Más productividad, mismas horas de trabajo: notas sobre una asignatura pendiente

Por Álvaro Rísquez Ramos

Artículo publicado en Revista Economistas, n.º 38 Octubre 2021

El proceso de reconstrucción originado por la pandemia invita a pensar en políticas transformadoras que dibujen un horizonte compartido más deseable, siendo la reducción de la jornada laboral uno de los temas que han tomado más fuerza en los últimos meses. En este sentido, su aplicación de forma generalizada plantea otra forma de organizar socialmente los trabajos, combatiendo un modelo económico que actualmente precariza y excluye a millones de trabajadoras.

El debate sobre la reducción de la jornada laboral vuelve a ganar terreno

La crisis del COVID-19 ha situado en el centro del debate la discusión acerca de lo que consideramos esencial y prioritario como sociedad, abriendo un espacio a la introducción de políticas que ayuden a dibujar un horizonte colectivo más deseable. Bajo estos parámetros, una de las propuestas que más fuerza ha tomado en los últimos meses es la implementación de una reducción generalizada de la jornada laboral.

En este sentido, son numerosos y variados los actores que han tomado partido en este debate. El partido político Más País presentó un proyecto piloto que abordaba una reducción de jornada a 32 horas con mantenimiento salarial. Un ensayo que finalmente contará con apoyo público presupuestario y servirá para estudiar los efectos de esta medida en las empresas participantes. Si se cumplen los plazos, esta medida coincidirá en el tiempo con la aprobación de la ley de usos del tiempo que prepara la ministra Yolanda Díaz, aunque, por lo que se conoce hasta ahora, esta novedad legislativa no plantea reducir el límite legal de tiempo de trabajo. Otros agentes sociales también han adoptado la reducción de jornada como una de las puntas de lanza de su agenda programática. En el plano sindical, UGT incorporó la jornada laboral de 32 horas semanales también con mantenimiento salarial– como una de las propuestas estrella de su 43º Congreso Confederal, siendo finalmente aceptada por mayoría. Por su parte, la organización «Ecologistas en Acción» también ha iniciado una campaña para abordar esta propuesta, organizando una serie de debates a nivel estatal que a buen seguro aportará elementos enriquecedores, al incorporar la necesaria transición ecosocial que debemos acometer como uno de los principales ejes vertebradores de esta medida.

En el mundo laboral, cada vez son más las entidades que se suman a llevarla a cabo. La empresa tecnológica «Software Delsol» se convirtió en una de las primeras en adoptar la jornada de 4 días, una fórmula que han seguido también otras empresas, como el restaurante «La Francachela» o, recientemente, «Desigual», aunque en este caso se plantea a través de una disminución global del salario.

Por su parte, en el plano internacional también podemos encontrar experiencias recientes, como el ensayo islandés de reducción de jornada (35/36 horas sin disminución salarial), que involucró a 2.500 trabajadores pertenecientes al Ayuntamiento de Reikiavik y al Gobierno nacional entre 2015 y 2019. Según el estudio publicado por Autonomy1, el éxito ha sido rotundo: la prestación de servicios y los niveles de productividad mejoraron, mientras que el bienestar global y la salud de los trabajadores y trabajadoras reportó también resultados positivos, además de mejorar el equilibrio entre la vida personal y la profesional.

Más allá de lo expuesto, aunque la propuesta haya tomado impulso en el contexto de la pandemia, no setrata de una demanda nueva, pues supone una de las principales reivindicaciones históricas del movimiento obrero y sindical. Inicialmente, el motivo principal fue reducir las extenuantes jornadas laborales que soportaban los trabajadores y trabajadoras tras la Revolución Industrial. Con la Gran Depresión, la necesidad de repartir el empleo en un escenario de paro elevado supuso la principal justificación; mientras que, en las últimas décadas, se suman argumentos de igual importancia: como la lucha contra el cambio climático, en la medida que esta propuesta se entiende como una oportunidad para reducir la presión que ejercemos sobre los límites del planeta; o, desde una vertiente feminista, la necesidad imperiosa de impugnar la actual división sexista del trabajo, que hace que las mujeres se ocupen, en mayor proporción, de los trabajos domésticos y de cuidados, imprescindible no solo para sustentar el mercado de trabajo, sino para garantizar y hacer posible la reproducción de la propia vida.

Ahora bien… ¿cuáles son las posibilidades de llevarse a cabo?

La respuesta a esta pregunta tiene multitud de aristas, y no todas ellas pasan por echar mano de la calculadora para hacer cuentas. Si algo nos ha demostrado el devenir de la historia es que la reducción del tiempo de trabajo está inexorablemente ligada a la correlación de fuerzas existentes, esto es, al contexto político y social específico de cada periodo. En este sentido, sin desestimar algunos cuellos de botella técnicos en su aplicación, existen una multitud de instrumentos para apoyar una transformación de estas características, como repasaremos más adelante.

En un estudio llevado a cabo por los historiadores Michael Huberman y Chris Minns 2 , en el que se aborda las divergencias en el tiempo de trabajo entre Europa, América del Norte y Australia (1870-2000), se resalta precisamente cómo éstas se deben a una multitud de causas que no necesariamente guardan una relación directa con factores económicos. El régimen político imperante en cada país (liberal, socialdemócrata, democristiano, etc.), la tasa de sindicalización, las creencias religiosas y culturales (ética del trabajo), o determinados factores demográficos y climáticos son algunos de los componentes que se interrelacionan a la hora de explicar la evolución del tiempo de trabajo en determinados países o regiones.

Partir de esta premisa supone complejizar el debate acerca de las posibilidades que presenta una propuesta de este tipo. También supone aceptar que, ni mucho menos, se trate de una medida irrealizable o disparatada, como nos quieren hacer creer unos pocos.

