María Gascón Stürtze Mediadora Social para la Integración
La UE se encuentra ante un dilema ético y político. ¿Mantener y defender los principios del Estado de derecho, del respeto por los derechos humanos, los valores democráticos y compromisos internacionales que le dieron su identidad y avalaron su construcción?, ¿O renunciar a ellos a la hora de hacer frente a la gestión de los flujos migratorios y de refugiados? Siempre ha tenido una seria dificultad para acordar y compartir una política común en estas materias a causa de las diferencias entre sus países miembros, por su situación geográfica con respecto a las migraciones, por su extensión del Estado de bienestar, por su mayor o menor reconocimiento de derechos para los extranjeros, por su historia migratoria, por su capacidad de acogida, entre otros aspectos.
Lo cierto es que la progresiva desigualdad entre el Norte y el Sur global han hecho de la UE uno de los destinos preferidos de miles de personas en busca de una vida mejor.
En 25 años, la UE ha pasado de tener menos de un millón de personas nacidas fuera de sus fronteras (0,2%) a tener casi 45 millones1 (9,9% de la población total), cuya mayoría se ha ido acomodando e integrando, trabajando, creando familias, contribuyendo al bienestar económico y social, y a paliar la decadente demografía europea. Por su parte, salvo algunas excepciones, la sociedad de acogida ha recibido y se ha integrado aceptablemente con los nuevos vecinos.
Pero en los últimos años, las guerras, la crisis hídrica, climática, y otros desastres, han empujado hacia Europa a miles de personas de otros continentes, aumentando significativamente la presión migratoria, principalmente por parte de quienes no tienen acceso a vías legales para entrar, así como de quienes demandan protección internacional. Como ejemplo, en 2024 la UE recibió más de un millón de solicitudes de asilo, siendo el mayor número para Alemania, seguido de España con más de 150.000.
La migración, y en particular la migración irregular, se ha ido presentando como una amenaza y, por lo tanto, como un problema de seguridad que requiere el máximo control de entrada al espacio Schengen. Un enfoque que la UE ya adoptó en 1999, con el Acuerdo de Tampere, y que ha ido implementando con una fuerte inversión en mecanismos como FRONTEX, SIVE y potentes sistemas informáticos de control (SIS, VIS, Eurodac, SES, SEIAV, ECRIS-TCN)2 , así como mediante acuerdos con países de origen y tránsito para externalizar sus fronteras, como fue el caso de Turquía en 2016 o el de Mauritania y otros de África occidental (Planes África 2006-2023) desde hace unos años y en la actualidad.
La tensión entre la necesidad de gestionar el fenómeno de la migración y la voluntad de controlar el acceso al territorio europeo se ha traducido en 2023 en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que ha entrado en vigor este año y que se ejecutará en 2026. Un intento de armonizar la migración como necesidad (no hay que olvidar quiénes son las personas que sostienen los sectores de servicios, cuidados, construcción, agricultura, informática…) y como amenaza. Un Pacto que se presenta como un reparto de responsabilidades y de solidaridad (a la carta)3 entre países, para quienes solicitan protección internacional, pero que profundiza en la lógica de la seguridad, puesto que está centrado en la lucha contra la migración irregular mediante la cooperación con los países de origen y tránsito, la restricción de visados, la ejecución de retornos y readmisiones, y unas políticas de preferencias comerciales y de cooperación al desarrollo con países terceros supeditadas a la aceptación de estas condiciones.
No obstante, esta deriva restrictiva no parece suficiente para satisfacer a los partidos de derecha y extrema derecha europeos, que han hecho de la migración el principal objetivo de sus ataques sobre la base de la xenofobia y de un nacionalismo identitario, culpándola hipócritamente de la inseguridad y del deterioro social.
En su extremo renace la idea del Gran Reemplazo4 , que alerta de la sustitución de la población europea “blanca y cristiana” por poblaciones no europeas, árabes y musulmanas. Esta pseudoteoría, sin ningún fundamento demográfico, lanza el mensaje del miedo a perder “nuestra” identidad y nuestro Estado de bienestar por culpa de los inmigrantes.
