En este caso, Sandra Morán nos comenta lo que se habló en el taller sobre “Reformas legislativas contra la protesta ciudadana. Código Penal y Ley de Seguridad Ciudadana, organizada por “No somos delito” en el FSM.
¿Qué cable se le ha cruzado a la ciudadanía española para que se tengan que endurecer las leyes que castigan las conductas humanas más reprobables? ¿Qué ha pasado para que el Gobierno del país más soleado de Europa de repente decida restringir derechos y libertades que parecían intocables? La respuesta es clara y contundente: no hay justificación alguna ni motivación suficiente para poner en marcha una reforma de este calado, y para muestra, un dato: la tasa de criminalidad en España es de 35 delitos por cada 10000 habitantes frente a los 70,4 en la UE. ¿Supone esto que es necesario tipificar más conductas o endurecer aún más las ya existentes? La reforma que entra en vigor en unos meses liquida las faltas penales, convirtiendo conductas como el hurto o la venta de cd´s pirata en delitos leves e introduciendo como agravante la profesionalidad de la conducta. Además, la novedad más llamativa es el establecimiento de la Prisión Permanente Revisable que no es más que una condena sin horizonte final, más cercana a la cadena perpetua que a la reinserción del preso recogida en la Constitución Española. Además de todo eso, se criminaliza la actuación humanitaria, castigando a las ONG´S que ayuden a entrar a extranjeros en territorio nacional o, incluso, a cualquier persona que alquile una habitación de su casa a un extranjero sin papeles. Otra de las reformas más cuestionadas es la que castiga el “escrache”, una práctica que estaba adquiriendo cierta notoriedad en España a raíz del flagrante problema de los desahucios, que no es más que una expresión del descontento de la ciudadanía con las actuaciones y la sordera crónica de sus dirigentes.
A su lado, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que se ha encontrado de frente con la oposición frontal de asociaciones, Jueces, Partidos Políticos y Organizaciones No Gubernamentales, la cual trae la represión en forma de infracciones de conductas que para muchos son materializaciones de la libertad de expresión o del derecho de reunión y manifestación, como la realización de determinados comentarios en las RRSS o la “falta de respeto y de la consideración debida a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones”; en este último caso, sin especificarse cuál es el criterio para considerar que un comentario o actuación supone una falta de respeto o consideración debida a estas personas. Llama la atención también la creación de un llamado Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, en el cual se incluirán los datos de cualquier ciudadano que cometa una infracción y que condicionará la obtención por él de determinadas autorizaciones administrativas (como por ejemplo, los permisos de residencia para extranjeros).
Vistas así las cosas, el Gobierno español parece pensar que hace falta aún más mano dura con la ciudadanía, ya que nos hemos empeñado los españoles (que oye, a cabezones no nos gana nadie, la Historia nos avala), en seguir protestando y luchando por recuperar los derechos y libertades que, en forma de recortes en Sanidad, Educación, Dependencia, Prestaciones Sociales, Ayudas, sobres, desahucios, corrupciones variadas, paraísos fiscales y demás, nos han robado a mano armada. Y es que, en el país del flamenco, del sol, de los aeropuertos sin aviones de las casas sin gente y la gente sin casa, no estamos para Fiestas.”
