19 julio, 2018
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Economía Social y Solidaria: ni entramado ni clientelismo

Por Ana Encinas Díaz

Artículo publicado en eldiario.es, 31 de mayo, 2018

 

Algunos medios de comunicación convencionales se lanzaron hace poco más de un mes a la generación de una falsa polémica en torno a la relación que desde el Ayuntamiento de Madrid se mantiene con el tejido cooperativo de la ciudad. Las secciones dedicadas a información de Madrid en El País y El Mundo consideraron que la tormenta que terminó forzando la dimisión de Cifuentes era el mejor momento para hablar del volumen de la contratación menor en el Ayuntamiento de Madrid y, en concreto, la facturación que a través de este mecanismo de contratación pública había recaído sobre entidades de la Economía Social.

Bajando a lo concreto, para El País las informaciones ofrecidas entraban dentro del marco de “una investigación (…) que los lectores tienen derecho a conocer, gobierne quien gobierne” y se escudó en la veracidad de los datos publicados. Además a través de Lola Galán, la defensora del lector, el diario recordaba que “en un país democrático la prensa tiene una misión fiscalizadora de enorme importancia que no debe ser torpedeada bajo ningún concepto”. Hasta aquí es fácil estar de acuerdo con la defensa de los contenidos vertidos sobre la Economía Social y Solidaria (ESS). Sin embargo, este postulado no justifica bajo ningún concepto el uso tendencioso, el maltrato informativo y la parcialización con el que estas empresas periodísticas han intentado machacar durante un mes al tejido organizado que en esta ciudad trabaja por la consolidación de formas de economía ajenas a la lógica capitalista. Economías sociales, solidarias, feministas, sostenibles y que se basan en la cooperación y no en la competencia o el lucro.

Nadie puede discutir que cada medio de comunicación establece su línea editorial y no es ninguna sorpresa que empresas del tamaño de Prisa o Unidad Editorial tienen poco en común con los valores que sostienen los objetivos de la ESS, pero justificar lo que ha sido un ataque mediático en el derecho a la información para despejar las críticas a su labor periodística no deja de ser tramposo. Y es que, analizando sus excusas, ¿no consideran de interés para el lector el vínculo que el mismo Ayuntamiento mantiene con estas sociedades? Sus convenios de colaboración, patrocinios o inversiones de fondos públicos en publicidad institucional también son datos a los que se puede acceder a través del portal de transparencia del Ayuntamiento, pero no han sido aún merecedores de ninguna investigación y, menos, han ocupado titulares. De entrada, y al margen de criterios políticos, esta colaboración es igual de lícita que la que se fomenta con el tejido cooperativo de Madrid.

La publicación orquestada y escalonada de informaciones sesgadas disfrazadas de hecho noticiable y novedoso, además de distraer a la audiencia del fraude del master de Cifuentes y su episodio con las cremas, sirvió para que PP, Cs y PSOE pudieran colgar de estos titulares su oportunismo político y discursivo. Sin ir más lejos, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid hablaba abiertamente de “red clientelar”. Evidentemente, Almeida azuzaba sin poder probar ni una sola irregularidad en la contratación y sin haber denunciado esta presunta “trama” ante los tribunales, por más que las querellas de humo hayan caracterizado la labor política desde la oposición de su grupo y Cs durante esta legislatura.

La información sometida al interés político de la oposición

Para el PP -banda organizada para el saqueo de fondos públicos desde el poder político, como ha confirmado recientemente la sentencia de la Gürtel-, la contratación legal de servicios a cooperativas o las medidas municipales aplicadas para reforzar la labor de la ESS supone ahora “fomentar una red clientelar”; en la campaña electoral de 2015, sin embargo, prometían estudiar las fórmulas necesarias para que la economía social jugase en Madrid “un papel fundamental”. En debate organizado en mayo de 2015 por la Federación de Cooperativas Madrileñas (FECOMA), el candidato Carlos Izquierdo se posicionaba claramente a favor de “reducir las trabas administrativas a las empresas de la economía social” y aludía a la necesidad de aumentar los conciertos públicos con este tipo de entidades dado su rol como “aliadas”. En la misma línea se posicionó Alberto Reyero (Ciudadanos), defendiendo la inserción de cláusulas sociales y proponiendo ventajas fiscales a través de “bonos de impacto social” que beneficiasen a las iniciativas cooperativas basadas en la no competitividad. Se mostró además muy favorable a la existencia de convenios para beneficiar a este tipo de entidades porque “un factor importante es que no se persiga el lucro”. De hecho, y sin que resulten ejemplares las medidas del gobierno de la Comunidad de Madrid para impulsar el cooperativismo, el 3 de mayo de este año se publicaba un acuerdo del Consejo de Gobierno para reservar hasta un 8% del importe en la licitación de contratados a favor de empresas de inserción, que se incrementará hasta un 10% en los próximos años. Además, también se incorporaba la posibilidad de que las entidades de la ESS accediesen de forma prioritaria a determinados procesos de contratación.

El fomento de una economía justa que sitúe a las personas en el centro es un compromiso político que Ahora Madrid adquirió hace tres años en las urnas y es prioritario defender tanto la legitimidad de cada expediente como los efectos positivos que el crecimiento de economías no lucrativas y alternativas al capitalismo tiene sobre la sociedad. Es fundamental no dejarse arrastrar por una presión mediática desatada por los grupos empresariales de Prisa y Unidad Editorial y que se enmarca en su papel de dique de contención de las políticas de cambio de cara a la generación de opinión pública. La equiparación con prácticas corruptas a base de informaciones tendenciosas redactadas con el objetivo de sembrar sospechas infundadas, la información contada a medias, la no diferenciación entre contratación menor y concursos públicos, el señalamiento público de personas que no han cometido ninguna irregularidad, la comparación con Bárcenas, el uso de terminología propia de las informaciones sobre hechos delictivos (trama, entramado, conexión…) y el desigual trato a la información dependiendo de si el objeto es el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad son síntomas de manipulación informativa por más que se retuerzan datos verídicos hasta la deformación. El País y El Mundo han incurrido en este tipo de prácticas y las han justificado tirando de dignidad profesional y de una supuesta relevancia informativa. Eso sí, cuando el 30 de abril los mismos medios vendieron su portada íntegra a una reconocida empresa de automoción, el discurso del deber informativo y la libertad de prensa pasó, por desgracia, a un segundo plano.

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