En el ámbito electoral europeo, las propuestas antiinmigración se han convertido en un factor clave, y la confrontación política sobre el hecho migratorio está capitaneada por una extrema derecha que no descansa en su afán de falsear la realidad y de manipular las conciencias, con el fin de crear malestar y crispación, con el resultado de un grave perjuicio para la convivencia.
Ante ello, la respuesta de los partidos y movimientos de la izquierda europea es tibia e insuficiente, cuando no alineada con las medidas más restrictivas en la acogida y el trato a los solicitantes de asilo (véase las socialdemocracias escandinava o alemana), adoptando, de hecho, la agenda migratoria de la derecha, para intentar arrancarle votos.
En el otro extremo, hay una izquierda “más a la izquierda” que se satisface defendiendo un relativismo cultural antioccidental y victimista que, bajo la apariencia de ser adalid de la diversidad, ve el enemigo de los inmigrantes en la sociedad de acogida en su totalidad, a la vez que otorga el calificativo de “racista” a quien ose emitir cualquier crítica a comportamientos inaceptables si estos se producen entre la población inmigrada, lo que no ayuda a crear unas relaciones sociales de confianza y solidaridad intercultural.
Así que todo indica que en la UE se abre camino el mensaje de la seguridad y de la identidad, en vez de poner el acento en la lucha contra las desigualdades, es decir, en las políticas de integración social mutua, que es donde radican los grandes ejes de tensión del fenómeno migratorio.
La crítica o el rechazo a la idea de la migración como amenaza no debería ocultar los problemas que son notorios en numerosos barrios de muchas ciudades europeas, con un grado de concentración de población inmigrada que puede alcanzar hasta el 30 o 40% de la población total y una situación no exenta de riesgos para la convivencia. La vivienda, y dónde se ubique ésta, es uno de los principales problemas, sea por la formación de guetos completamente separados del resto de la población (el “apartheid urbano” como lo describe Sami Naïr), el inevitable hacinamiento o la búsqueda de cobijo en infraviviendas ante la inexistencia de viviendas a precios asequibles. La explotación laboral, con bajos salarios, largas o excesivamente cortas jornadas, sin seguridad y estabilidad, es otro de los problemas. Ambos, compartidos, en parte, por la población autóctona más precarizada, que puede ver en el inmigrante un competidor a la hora de compartir lo poco que tiene.
Quien viene de un país lejano, muy diferente en estructura familiar y social, clima, paisaje, leyes, normas, religión y a veces idioma, sin el apoyo presencial de familia o amigos y con una mezcla de incertidumbre, miedo y esperanza, no tiene más remedio para sobrevivir, física y mentalmente, que juntarse con sus semejantes. Si esta necesidad no se complementa con mecanismos que faciliten unas relaciones sociales más amplias y diversas, es fácil que se produzca un repliegue identitario que, en muchas ocasiones, consiste en refugiarse en los aspectos más tradicionales de sus propias costumbres sociales y religión que, en el caso del islam, son bastante inseparables. El aislamiento puede hacer que ese legítimo impulso de recuperar fuerza moral y autoestima recreando lo propio, su identidad, se torne en una actitud de desconfianza o incluso de rechazo de las normas y formas de relación de la sociedad de acogida, calificadas negativamente de “occidentales”, y que frecuentemente tiene que ver con la dificultad de aceptar la igualdad entre hombres y mujeres.
Es fundamental que se pongan los medios sociales y económicos necesarios para combatir su aislamiento, la falta de comunicación (no solo a causa de un idioma diferente), la dificultad para acceder a los diferentes recursos, para facilitar el acceso a una formación profesional y básica, etc. Para que el reconocimiento de la diversidad no consista, solamente, en celebrar el folklore, la gastronomía y las conmemoraciones religiosas particulares, sino que sirva para crear un vínculo social multicultural que integre a toda la población sobre la base de mismos derechos y mismos deberes.
No es posible dar respuestas fáciles a problemas de esta envergadura, pero sí lo es tratar de hacer un diagnóstico de los problemas más importantes y urgentes, de manera que se pueda hacer un debate que no esté secuestrado por los mantras de la seguridad y las fronteras o una supuesta identidad europea en peligro. Un debate que realmente sea sobre la migración y cómo la piensa y la recibe Europa. Un debate sobre las personas que vienen, por qué vienen, cómo vienen, y para qué vienen, y sobre lo que puede ganar y está dispuesta a renunciar la sociedad de acogida con tal de lograr una mejor convivencia.
