Por José Ángel Moreno, Artículo publicado en Agora, el 14/12/2015,
Al margen de que para mí siempre es un privilegio ser citado por mi admirado Antonio Vives, querría hacer una breve matización a algo que señala en su reciente artículo “¿Es la empresa pública la solución a la irresponsabilidad de la empresa privada?”, publicado en este mismo medio. Un artículo con cuyo planteamiento estoy esencialmente de acuerdo, pero en el que el autor considera que un artículo mío también reciente (“Nacionalizaciones y licencias sociales: ¿una perspectiva nueva para la RSC?”) plantea “la nacionalización de las empresas en los sectores de servicios públicos, porque supuestamente las empresas públicas cumplen mejor esa responsabilidad”.
Es verdad, desde luego, que mi artículo sostiene que, muy especialmente tras lo visto en la crisis, no puede considerarse evidente la utilidad social del generalizado desmantelamiento y de la indiscriminada privatización de empresas públicas (y muy especialmente las suministradoras de servicios básicos) que se ha venido produciendo en prácticamente todo el mundo desde finales de la década de 1970. Y es cierto también que, en consecuencia, el artículo sostiene que tampoco puede considerarse incuestionablemente un sin sentido que la nacionalización de este tipo de empresas vuelva a defenderse entre los partidos de izquierda y centro izquierda: el debate en este campo, por fortuna, es cada vez más intenso, a la vista de los resultados que, en muchos casos, ha generado la fiebre privatizadora. Algo que no obsta, repito, que me parezcan muy razonables los argumentos de Antonio Vives en torno al hecho de que no puede considerarse tampoco incuestionable que la empresa pública sea siempre más socialmente responsable que la privada ni que la nacionalización sea necesariamente el remedio óptimo para la frecuente irresponsabildad de ésta última.
Sin duda es culpa mía no haber sabido comunicarlo adecuadamente, pero, antes bien, mi artículo pretendía precisamente sostener que, incluso en los casos en que pueden ser más sostenibles, las nacionalizaciones se enfrentan a dificultades económicas y políticas que no pueden dejar de ser tomadas en consideración. Y que, frente a esto, y en línea con los planteamientos de la corriente británica denominada Foundational Economy, en muchos casos se podría conseguir más fácil y eficazmente que las grandes empresas suministradoras de bienes o servicios esenciales para la sociedad puedan actuar de forma más responsable para la comunidad y para sus partes interesadas no tanto por medio de nacionalizaciones, sino a través de contratos sociales exigidos por la Administración Pública (pero suscritos también por la comunidad y las principales partes afectadas) en los que se facilite su actuación con la contrapartida de comportamientos claramente responsables en sus actividades esenciales. En definitiva, explicitar y contractualizar el componente de “licencia social” que implícitamente tiene muy frecuentemente la actuación de este tipo de empresas: licencia social en la medida en que la autorización para actuar suele comportar “un permiso público para operar en un espacio determinado y conseguir ganancias en él”, y en no pocos casos con privilegios de competencia restringida nada irrelevantes por parte de la Administración.
En definitiva, el artículo trata sólo de insistir (una vez más) en la idea de que es imprescindible un mayor grado de exigencia legal para avanzar de forma sustancial y general en la responsabilidad social de las grandes empresas. Todo ello, sin entrar en el debate (seguramente no menos necesario) en torno a las razones de las privatizaciones generalizadas de grandes empresas públicas y a la utilidad de la propiedad pública frente a la privada en grandes empresas de sectores suministradores bienes y servicios básicos, cuestiones ambas que rebasan el ámbito de la responsabilidad social empresarial y en las que no pretendo entrar aquí.
