Entre la espada y la pared de los tratados de comercio e inversión

Por Sergio Rubio García

Artículo publicado en CTXT, 13 de Junio,2018

Desde la década de los 80 estamos asistiendo a un proceso de redefinición del sistema capitalista que pretende imponer unas nuevas reglas de juego en el sistema económico actual. Con la llegada de Margaret Thatcher y Ronald Reagan a los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos respectivamente, asistimos a una avalancha de políticas que giraban en torno a la desregulación de los mercados, reducción del gasto público y al fomento de la apertura de las economías al comercio exterior, que contribuyeron a definir las reglas de juego a nivel económico mundial y a que las grandes empresas transnacionales se convirtieran en las grandes protagonistas de la economía globalizada.

Dicho proceso de liberalización comercial mundial pareció sufrir un varapalo con el fracaso de la Ronda de Doha en 2001, que supuso el estancamiento de las negociaciones. Ante esta nueva situación, muy pronto comenzaron a proliferar tratados de libre comercio entre países y las características de los mismos han ido evolucionando. La opacidad en la mayoría de las negociaciones así como las implicaciones de las mismas en aspectos sociales, medioambientales, laborales… mantienen en alerta a la sociedad civil que desde hace años trata de dar seguimiento a lo que está sucediendo a través de diferentes plataformas o campañas.

TISA (Acuerdo de Comercio de Servicios), JEFTA (Acuerdo de Libre Comercio Japón-Unión Europea), TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión), CETA (Acuerdo Económico Integral y de Comercio entre la Unión Europea y Canadá) son sólo algunos de los principales tratados de comercio e inversión de última generación que están siendo actualmente negociados o en proceso de ratificación y que debido a sus características pueden tener unas repercusiones que hasta ahora no conocíamos.

A modo de ejemplo: El TTIP

La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), más conocido por sus siglas en inglés como el TTIP, es el tratado que más presencia ha tenido en los medios y más recelo y movilizaciones sociales ha generado en Europa. Aunque el TTIP parece que está estancado por la aparición de Trump en el escenario político, nos sirve como referencia para analizar los posibles impactos que pudieran tener este tipo de tratados.

Las previsiones económicas sobre el TTIP se pueden ver en informes como el de la consultora internacional Ecorys o el del Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales. El primero estima un crecimiento del 0,3 por ciento del PIB de la Unión Europea más cada año que sin el TTIP y una subida del 0,5 por ciento de los salarios reales en los próximos 10 años. El segundo informe estima un crecimiento de los salarios reales y el PIB de la Unión Europea entre un 0,3 y 1,3% en el más positivo de los escenarios liberalizados.

Dichas previsiones parecen estar en tela de juicio ya que los modelos econométricos utilizados para realizar las estimaciones pueden considerarse como altamente especulativos y poco realistas en tanto que asumen pleno empleo y presupuestos equilibrados; asimismo, se centran en los impactos a largo plazo sin tener en cuenta los posibles efectos adversos a corto y medio plazo. Además no han tenido en cuenta los riesgos de inversión, no contienen información cualitativa sobre las inversiones, las suposiciones en las que se basan se han idealizado y no se han tenido en cuenta la calidad de los empleos generados.

Cabe decir que estimaciones similares se hacían también con la introducción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Dado el largo recorrido del tratado, resulta interesante reflexionar sobre el análisis realizado por el Center for Economic and Policy Research a los 23 años de la implantación del mismo: “si bien algunos de los cambios en las políticas públicas fueron positivos, el resultado final ha sido el del fracaso económico en la mayoría de los indicadores sociales y económicos”. Tras constatar entre otros el aumento de los índices de pobreza, el aumento del desempleo y la emigración y los impactos negativos en la agricultura y en las familias campesinas, se preguntan también “cómo estos resultados no provocan un mayor debate público para ver qué fue lo que no funcionó”.

