Una reflexión sobre las «puertas giratorias»

Juan Luis del Pozo

Artículo publicado en la Revista Acontecimiento, 119, 2016-2

Consideraciones generales

Las relaciones entre política y economía, y más concretamente la imbricación entre la actividad de los responsables políticos y la de las grandes empresas, constituyen hoy en día, en un contexto de crisis económica y recorte de servicios y prestaciones públicas, un asunto que afecta profundamente a la sensibilidad ciudadana. Fruto de esta circunstancia, la problemática planteada acerca de las llamadas «puertas giratorias» se ha convertido en un punto destacado del debate público y del discurso sobre la regeneración elaborado por las nuevas formaciones políticas.

Desde luego, resulta inevitable que desde el ámbito de la economía y las empresas se trate de influir y participar en la elaboración del marco normativo establecido por las instituciones democráticas a través de su capacidad legislativa. Ahora bien, también sabemos que en la práctica los intereses de las empresas pueden entrar en conflicto con los de la ciudadanía y que, a la hora de hacer valer esos intereses, el poder económico resulta determinante. La pregunta clave, en este sentido, parece ser: ¿dónde situar los límites a la capacidad de influencia de lobbies o grupos de presión sobre los representantes públicos?

Probablemente no haya una respuesta fácil, pero precisamente la noción «representantes públicos» debería ofrecernos al menos un punto de partida para empezar a formularla. Y es que lo que no resulta aceptable en ningún caso es que una persona que ocupa un cargo público y, por tanto, debe atender prioritariamente en el ejercicio de su actividad al interés común, tome decisiones basándose en estrategias que pretenden favorecer intereses particulares. Desgraciadamente, los itinerarios de la empresa privada a la política y desde la política a la empresa privada se han mostrado permeables a este tipo de influencias.

Políticas al servicio de intereses privados

A nuestro juicio, uno de los aspectos que más ha favorecido en España la simbiosis entre cargos políticos y empresas es la propia estructura de su modelo productivo. La especialización de la economía española en la actividad turística e inmobiliaria ha servido para reforzar las dinámicas de intercambio de favores entre grandes empresas y responsables políticos, en la medida en que el desarrollo de este tipo de actividades está fuertemente ligado a la labor administrativa, esto es, a aspectos como la contratación pública, la liberalización y calificación del suelo público, la concesión de licencias, etc.

Al mismo tiempo, y aquí ya no hablamos de un rasgo específico español sino de una tendencia global, la apertura a la competencia privada de sectores y servicios que se prestaban desde el ámbito público ha resultado también determinante para la expansión de las empresas, para la creación de oligopolios, y para que una parte importante del patrimonio común acabara en manos privadas.

Este último aspecto nos remite a otra cuestión que nos parece importante destacar. ¿Cómo entender la presencia en las instituciones de personas que abiertamente se muestran favorables a la privatización de los servicios públicos, basándose en que la gestión privada es mucho más adecuada y eficiente? ¿No supone esto una declaración de intenciones y una renuncia implícita a mejorar y a cuidar la gestión pública? Tanto más teniendo en cuenta que algunos servicios públicos, por su propia naturaleza, no son adecuados a una prestación bajo criterios mercantiles.

En este sentido, cabe señalar que, para empezar, una de las condiciones que parece necesaria para corregir estos comportamientos apela a lo subjetivo. Con ello queremos poner de manifiesto la importancia de que las personas que acceden a los cargos políticos cuenten con una verdadera vocación de servicio público. Esto implica al mismo tiempo, y dada la imposibilidad de competir con la esfera privada en lo que se refiere a incentivos económicos, poner en valor aquello que la actividad de servicio a la comunidad conlleva en sí misma.

Y sin embargo, no podemos limitarnos a confiar en la actitud subjetiva de quienes ejercen la política. Al mismo tiempo que se fomenta esa vocación de servicio público, debe evitarse que el ejercicio de la política se interprete en términos de acceso a unos recursos económicos cuya administración genera una expectativa de contrapartida en forma de beneficios personales. Esos beneficios pueden consistir en la obtención de comisiones y otro tipo de contraprestaciones, en los casos más graves, o también en el acceso a los consejos directivos de grandes empresas en el momento de abandonar la carrera política, esto es, el tipo de prácticas a las que hacemos referencia cuando hablamos de «puertas giratorias».

