministro de gas a corto plazo.

Todo ello en un contexto de necesaria descarbonización de la economía para evitar los efectos más adversos del cambio climático. Un proceso complejo, el de la transición energética, en el cual se plantean dudas acerca de si podrán las energías renovables satisfacer los mismos niveles de demanda que las energías procedentes de combustibles fósiles y, de ser así, en qué momento se alcanzará este punto.

El shock producido por la pandemia parece representar, en este sentido, una oportunidad para introducir cambios en la economía. Unas transformaciones en las cuales está en disputa la evolución hacia un modelo que asegure a las élites el mantenimiento de sus beneficios o hacia una sociedad más justa e igualitaria con un acceso equitativo a los recursos comunes. Unos cambios en los cuales juegan un papel fundamental, asimismo, la tecnología y la digitalización.

La inflación como excusa

En España, como consecuencia del aumento de la inflación, llevamos tiempo escuchando, por parte de algunos economistas, críticas a las políticas fiscales expansivas y llamamientos a la moderación salarial. Según su opinión, que es la que sostiene la ortodoxia económica, son estos factores los que repercuten en la subida de precios.

La cuestión de la moderación salarial ha influido directamente en las presiones para no subir el salario mínimo y en la criticada falta de ambición de reforma laboral. Una reforma que, siguiendo las directrices de Bruselas, ha incidido especialmente en los aspectos relativos a la reducción de la temporalidad, pero no ha conseguido devolver a las trabajadoras y los trabajadores a la situación previa a las anteriores modificaciones de la normativa en lo que respecta al despido y la negociación colectiva, factores que, al igual que las externalizaciones, inciden en la fijación de los salarios. Hay que recordar que los salarios llevan lustros perdiendo poder adquisitivo, y que el fenómeno de los trabajadores pobres se ha generalizado en nuestra economía. Una economía que se ha orientado a la exportación basando su competitividad precisamente en la devaluación salarial.

Por su parte, las políticas fiscales expansivas han representado una novedad respecto a la forma en que se gestionó la crisis de 2008. Ahora bien, ¿se mantendrá ese cambio de paradigma por mucho tiempo o volverán a aplicarse políticas de austeridad con el fin de ajustarse a los niveles de déficit y deuda pública respecto al PIB que marcan los Tratados?

En este sentido, el pasado mes de diciembre el BCE anunciaba que pondría punto final en marzo de 2022 al programa de compras de deuda vinculado a la pandemialo que supondrá una reducción del volumen de las compras pero no una cancelación total de las mismas. Por su parte, el Vicepresidente de dicho organismo, Luis de Guindos, afirmaba hace aproximadamente un mes que Los países con más deuda pública tendrán que realizar un programa de ajuste.

No deja de ser curioso, ciñéndonos al caso de España, que el Estado deba ajustarse a las directrices de la Comisión Europea en materia de restricción del gasto público, y al mismo tiempo haya carta blanca para el drenaje masivo de recursos que ha supuesto el rescate bancario, cuyo último episodio ha sido la asunción definitiva por parte del estado de los activos, y sobre todo de las deudas, de la Sareb, con el consiguiente incremento de la deuda pública. No hace falta recordar lo que la contención del gasto público supone en cuanto a falta de inversión en Sanidad, Educación, recorte de las pensiones, etc. Y es que las políticas de austeridad han debilitado a lo largo de más de una década, hasta casi dejarlo irreconocible, el Estado del Bienestar.

No se contempla, por último, y al menos de momento, una subida de tipos de interés, como parece que sí está llevando a cabo en EE.UU la Reserva Federal. Una subida de tipos que, si bien sería beneficiosa para las personas que cuenten con ahorros, al mismo tiempo supondría un incremento de la carga de las deudas en general, y más específicamente de las deudas hipotecarias.

Lo que parece claro es que, cualquier acción que se aparte de las líneas marcadas por la gobernanza neoliberal de la UE y Alemania, resulta inasumible por parte de un Gobierno de coalición cuyos logros han sido modestos hasta el momento en lo que se refiere a combatir la exclusión social y la precariedad laboral de una parte cada vez más importante de la población.

Continuidad u oposición al modelo neoliberal que hoy en día aparece encarnado en la UE. De momento, la disyuntiva está resuelta claramente a favor de la primera opción. No existe, a nivel de partidos políticos, ninguna alternativa que apueste por un discurso que cuestione el modelo tecnócrata europeo y su falta de democracia. Algo que sí están haciendo, desde sus propias coordenadas, las derechas reaccionarias.

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