Ángel L. del Castillo – Coordinador de ATTAC España
Paco Cantero – Coordinador de ATTAC Madrid
El texto propone una redefinición estructural del sistema monetario y financiero para priorizar el bienestar humano y la estabilidad ecológica sobre el crecimiento ilimitado. Las instituciones actuales, basadas en la deuda y el consumo de recursos, enfrentan una crisis de sostenibilidad que exige herramientas como impuestos ambientales, regulación de activos «marrones» y la creación de monedas digitales de banco central (CBDC). Contemplamos los desafíos de una transición hacia una economía poscrecimiento mediante la implementación de límites ecológicos vinculantes, reformas fiscales verdes y mecanismos de banca soberana que reduzcan la dependencia del endeudamiento privado. El objetivo central es coordinar la innovación tecnológica con la salud de los ecosistemas, transformando el dinero en un bien común que garantice la resiliencia social y climática a largo plazo
1. Fundamentos de la coordinación social y el bienestar humano-ecológico
La coordinación social constituye el proceso de alineación de decisiones individuales y colectivas hacia objetivos de estabilidad, equidad y resiliencia. En la actual coyuntura de policrisis, debemos reconocer que el bienestar humano y la salud de los ecosistemas no son metas paralelas, sino que mantienen una jerarquía funcional: la integridad de la biosfera es el requisito previo no negociable para cualquier forma de estabilidad económica. El dinero, lejos de ser un mero velo sobre el intercambio, actúa como el lubricante central que determina qué actividades son coordinadas y cuáles son marginadas.
Para alcanzar una economía de suficiencia, la sociedad opera a través de cinco niveles de coordinación interrelacionados:
Enfrentamos un «fallo de coordinación intertemporal» sistémico: los beneficios privados de la explotación de recursos son inmediatos, mientras que los costes ecológicos son difusos y futuros. El impacto estratégico de internalizar estas externalidades es vital; se requiere una reingeniería para que conservar el capital natural sea financieramente más rentable que su destrucción. En esta estructura, el dinero es el vector que debe dejar de financiar el agotamiento para empezar a lubricar la regeneración
2. El dilema estructural: el sistema basado en deuda vs. sostenibilidad fuerte
El dinero no es un espectador neutral; su diseño actual es el motor de un imperativo de crecimiento material perpetuo que colisiona frontalmente con los límites biofísicos del planeta. El sistema predominante, basado en la creación de dinero mediante deuda privada con intereses, genera «obligaciones nominales fijas» que fuerzan una expansión económica constante para evitar el colapso financiero por impagos. En contextos de elevada financiarización y endeudamiento agregado, la necesidad de mantener la solvencia del sistema tiende a favorecer dinámicas de expansión económica continuada, especialmente cuando no existen límites regulatorios claros.
Este diseño es incompatible con la «sostenibilidad fuerte», que reconoce que el capital natural no es infinitamente sustituible por capital financiero. Para resolver este dilema, es imperativo implementar un Triángulo de Compatibilidad sistémico:
> Caps ecológicos vinculantes: techos socialmente acordados y con base científica sobre el uso de recursos (carbono, agua, suelo).
> Precios y regulación alineados: penalización de lo «marrón» y fomento de lo regenerativo para que la rentabilidad privada respete la realidad física.
> Reforma monetaria-financiera: un rediseño que incluiría figuras como el demurrage (tarifa por ahorro pasivo) sobre el capital ocioso que supere determinados umbrales, transformando gradualmente el dinero de un activo de acumulación extractiva en un medio de intercambio circulatorio
Esta reforma es el primer paso hacia una arquitectura donde las finanzas sirvan a la vida y no a la expansión geométrica de la deuda, aunque su implementación requiere un cuidadoso diseño que evite efectos indeseados sobre el ahorro popular.
3. Operaciones de banca central: el giro verde y la gestión de riesgos sistémicos fuerte
Bajo el marco de la «incertidumbre radical», los bancos centrales han comenzado a evolucionar su mandato. La estabilidad de precios es hoy inseparable de la estabilidad climática; la dependencia de los combustibles fósiles genera fosilflación y riesgos físicos que amenazan la solidez del balance público. Por ello, el BCE debe aplicar un marco de «Doble Materialidad«, evaluando tanto cómo el clima afecta a las finanzas como el impacto ecológico de sus propias políticas.
Para gestionar estos riesgos, se proponen los siguientes instrumentos operativos y prudenciales, alineados con los estándares de la NGFS (Network for Greening the Financial System):
1. Ajustes de colaterales y haircuts: aplicar descuentos de valoración significativos a los activos «marrones» que los bancos entregan como garantía. Si un activo es ecológicamente riesgoso, su capacidad de generar liquidez en el Eurosistema debe ser drásticamente reducida.
2. Escenarios climáticos y stress tests: integrar obligatoriamente la degradación de la naturaleza y los puntos de inflexión climáticos en la supervisión bancaria, basándose en la directiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
3. Gestión activa de carteras: avanzar desde la neutralidad de mercado hacia criterios de eficiencia climática, lo que implica evaluar la venta progresiva de bonos de empresas que expanden la extracción fósil y la reinversión en activos alineados con el Acuerdo de París para proteger el balance público de los «activos varados».
Estas medidas reducen el subsidio implícito a la destrucción ambiental y establecen un puente hacia la dirección directa del crédito en la economía real.
4. Dirección del crédito y reforma de la banca de reseva
La transición hacia una economía del bienestar exige canalizar el crédito hacia la «suficiencia, los cuidados y la resiliencia» (rehabilitación energética, agroecología), en lugar de la expansión material. El instrumento operativo clave son los TLTROs Verdes (operaciones de refinanciación a largo plazo dirigidas).
