Fernando Prieto – Observatorio de la Sostenibilidad
Teresa Bartina Aliente – Alianza Energía y Territorio
España se encuentra en una situación muy complicada en el primer cuarto del siglo XXI. Por una parte, son cada vez más evidentes los efectos del cambio climático. 2025 ha sido “extremadamente cálido“
. . . y los últimos cinco años son los más calurosos jamás registrados, aumenta la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, DANAs, sequías, incendios forestales y olas de calor, con sus correspondientes impactos sobre la salud, la vida y los sectores económicos. La emergencia climática está ocasionando miles de muertos, tanto en el silencio de las ciudades en los días de máximas temperaturas como en el fragor de los incendios forestales o las inundaciones, pero además las pérdidas económicas son brutales
Pero lo más llamativo es que ni la sociedad ni el gobierno están afrontando el reto con la seriedad requerida. No estamos invirtiendo en una sociedad resiliente, en infraestructuras que nos permitan garantizar el agua potable, agricultura en condiciones extremas, en un sistema energético justo y democrático, en ciudades diferentes.
Tenemos el objetivo de descarbonizar nuestro país (y el planeta), lo que implica, como ya dijo el IPCC en su documento del 2022 para responsables de políticas públicas, que hay que decrecer. Y no son solo unos cuantos sectores los que deben decrecer, sino el conjunto de la economía. Las políticas públicas deben apuntar en ese sentido. Curiosamente, a pesar de este escenario, que por lo menos debería obligar a repensar el desarrollo, el gobierno y muchos agentes sociales siguen apostando por el crecimiento de la economía como si no pasara nada, y todo esto en un contexto de falta de gobernanza mundial y de apropiación directa de los recursos por el neocolonialismo de Estados Unidos basado en las armas.
Se ha utilizado la definición de decrecimiento aparecida en la muy interesante publicación1 de Buch Hansen y Nesterova (2023), a la que le hemos añadido el adjetivo de inteligente, porque no se trata de decrecer independientemente del contexto, o de los efectos en la población o en los ecosistemas, sino que el proceso de decrecimiento tiene que ser muy pensado, razonado, valorado y con la necesaria participación ciudadana, tanto de los sectores afectados directamente como del conjunto de la sociedad. España está ya decreciendo en numerosos sectores y en otros lo va a hacer en los próximos años. Solo se trata de aceptar esta realidad. Pero se puede elegir entre dos escenarios, dejar que vayan colapsando los diferentes sectores o hacerlo de una forma inteligente y planificada. Llevando a la práctica estas definiciones, llaman la atención tres sectores muy significativos de la economía española: regadíos, turismo y energía.
Decrecimiento de regadíos en España
Empezaremos por el caso de los regadíos, que es quizás uno de los más obvios. Nadie puede afirmar que es posible incrementar indefinidamente los regadíos en un territorio de limitados recursos hídricos, donde la disposición de agua disminuye cada día por el aumento de las temperaturas y la consecuente evapotranspiración, todo unido a la sucesión de fenómenos meteorológicos extremos, como sequias e inundaciones. Además, el uso limitado productivo del agua entra en competencia con otros usos, como la industria, el abastecimiento y los usos ecológicos en ascenso.
España ha incrementado sus superficies de regadío desde la década de los 40, en un proceso continuo y espectacular, pasando de unas 400 mil hectáreas a casi 4 millones en la actualidad, transformando el paisaje agrario y convirtiendo al país en una potencia agrícola. La capacidad de almacenamiento de los embalses también pasó de 4.100 hectómetros cúbicos (hm³) a los actuales 56.000 hm3. En términos de contribución directa al Producto Interior Bruto (PIB), el regadío representa alrededor del 2,4% de España, supone el 23% de la superficie cultivada y genera el 65% de la producción final vegetal. Hoy, en 2026, se sigue apostando por ese incremento, especialmente en las confederaciones del Duero, Tajo y Ebro.
Este crecimiento se ha apoyado en grandes inversiones públicas, en infraestructuras hidráulicas y, más recientemente, en una profunda modernización tecnológica para optimizar el uso del agua que no han tenido repercusión en la reducción de regadíos, en un ejemplo paradigmático de la paradoja de Jevons.
El regadío tiene importantes gastos en fertilizantes, fitosanitarios y medios de producción, que llevan a una agricultura híper financiada que está controlada en su mayoría por grandes fondos de inversión que han desplazado a la agricultura familiar.