Europa debe cambiar su mirada negativa sobre las migraciones. Debe corregir el rumbo de las políticas que ha puesto en marcha. La credibilidad de las democracias europeas estará en juego si no se respetan los principios y valores sobre los que se construyó la Unión Europea.
Reconociendo las dificultades que ello tiene, la UE debería tener la mirada puesta en el largo plazo, tratando de abordar las causas reales de una presión migratoria que, quiera o no, seguirá recibiendo. En la frontera sur, que concierne directamente a España, las causas están en la inestabilidad política del Sahel debida al retroceso democrático de la mayor parte de los gobiernos, que no ofrecen perspectivas de futuro a sus jóvenes ni al avance del yihadismo. A lo que hay que unir el fuerte crecimiento demográfico del continente africano, que actualmente tiene alrededor de 1.400 millones de habitantes, y que en 2050 podría superar los 2.500 millones.
Los acuerdos de externalización de fronteras de la UE y de España con Mauritania no han impedido que las solicitudes de protección internacional procedentes de ese país hayan aumentado el pasado año un 1.960%, un 543% los de Mali, un 38% los de Guinea, un 36% los de Argelia o un 25% los de Costa de Marfil5 . Es decir, no han evitado lo que se proponían y, sin embargo, han pagado el precio de vulnerar los principios fundamentales de derechos humanos y el Derecho internacional.
Estas políticas contrarias a derecho tienen un efecto pernicioso sobre las sociedades europeas porque se presentan como necesarias y “normales”, contribuyendo a naturalizar lo inaceptable. En su lugar hay que reivindicar nuevas políticas migratorias, que contribuyan a que la migración, antes que un problema, se convierta en una palanca de desarrollo y cooperación solidaria.
¿Hay una alternativa? Muy difícil, pero sirva como inicio del debate lo que propone Sami Naïr en su libro «Europa encadenada».
“La solidaridad con el continente africano –económica, política y de seguridad– es crucial para afrontar los retos del desarrollo y las migraciones. Se sabe de sobra lo que hay que hacer. Financiar políticas de estabilidad social, mediante inversiones en el desarrollo sostenible; fortalecer los Estados de Derecho para que la democracia efectiva permita a las diversas fuerzas sociales encontrar soluciones a sus anhelos dentro de su país y no tener que huir de la represión; reorganizar la política de ayuda a la cooperación, puesto que la “ayuda” europea actual es solo un alijo de miseria que sirve esencialmente para pagar a las élites dirigentes a cambio de mantener la seguridad en las fronteras, pero sin capacidad para contener a las poblaciones. Y organizar juntos la circulación de las personas en el continente europeo, haciendo de las migraciones vectores del desarrollo y de la cooperación solidaria. Todo ello implica voluntad política, visión de largo alcance, interés común bien entendido y compartido. Nunca es tarde para hacer prevalecer los valores de progreso y solidaridad. Europa necesita un Sur desarrollado, fuerte y aliado”.
Este artículo forma parte de Dossieres EsF nº 59: «El desafío existencial de la Unión Europea?» correspondiente al otoño 2025
Notas a pie de página
1) Alemania con unos 16,9 millones, Francia con 9,3 m., España con 8,8 m. e Italia con 6,7 m.
2) Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas). SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil). SIS (Sistema de Información de Schengen). VIS (Sistema de Información de Visados). Eurodac (Bases de datos de impresiones dactilares de solicitantes de asilo en la UE). SES (Sistema de Entradas y Salidas). SEIAV (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes). ECRIS (Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales).
3) Se trata de repartir entre todos la carga de la presión migratoria que experimentan los países con más entradas, o de tener la posibilidad de rechazar la cuota correspondiente mediante el pago de 20.000 euros por cada persona solicitante de asilo que se rechace.
4) Le Grand Remplacement. Una idea original del activista político y escritor francés Renaud Camus, fundador en 1917 del Consejo Nacional de Resistencia Europea junto con Karim Ouchikh, simpatizante del Front National
5) Datos recogidos del Informe Anual de Seguridad Nacional 2024 de la Presidencia del Gobierno de España.