En el debate sobre el futuro del sistema bancario, algunas voces plantean la conveniencia de avanzar hacia modelos de “mayor soberanía monetaria”. En esta línea, propuestas como la Banca de Reserva 100% o Dinero Soberano plantean retirar a la banca privada la capacidad de creación de dinero, otorgando el monopolio de emisión al Estado. Bajo esta arquitectura, el Estado podría financiar parte del gasto público (sanidad, educación y renta básica universal) mediante la emisión monetaria, trasladando el debate fiscal de “¿hay dinero?” a “¿hay recursos reales disponibles?”. La soberanía monetaria permitiría superar las restricciones de financiamiento que impone la austeridad. Esta propuesta necesitaría acompañarse de mecanismos democráticos de control y trazabilidad, donde la tecnología de registro distribuido (DLT) podría jugar un papel para asegurar la transparencia de que cada unidad emitida cumpla su función social.
5. Arquitectura del euro digital (CBDC) y salvaguadas financieras
El euro digital se concibe como un pasivo directo del banco central, funcionando como un ancla de soberanía en la era digital. Para evitar que su liquidez inmediata facilite corridas bancarias digitales en momentos de pánico, el diseño integra un sofisticado «Kit de Salvaguardas»:
> Límites de tenencia (holding limits): techos cuantitativos (ej., 3.000 €) para evitar la desintermediación bancaria masiva.
> Remuneración escalonada: tipos de interés nulos para el uso transaccional, incentivando que el ahorro a largo plazo permanezca en el sistema comercial.
> Mecanismo de cascada (waterfall) bidireccional: vinculación automática entre la wallet digital y la cuenta privada. Si un pago recibido excede el límite de tenencia, el excedente fluye al banco comercial; si una compra requiere más fondos de los disponibles en CBDC, el sistema extrae la diferencia de la cuenta bancaria.
La infraestructura DLT puede mejorar significativamente la trazabilidad y transparencia del gasto público, reduciendo espacios de opacidad, aunque no sustituye los mecanismos institucionales clásicos de control democrático y rendición de cuentas, legitimando el derecho del Estado a crear dinero para el bien común. Este carril digital es la base para una política fiscal ecológica de precisión.
6. Sinergia fiscal-monetaria: el EIVA y los tokens ecológicos
En un contexto de soberanía monetaria plena, la función recaudatoria se complementa con una función macroeconómica clave: regular liquidez, redistribuir renta y orientar el patrón productivo.
El núcleo de este sistema es el Impuesto Ecológico al Valor Añadido (EIVA):
> EIVA cero: bienes esenciales y regenerativos (alimentos ecológicos, transporte público, reparaciones). Garantiza que la vida sostenible sea el camino de menor resistencia económica.
> EIVA bajo: productos con baja huella de carbono certificada; mecanismo estándar de regulación de liquidez.
> EIVA alto: bienes intensivos en energía fósil o de obsolescencia programada.
> EIVA máximo (100%-300%): tasas disuasorias para productos que violan los límites físicos críticos o principios de circularidad.
Complementariamente, la Agencia de Límites Ecológicos (ALE) -un organismo científico independiente análogo a un banco central de la naturaleza- gestionará los tokens de límites ecológicos:
> Tokens de Permisión: representan derechos limitados de emisión o extracción, ajustados a los límites planetarios innegociables.
> Tokens de Compensación: generados por actividades verificadas de restauración ecosistémica, creando un flujo financiero hacia la regeneración.
Esta sinergia permitiría explorar la reducción del IRPF para salarios bajos y medios, liberando al factor trabajo de cargas fiscales y trasladando la presión hacia el throughput (flujo de materiales y energía).
7. Conclusiones: gobernanza del largo plazo y resiliencia biorregional
La transición hacia una economía del bienestar no es una utopía opcional, sino una necesidad funcional ante la convergencia de la crisis climática y el desplazamiento del empleo por la IA. La automatización exige una renta básica universal financiada soberanamente, mientras que la escasez de recursos exige un control fiscal (EIVA) y monetario (demurrage) riguroso.
Los desafíos principales a los que se enfrenta esta propuesta son los siguientes:
1. Viabilidad política: las reformas propuestas afectan a intereses poderosamente arraigados. Será necesario construir mayorías sociales y políticas mediante procesos participativos que generen legitimidad y confianza.
2. Coordinación internacional: para evitar fugas de capital y deslocalizaciones, estas reformas deberían acompañarse de acuerdos comerciales con clausulas ambientales, como el CBAM europeo (Carbon Border Adjustment Mechanism), y de la creación de clubs de países pioneros que avancen conjuntamente.
3. Protección de derechos: la trazabilidad digital debe equilibrarse con el derecho a la privacidad. Es necesario garantizar el anonimato en transacciones menores.
4. Gradualismo: las reformas deben implementarse por fases, con evaluaciones continuas y capacidad de corrección. Los cambios bruscos podrían generar inestabilidad y rechazo social.
La gobernanza de este nuevo sistema descansa sobre dos pilares:
1. Asambleas ciudadanas: para otorgar legitimidad deliberativa a la definición de los límites ecológicos y la justicia distributiva.
2. Blindaje constitucional: protección por referéndum de los pilares del dinero soberano y los límites biofísicos para evitar su reversión por intereses corporativos o electorales de corto plazo.
La verdadera estabilidad financiera solo existe dentro de la estabilidad ecológica. Bajo esta arquitectura, el dinero recupera su papel legítimo: dejar de ser el amo de la expansión para convertirse en el sirviente de la vida. El camino no será fácil ni lineal, pero la reflexión colectiva y el debate informado son el primer paso para construirlo..
Este artículo forma parte de Dossieres EsF nº 61: «Más allá del crecimiento: ámbitos para la acción»
