6 abril, 2020
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Reconstruir el bienestar de la gente, no hay alternativa

Por Rodolfo Rieznik, Economistas sin Fronteras y Plataforma por la Justicia Fiscal

Artículo publicado en nuevatribuna.es, 02 de abril, 2020

 

No hay discusión posible. La pandemia planetaria, el drama sanitario y el destrozo social emergente nos confronta a un desafío de magnitudes históricas, superior a cualquiera de las crisis cíclicas y económicas que haya tenido la economía capitalista durante los últimos 120 años. No porque los muertos vayan a ser superiores a los que dejaron dos guerras mundiales, sino por la descomposición profunda, sin antecedente conocido, que dejará el COVID-19 en la economía global y en el bienestar social.

Algunas cifras relevantes y significativas de lo que está por llegar: en Estados Unidos, el país hasta ahora más poderoso del mundo, que representa el 22% del PIB mundial, los demandantes de empleo pasaron de menos de 290 mil a más 3,3 millones en menos de un mes. La tasa de paro se duplicará en tan sólo 30 días. Son las cifras más altas desde 1982, cuando empezó a publicarse la estadística. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en una nota del 27 de marzo pasado estimó que hasta 25 millones de personas se quedarán sin empleo, y se perderán 3,4 billones de dólares de ingreso, tres veces el PIB español. Seguramente al momento de publicar esta nota los datos estarán completamente desactualizados. Y, lo que es peor, esas cifras de la OIT no recogen el trabajo informal y autónomo. Para España no tenemos aún los datos actualizados en materia laboral, pero partimos de una tasa de paro del 14%, de las más altas de los países en desarrollo, y los pronósticos prevén una caída del PIB que puede variar entre el 10% y el 20%. El abanico es amplio por la incertidumbre en curso de los contagios.

Si se lograra traer los depósitos de españoles  en paraísos fiscales haciéndoles pagar las multas correspondientes, tendríamos, por lo menos 70 mil millones más

Con un PIB de aproximadamente de 1,25 billones de euros la caída estará entre los 125 a 250 mil millones de euros. Calcular una cifra aproximada en una situación de la que aún no se conoce ni el final ni el día después  es un albur. Además, al tratarse de una enfermedad que no tiene por ahora ni cura ni vacuna no parece que la salida vaya a producirse ni sanitaria ni económicamente en circunstancias equivalentes a la existentes al inicio. No se sabe si los ciudadanos van a poder transitar el espacio de la misma forma, y cuál será el estado del empleo en las empresas, ni cómo se va a recomponer toda la cadena de producción distribución y comercialización de la economía.

Ya es una realidad que una fracción mayoritaria de personas y familias están y estarán depauperados, sin rentas ni ahorros, incluso muchos de ellos endeudados, como para afrontar las necesidades más vitales. Acudir al salvamento de estos sectores es la prioridad absoluta. Estamos hablando de trabajadores asalariados y autónomos, incluidos los que regentan medianas y pequeñas empresas, que fungen como la fuente principal de sus recursos de vida.

La mercantilización de la salud en España, resultado del proceso privatizador, está preparada para la atención de “enfermedades rentables”, no para un problema de salud universal

Pero también habrá que recomponer la continuidad de la actividad productiva, no sólo para que no se derrumbe la economía, sino especialmente para preservar el empleo en general y el tejido productivo en el que se estructura la vida social y económica de los países. El Estado es el único que puede arbitrar fórmulas para rearmar la cadena de pagos dañada de los clientes con las empresas, de las empresas con otras empresas y de las empresas con sus trabajadores. Sin duda, el crédito para operar una solución global inmediata saldrá de los Gobiernos y los bancos centrales, bien sea por inyección directa o por avales a deudas en sus distintas modalidades. No hay ninguna otra posibilidad. Al mismo tiempo, dada la circunstancia singular de esta crisis, es urgente recomponer la salud pública de la población, revirtiendo toda la política de privatizaciones que ha reducido el gasto y destruido las infraestructuras de la salud pública. La pandemia ha destapado las insuficiencias para afrontar una emergencia sanitaria de esta envergadura para el conjunto los ciudadanos. La mercantilización de la salud en España, resultado del proceso privatizador, está preparada para la atención de “enfermedades rentables”, no para un problema de salud universal. Pero no sólo se trata de la insuficiencia de infraestructuras, personal y equipamientos que se han ido perdiendo. Los seguros médicos privados, en competencia con la Seguridad Social, no cubren a sus titulares los gastos sobrevenidos por una pandemia, y además es evidente que no lo podrían hacer. Es el Estado el que se está haciendo cargo en su totalidad del enorme gasto derivado de la extraordinaria movilización exigida por la lucha contra el virus.

Esta fantástica intervención pública, todo ese crédito para mantener la actividad y la sanidad, aún difícil de cuantificar al completo de miles de millones de euros, sólo puede y debe financiarse con una fiscalidad justa. No puede sostenerse en los más vulnerables ni por activa, es decir, cargándolos con más impuestos, ni por pasiva, esto es, recortándoles servicios públicos como en crisis anteriores. Se puede recaudar inicialmente un 85% de las ayudas prometidas por el Gobierno, en el primer paquete aprobado al inicio del estado de alarma, combatiendo el fraude fiscal, la elusión de las grandes fortunas, de las grandes empresas, gravando los patrimonios “escandalosos” y eliminando los paraísos fiscales. Las cifras cuadran: España tiene siete puntos menos que el resto de Europa de presión fiscal sobre el PIB, lo que significaría ingresar 87 mil millones, 75 mil millones se obtendrían eliminando el fraude fiscal y 11 mil millones si se aplicara un tipo mínimo a las grandes empresas. En conjunto, sólo con esto se juntarían unos 170 mil millones de euros. Y si se lograra traer los depósitos de españoles  en paraísos fiscales haciéndoles pagar las multas correspondientes, tendríamos, por lo menos otros 70 mil millones más. Con la misma finalidad que la antes indicada, complementariamente Europa, y sobre esto el debate está en marcha, podría emitir deuda mancomunada, los famosos eurobonos coronabonos para adicionar liquidez a los países de la UE. En suma, hay dinero para financiar la crisis. Siempre con el mismo objetivo: reconstruir el bienestar de la gente.

 

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