Los acuíferos presentan graves problemas de sobreexplotación y de contaminación. El exceso de la utilización de fertilizantes ha originado una importante contaminación de nitratos, que imposibilita el uso del agua en numerosas poblaciones. Por otra parte, se han ubicado regadíos dentro o en zonas colindantes a humedales protegidos, afectándolos gravemente, como es el caso del Parque de Doñana o el Parque de las Tablas de Daimiel.
Un análisis basado en los diferentes escenarios de cambio climático realizado por el Observatorio de Sostenibilidad y Greenpeace de las zonas de regadío de España concluye que se va a producir una reducción del agua disponible para la agricultura, debido al aumento de la evapotranspiración, al aumentar las temperaturas, a la mayor frecuencia de sequías y a la disminución de las precipitaciones. Las diferentes restricciones van a reducir sí o sí los regadíos.
Las restricciones climáticas podrían reducir los recursos hídricos disponibles en España entre un 12% y un 40% a finales de siglo. Este menor acceso al agua para los cultivos va a suponer una reducción necesaria en los regadíos, que se puede estimar en unas reducciones de entre 130 mil y 220 mil hectáreas para el año 2030, según las definiciones de Censo Agrario, y entre 153 mil y 276 mil, según las definiciones de ESYRCE. La reducción de regadíos va a facilitar mayores caudales ecológicos, ayudando a mejorar considerablemente la situación medioambiental de nuestros ríos y humedales. Además, la reducción de regadíos va a ayudar a producir menos excedentes agrarios, reduciendo materias primas muy utilizadas para la alimentación porcina, como el maíz, el sorgo y las proteínas de harina de soja o de maíz, disminuyendo por tanto la cantidad de macro granjas. Estos cultivos suponen el 9% del total de las superficies de regadío y el 37% de las superficies de cereales de regadío. La reducción del desperdicio alimentario permitirá más caudales para abastecimiento, caudales ecológicos e industria.
Por supuesto, es crucial eliminar los regadíos ilegales, que han sido estimados por WWF en unas 88.000 hectáreas y en unos 220 millones de metros cúbicos de agua subterránea.
En resumen, las diferentes restricciones climáticas, sobre zonas sobreexplotadas, sobre zonas protegidas y sobre zonas de acuíferos contaminados, van a exigir una reducción de entre 800 mil y 1 millón de hectáreas en los próximos años.
Es el momento de encarar una auténtica transición agroecológica, favoreciendo la producción ecológica y las técnicas regenerativas, cuidando la fertilidad del suelo, la biodiversidad, la salud de las personas que trabajan en el campo y de las consumidoras. Incorporar la soberanía alimentaria y birregional y una perspectiva ecofeminista a la transición agroecológica, apoyando rentas dignas, precios justos, dietas saludables para todas las personas, asumiendo las tareas de cuidados de forma equitativa y reduciendo el transporte y el desperdicio alimentario. Priorizar en la compra los alimentos ecológicos, de temporada, circuito corto, de empresas de la economía social y solidaria y favorecer la formación -al personal vinculado- en alimentación saludable y ecológica y desperdicio cero. Impulsar un desmantelamiento de la agricultura y ganadería industrializadas y contaminantes mediante planes territoriales de transición agroecológica justa en los que participe la ciudadanía y el acceso a la tierra a través de bancos de tierra u otras formas de acceso social a la tierra, dando prioridad a residentes en los pueblos, para frenar el despoblamiento rural y favorecer el relevo generacional.
La historia del regadío en España desde 1940 es la historia de un éxito productivo basado en una enorme inversión pública, que ha contaminado de forma insostenible los acuíferos y tenido importantes efectos negativos sobre ecosistemas, que ahora se enfrenta al reto de compaginar su expansión con la gestión sostenible de un recurso cada vez más escaso: el agua. Para lo cual no hay más salida que el decrecimiento.
Decrecimiento del sector turístico en España
España, desde 1940, se transformó para convertirse en una de las principales potencias turísticas del mundo. Actualmente es el segundo destino más turístico del mundo, con cerca de 100 millones de visitantes extranjeros.
Tanto la costa como las montañas son las zonas turísticas más vulnerables al cambio climático, como explica el Ministerio de Transición Ecológica en su Análisis de impactos sobre el sector turístico. En las montañas, se debe al “acortamiento de la temporada de turismo de nieve por la menor cobertura, especialmente a bajas altitudes” y por la disminución de precipitaciones de nieve. El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático del CSIC señala que los inviernos ya son más cálidos y “están reduciendo los días con nieve acumulada suficiente, se retrasa el inicio de las temporadas y esto conlleva implicaciones económicas negativas para las estaciones y las zonas rurales dependientes de la nieve”.