Sin ir más lejos, España fue pionera de uno de los principales hitos en la historia de la reducción del tiempo de trabajo. En 1919, a consecuencia de la huelga en la central eléctrica «La Canadienese» (Barcelona), se convirtió en el primer país europeo en lograr la aplicación de la jornada de 8 horas. Ese mismo año, la OIT, en el Convenio nº1 sobre horas de trabajo en la industria, establecía un límite de 8 horas por día y 48 horas semanales de trabajo. Más adelante, a través del Convenio n.º 47 (1935), aún no ratificado por nuestro país, se redujo ese límite a 40 horas semanales. Esto quiere decir que, 86 años después, el límite legal de horas semanales sigue intacto.

Si abordamos la evolución a través del número de horas trabajadas anualmente (equivalente a un trabajador a tiempo completo), como se constata en el siguiente gráfico, España ha logrado conseguir grandes avances al respecto. En este sentido, cabe destacar una primera fase, entre la IGM y el inicio de la Guerra Civil, donde las horas anuales se recortaron un 6,75%; y un segundo periodo, entre 1955 y 1990, donde se registra una caída de hasta un 27%.

Sin embargo, la tendencia natural a reducir el tiempo de trabajo se ha visto estancada en las últimas 3 décadas, de forma que, antes de que estallase la pandemia (2019), se trabajaron –en promedio– 38 horas más al año que en 1990.

La explicación de este estancamiento no se debe a una evolución desfavorable de la productividad laboral, es más, ésta se ha disparado en las últimas décadas. Mientras que históricamente se ha registrado una correlación positiva entre productividad y reducción de horas de trabajo, a partir de la década de los 80 este vínculo se resquebraja, dando paso a un modelo económico y laboral que capitaliza las ganancias de productividad en una sola dirección. Atrás quedaron las predicciones que nos hacían ver el avance tecnológico como una oportunidad para trabajar menos y cultivar nuestras pasiones e inquietudes.

Lo cierto es que las últimas décadas se caracterizan por un modelo económico y laboral que precariza y excluye sobre la base de una injusta división sexual del trabajo. Porque no hay que olvidar que la reducción de jornada ya existe, se aplica de forma involuntaria y se llama subempleo o paro, condenando a millones de personas a vivir en situación de pobreza. Organizar y redistribuir trabajos de otra forma no solo es posible, sino que es socialmente necesario y requiere de voluntad política.

Retomando la pregunta inicial, ¿es factible apostar por una reducción generalizada del tiempo de trabajo? Si tenemos en cuenta el terreno perdido en las últimas décadas, no solo es factible, sino que es de justicia social que así sea. El camino por recorrer no tiene por qué ser fácil, el posible aumento de los costes laborales de las empresas –en el caso de que decidan contratar trabajadores y trabajadoras adicionales– puede ser financiado en parte, y al menos durante los primeros años, con apoyo público. Acabar con la brecha recaudatoria respecto a Europa –dotando a nuestro sistema fiscal de mayor progresividad– o utilizar parte de los fondos europeos a los que tendremos acceso en los próximos años son algunas ideas para asegurar la viabilidad de esta medida en aquellas empresas que pudieran presentar más dificultades para aplicarla.

La otra alternativa, compensar el incremento de costes con una bajada proporcional o parcial de los salarios, ahondaría aún más la tendencia regresiva de las rentas de trabajo, que en los últimos 15 años han perdido más de 8 puntos porcentuales sobre la riqueza nacional (Eurostat).

¿Más tiempo para qué? Una propuesta que desborda el mundo del trabajo

Trabajar menos para ser más productivos o conciliar mejor son dos de los argumentos más recurrentes a la hora de vender discursivamente esta propuesta, como si liberar tiempo libre no pudiese ser un fin en sí mismo.

A su vez, estas ideas parten de dos premisas: la centralidad que ocupa la ética capitalista del trabajo en nuestras sociedades, donde la vida queda subsumida y subordinada a las necesidades del capital; y la esencialización que rodea al trabajo de cuidados, que tiende a omitir soluciones colectivas (auténticas redes públicas y comunitarias de cuidados) a lo que supone de por sí una responsabilidad de todos y todas.

Abordar esta propuesta implica transitar hacia una sociedad del tiempo garantizado, que suponga un bien en sí mismo y no esté supeditado a ninguna razón utilitarista por la vía del mercado. Esto es, disponer de más tiempo para emplearlo en aquello que deseemos: para imaginar mundos mejores, para reforzar nuestras relaciones personales, para descansar, para participar en proyectos sociales y comunitarios, en definitiva, más tiempo para conquistar parcelas individuales y colectivas de libertad. Porque solamente cuando el tiempo deje de ser una mercancía en poder de unos pocos (véase el auge de plataformas como Glovo o Just Eat, cuyo negocio se basa en obtener rédito económico de intercambiar distintas disponibilidades de tiempo) podremos empezar a pensar en proyectos de vidas que merezcan la pena.

La puesta en marcha de una reducción de jornada generalizada no se trata exclusivamente de una estrategia defensiva orientada a apagar los continuos incendios que nos depara la coyuntura económica (repartir el empleo en tiempos de crisis, ajustarnos a una menor demanda, etc.), sino que supone un vector de cambio de transformaciones más radicales, situando el bienestar general de todos y todas en el centro de la agenda política. En un escenario de crisis civilizatoria, donde la propia reproducción de la vida se ve amenaza por desafíos tan importantes como el cambio climático, recuperar la noción de lo que consideramos esencial como sociedad –como ya ocurriese durante la pandemia– debe servir para impulsar políticas que logren garantizar un horizonte común, reproducible y digno. Porque el futuro no está escrito ni pertenece solo a unos pocos.

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