Cuando se cumplen 10 años del asesinato de Berta Cáceres, Economistas sin Fronteras nos hemos adherido a la carta dirigida al Embajador de Honduras, suscrita por 170 organizaciones de la sociedad civil, en la que exigimos verdad, justicia y reparación para Berta. Este mes de marzo volvemos a decir “Berta vive, su lucha sigue”.
La lucha de Berta Cáceres por la defensa del medio ambiente y la justicia social le costó la vida, a manos de una operación criminal organizada con motivación empresarial para proteger intereses vinculados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca (Honduras).
Asimismo, las organizaciones han denunciado la violencia sistemática contra comunidades y personas defensoras del territorio en Honduras y en toda América Latina.
Reproducimos a continuación la carta enviada el Embajador de Honduras.
Carta al Embajador de Honduras en el décimo aniversario del asesinato de Berta Cáceres
Dr. Marlon Brevé Reyes
Embajador de Honduras en España
Señor Embajador:
Por medio de la presente, las organizaciones firmantes, todas con años de experiencia y un intenso trabajo en distintos ámbitos de derechos humanos en Centroamérica y Honduras, queremos hacerles llegar nuestro total respaldo a las exigencias de justicia, que durante una década han sostenido la familia de Berta Cáceres, el Consejo Popular e Indígena de Honduras (COPINH) y miles de personas, comunidades, colectivos y organizaciones alrededor del mundo.
Hoy se cumplen 10 años de la siembra de nuestra hermana y compañera defensora de derechos humanos, y aunque estos hechos han sido esclarecidos por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes para el caso de Berta Cáceres (GIEI Honduras), las instancias del sistema penal hondureño no han sido capaces de identificar y sancionar a los principales responsables -autores intelectuales y financiadores- de su asesinato.
Este caso ejemplifica el hostigamiento y represión que se ejerce en contra de las comunidades y organizaciones que resisten frente a las presiones de los modelos extractivistas y del riesgo de muerte que enfrentan quienes se oponen a ellos. Igualmente es un claro ejemplo de la corrupción y de la violencia racista, patriarcal e institucional con la que el sector corporativo y las instituciones del Estado han actuado y actúan en contra de quienes legítimamente habitan los territorios y que resultan incómodos para sus intereses.
Es por ello, y porque seguimos honrando la memoria de Berta y sus luchas, que continuamos reclamando que se determine la responsabilidad de todas las personas, empresas e instancias nacionales e internacionales que hicieron posible el asesinato de nuestra compañera y que este haya permanecido en la impunidad durante 10 años, así como de la estructura criminal que, con el fin de resguardar los intereses de la familia Atala Zablah, ha continuado desarrollando acciones de violencia y represión en contra de la comunidad de Río Blanco y el COPINH.
A casi diez años del crimen contra Berta, persisten las causas estructurales que lo hicieron posible. Por ello, junto a la familia Cáceres y el COPINH seguiremos exigiendo los cambios igualmente estructurales que son necesarios para que el Estado hondureño cumpla con las obligaciones de verdad, justicia y reparación en este caso y que se implementen las acciones incluidas en la hoja de ruta propuesta por el GIEI para que el estado de Honduras repare a las víctimas del asesinato de Berta Cáceres y de la violencia contra el COPINH y la comunidad de Río Blanco.
¡Para Berta, toda la verdad y toda la justicia!
¡Justicia para Berta es justicia para el mundo!
Atentamente,
ORGANIZACIONES FIRMANTES