En el caso del litoral, se debe al aumento de fenómenos meteorológicos extremos en la costa, tormentas, temporales, galernas, al aumento del nivel del mar, pero también al aumento de sequías, que hacen que haya menos cantidad de agua disponible para el turismo, que es un sector altamente demandante. Este limitado recurso natural que es la costa es un bien común y no puede privatizarse a pesar de incluso intentos recientes en 2016.
Por otra parte, los viajes de los turistas suponen una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de las grandes emisiones producidas por las aerolíneas y por el transporte por carretera. Es sabido que los turistas consumen mucha más agua que los habitantes de los territorios. Por otra parte, el turismo concentrado en determinadas partes de las ciudades está ocasionando la gentrificación turística, que supone la transformación de un barrio residencial o tradicional en una zona de alto valor económico para turistas, desplazando a los residentes originales de menores ingresos, convirtiendo las ciudades en ciudades escaparate, sin vida vecinal real.
Finalmente, se está empezando a producir en determinados puntos concretos el rechazo o incluso el sentimiento de hostilidad de la población local hacia el turista y el turismo masivo, causado por la gentrificación y la turistificación.
El impresionante crecimiento turístico en España desde los años 1940, aunque exitoso en lo económico, ha sido extraordinariamente desordenado y con escasa planificación, generando un fuerte impacto ambiental y urbanístico en las costas y en las grandes ciudades. El modelo ya ha empezado a mostrar signos de agotamiento y todo señala que debe enfrentarse a nuevos desafíos. Sin embargo, el éxito arrollador se enfrenta ahora a las contradicciones de su propio crecimiento.
El sector ha pasado de ser una solución económica en los años 60 a generar desafíos complejos en la actualidad. En las islas y las grandes ciudades es donde más se está viendo esta capacidad de acogida totalmente sobrepasada. Tenerife, por ejemplo, recibe más turistas que todo Brasil o toda Australia. En 2023, a las Islas Canarias llegaron 13,9 millones de turistas, esto es, aproximadamente seis veces más que la población de las propias islas, de 2,2 millones, según cifras oficiales.
Se han llevado a cabo numerosas manifestaciones en Palma de Mallorca y en todas las Islas Canarias con lemas tales como «Canarias tiene un límite»: las multitudinarias protestas contra el turismo masivo que dicen abruma a las islas y que han tenido un profundo impacto en el extranjero.
Llevar a cabo un decrecimiento del sector turístico implica controlar los pisos turísticos, poner límites a las plataformas digitales, a la entrada de visitantes y a los vuelos y cruceros, en función de la capacidad de carga de los ecosistemas y el bienestar y la dignidad de las poblaciones locales, primando la justicia social y el equilibrio territorial.
Decrecimiento en el sector energético
El modelo económico actual está basado en los combustibles fósiles, que han propiciado un enorme crecimiento energético y económico en los países del norte global desde que comenzó la revolución industrial. Es un sistema económico basado en el crecimiento y el consumo ilimitados, ignorando que vivimos en un planeta de recursos finitos. Este modelo ha creado graves problemas sociales y ambientales, como los miles de toneladas de gases de efecto invernadero emitidos, pero también las más de 80 mil hectáreas valladas en polígonos fotovoltaicos, por ejemplo, además de los 23 mil molinos de viento.
El cambio climático que vivimos ha llevado a muchos países a iniciar una transición energética, sustituyendo la generación de energía eléctrica de combustibles fósiles por energía eléctrica generada por energías renovables (eólica y solar), en una carrera para conseguir descarbonizar el planeta. Sin embargo, la transición energética que se impulsa reproduce un modelo de transición centralizado, de crecimiento y consumo ilimitados, controlado por grandes corporaciones, manteniendo la dependencia de cadenas globales y reduciendo la soberanía energética local. La transición energética que se impulsa se ha convertido en una oportunidad de negocio para empresas y fondos de inversión, en un negocio especulativo, en vez de una palanca para transitar hacia la energía distribuida y el autoabastecimiento.
En nuestro país, las energías renovables han aumentado en un factor de 1,55 desde el año 2018, sin que se haya logrado disminuir, sin embargo, la dependencia de nuestra economía de los combustibles fósiles.