¿Qué hacer para atajar estas prácticas?

La regulación de las diferentes formas de colaboración entre sector público y privado en la prestación de servicios públicos resulta, a tenor de lo visto, un aspecto fundamental a la hora de combatir este tipo de prácticas. Y es que si bien esta colaboración puede resultar necesaria y no debe descartarse, es importante que existan herramientas que permitan asegurar que prevalezca el interés público tanto en el proceso de adjudicación como en la prestación de los servicios. En este sentido, el establecimiento de un régimen de incompatibilidades para los cargos públicos, así como de unas normas adecuadas de contratación pública, deben servir a dicho objetivo.

Otra de las herramientas que contribuyen a este propósito es sin duda la transparencia en la gestión y en la toma de decisiones. A nivel del Estado español la promulgación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, constituye un primer paso que podría apuntar en la buena dirección. Sin embargo, tanto en su aplicación efectiva como en lo que respecta a la información relativa al ejercicio de su actividad por parte de los representantes políticos, aún queda terreno por recorrer a efectos de equipararse a los estándares de transparencia de otros países europeos.

Siguiendo con las propuestas y si, como afirmábamos más arriba, debemos admitir un cierto nivel de implicación por parte de las entidades e instancias privadas en la producción normativa, habría que facilitar la participación equilibrada de todos los sectores interesados: empresas de pequeño tamaño, tercer sector, ciudadanía, etc. Esto implicaría al mismo tiempo evitar que las entidades con más recursos tengan más posibilidades de influencia e interacción con los representantes políticos.

Resulta interesante mencionar, en este punto, ciertas prácticas puestas en marcha por algunos Ayuntamientos que intentan favorecer la participación pública e introducir nuevos criterios en la contratación con las administraciones. Nos referimos a la creación de foros locales, la habilitación a la ciudadanía para que pueda decidir a qué se destina una parte del presupuesto municipal, o la introducción de cláusulas que primen aspectos de interés social en la contratación pública.

Finalmente, la progresiva evolución hacia un nuevo modelo productivo que, si bien aun debemos definir, no descanse exclusivamente en los pilares en los que tradicionalmente se ha asentado la economía española, podría contribuir indirectamente a mejorar la vida política. Así, podríamos citar a modo de ejemplo de política a seguir por parte de las administraciones para evitar la acumulación de poder en manos de las empresas en un sector concreto como es el de la energía, el apoyo a las energías renovables frente al modelo de producción y distribución de las grandes compañías eléctricas y petroleras. Esto implicaría, no obstante, cuestionar la división del trabajo y el modelo europeo tal y como se plantean hoy en día.

Nubarrones en la UE

No quisiéramos terminar estas líneas sin hacer referencia a la preocupación que nos provoca la situación que se está dando en el ámbito de las instituciones europeas y, más concretamente, en la negociación de los tratados de libre comercio TTIP (EE. UU.), CETA (Canadá) y TiSA (comercio de servicios).

Sin entrar en la discusión sobre los aspectos positivos y negativos que puede suponer la firma de estos acuerdos, la opacidad con que se están llevando a cabo las negociaciones representa justamente el ejemplo contrario a la transparencia en la toma de decisiones que defendemos. Del mismo modo, el desigual acceso de las entidades que representan a la ciudadanía y a las pequeñas organizaciones empresariales y de la sociedad civil, frente al trato privilegiado a las grandes patronales y lobbies corporativos, constituye un tipo de práctica que debería desterrarse si algún día se quiere dotar de credibilidad democrática a la construcción europea.

Conclusiones

Sin ser demasiado exhaustivos, hemos querido a través de este texto compartir algunas ideas sobre lo que supone el fenómeno de las puertas giratorias y la relación entre la política y la economía, entre la gestión de lo público y la actividad del sector privado. Una relación compleja, en la cual sin embargo podríamos decir que se han traspasado ciertas líneas rojas.

Combatir estas prácticas implica un cambio profundo, desde lo que implican nuestras propias convicciones sobre el cuidado de lo común, hasta una profundización en las regulaciones sobre aspectos como la contratación pública, la transparencia y la rendición de cuentas, pasando asimismo por habilitar nuevas formas de participación ciudadana.

Quizás una buena forma de expresar este cambio necesario en la política se encuentre contenida en la máxima zapatista de «mandar obedeciendo».