El proceso de despliegue de las renovables ha sido imparable hasta la primera mitad de 2025 y posteriormente está prácticamente paralizado. Los problemas se acumulan: exceso de generación eléctrica renovable, que desestabiliza la red, sobreoferta con relación a una demanda que disminuye desde el año 2008 en nuestro país, precios negativos de la energía, sobrante de energía eléctrica, sin que lleguen a los ciudadanos las bajadas de precios, al tiempo que se mantiene la pobreza energética; y todo debido a un modelo caracterizado por una enorme especulación y la falta absoluta de planificación.
Los vertidos de energía eléctrica renovable suponen un 12% del consumo de electricidad anual; debido al exceso de producción se ha reducido en 2025 la capacidad de producción anual un 25% en fotovoltaica y un 20% en eólica. Sin embargo, lejos de buscar alternativas adecuadas, se quiere generar más y más energía para alimentar nuevas demandas insostenibles y casi infinitas de recursos naturales, como macro plantas de hidrógeno verde (ineficientes y sin rentabilidad) y de los centros de datos. A estas industrias devoradoras de recursos (territorio, electricidad, agua) se unen las enormes plantas de biometano y de biomasa y los nuevos negocios especulativos de un sistema económico que no quiere pisar el freno y empezar a poner soluciones reales para los retos a los que se enfrenta la humanidad ante el cambio climático y los límites planetarios, con los que hay que aprender a convivir.
Resulta enormemente contradictorio impulsar esta industria no sostenible y especulativa, mientras no aumenta la eficiencia, no se elimina el despilfarro, no se rehabilitan viviendas o no se realizan los cambios estructurales necesarios en sectores vitales como el transporte o la agricultura y la ganadería intensivas.
Este despliegue renovable masivo y caótico está provocando graves problemas medioambientales, agravando la crisis de biodiversidad. Además, la transición energética requiere de una extracción exponencial de minerales escasos y tierras raras necesarios para la fabricación de módulos fotovoltaicos y aerogeneradores. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que la demanda de minerales críticos tendrá que triplicarse para 2030 y cuadruplicarse para 2040 si queremos alcanzar el objetivo de cero emisiones netas. Con la experiencia adquirida con este despliegue caótico de polígonos industriales, donde sistemáticamente se han ignorado las normativas medioambientales y se han invadido espacios protegidos, podemos esperar que el impulso que se quiere dar desde la UE a la minería intensiva va a suponer una gran degradación medioambiental. A los enormes problemas ambientales de la actual transición energética, hay que añadir los problemas sociales, ya que se está destruyendo el tejido económico y social del mundo rural.
Futuros deseables
Decrecer energéticamente significa no sólo prescindir de los combustibles fósiles y de la energía nuclear, sino adoptar una estrategia de transición energética que renuncie al crecimiento y al consumo ilimitados y que quiera proteger los ecosistemas y la naturaleza como herramienta de descarbonización.
Existen alternativas posibles dentro de un contexto de decrecimiento. Hablamos de avanzar hacia un modelo energético distribuido y descentralizado, con mínima afección a los ecosistemas y a la biodiversidad; con la generación energética distribuida y descentralizada en base a energías renovables, utilizando los tejados solares (parkings, balcones, tejados de zonas industriales) y las comunidades energéticas. No se debe seguir invadiendo territorio agrario y ecosistemas cuando tenemos disponibles infraestructuras lineales (vías de ferrocarril, cubrir carreteras/autovías), canales, invernaderos, zonas mineras que no han sido restauradas, etc. Es decir, se deben priorizar las zonas antropizadas respecto a otros ecosistemas. Recordemos que Australia tiene instalados 23 GW en tejados, California 24 y Alemania 66, y España tan solo unos exiguos 9,1 GW.
Sin lugar a la duda, este modelo descentralizado debe incorporar criterios de planificación territorial, justicia global, primar el ahorro de energía y la eficiencia, pero también la suficiencia y el reciclaje, de forma que todos los materiales y productos alarguen su vida útil y puedan ser reutilizados y reciclados. Necesitamos una auténtica economía circular que nos ayude a minimizar la extracción minera y la acumulación de vertidos tecnológicos.
Esto no se puede hacer sin la gente. La participación de la población es fundamental para tomar decisiones y para buscar un futuro común colectivo basado en la inteligencia colectiva y el uso de los bienes comunes, como son la atmósfera, el agua o el suelo.
Este artículo forma parte de Dossieres EsF nº 61: «Más allá del crecimiento: ámbitos para la acción»