Algunos impactos del TTIP: mercado laboral, medioambiente y agricultura

En lo que al mercado laboral se refiere, el Bertelsmann-Stiftung en su informe “Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Who benefits from a free trade deal?”, tras la completa liberalización del mercado, cifra la creación de empleo en más de dos millones de puestos de trabajo indirectos y de un aumento del 2,34% en los salarios reales, en los países de la OCDE. Estas previsiones chocan con algunas de las estimaciones dadas por otros estudios como el “Non-Tariff Measures in EU-US. Trade and Investment. An economic Analysis” de la consultora ECORYS que alerta del riesgo de desempleo en aquellos sectores que requerirán de reestructuración y que se incluyen en el acuerdo como son los productores de carne, los de azúcar, de madera, alguna industria de la UE como maquinaria eléctrica, equipo de transporte y de metal. Cifran los desplazamientos de puestos de trabajo de sectores menos a más desarrollados en 680.000 y 1,3 millones. Otros estudios, como el “The Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership” del Global Development and Environment Institute han apuntado que en el contexto de políticas de austeridad en Europa, las elevadas tasas de desempleo y el poco crecimiento del PIB, se pueden perder alrededor de 600.000 de empleos solamente en la UE y que también se dé una considerable bajada de salarios.

El TTIP no sólo afectaría al mercado laboral de manera cuantitativa, sino también cualitativa, pues también se verán mermados los derechos de los/as trabajadores/as debido a la homologación de las normas laborales con la estadounidense. Es importante recordar que Estados Unidos se ha negado a ratificar convenios de la OIT, incluyendo aquellos que se refieren a la libertad de asociación y a las prácticas sindicales, y que su mercado laboral está mucho más desregulado que el europeo. Como apunta la profesora de Derecho del trabajo Adoración Guamán Hernández en El CETA al descubierto, los   tratados   provocan   tres   dinámicas:   limitan   directa   o indirectamente la  capacidad  de  regular  en  materia  de  trabajo  y  de  seguridad  social  del  Estado  y  sus Administraciones  públicas;  impulsan  la  competencia  entre  Estados  para  atraer  las inversiones  mediante  la  rebaja  de  las  normas  reguladoras  de  derechos  laborales  y  sociales y, con el fenómeno de dumping social instalado como práctica empresarial habitual, se  acaba  provocando  una  carrera  a  la  baja  de  los  estándares socio laborales.

En el informe “TTIP, CETA y TISA: blindajes perfectos para criminales climáticos” de Ecologistas en Acción se resalta que uno de los impactos más inmediatos en el medio ambiente es que se podría ver frustrado el cambio de modelo energético hacia la energía renovable que pretende llevar a cabo la Unión Europea. Se prevé un aumento de exportaciones de Estados Unidos a Europa tanto de gas natural como de petróleo crudo, lo que seguramente conllevaría más fracking, dependencia de los combustibles fósiles y una subida en las emisiones de gases de efecto invernadero.

Algunos informes, como el realizado para la Comisión de Energía, Investigación e Industria del Parlamento Europeo “TTIP: Impactos en el sector de la energía y en la industria manufacturera europeas” alertan también sobre el potencial debilitamiento de algunas legislaciones como la autorización y restricción de químicos  (REACH – Authorisation and Restriction of Chemicals).

Con respecto al sector primario, la firma del tratado, como ya se viera en México bajo el TLCAN, promovería la agricultura industrial de exportación en detrimento de los sistemas de agricultura y producción de alimentos locales, con los consecuentes efectos negativos para las economías rurales, por ejemplo.

Arbitraje de diferencias inversor-estado (ISDS)

Uno de los instrumentos presentes en la mayoría de los tratados de comercio e inversión, también en el TTIP, y que merecen una especial atención es el arbitraje de diferencias inversor (extranjero) y Estado más conocido por sus siglas en inglés como el ISDS, renombrado hace poco como ICS (Investment Court System) por la Comisión Europea. Dicho tribunal de derecho internacional privado va más allá de los que tradicionalmente conocemos (como CIADI, el Sistema de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio, La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, etc.) que surgieron en América Latina en los años ochenta y noventa en los tratados firmados con países que no contaban con sistemas judiciales fiables o estables para los inversores. El ICS pone a las empresas al mismo nivel que los estados ante un tribunal de arbitraje y prioriza el derecho del inversor extranjero. Cabe decir que al menos se observan mejoras en el proceso de selección de árbitros, reglas éticas más severas y el establecimiento de un órgano de apelación. El ICS permitiría que se interpongan demandas de inversores contra medidas legítimas tomadas por los estados para proteger la salud, el medio ambiente y otros intereses públicos, que en Europa están mucho más protegidas y desarrolladas que en Estados Unidos. Este instrumento limita por lo tanto la capacidad de los gobiernos para legislar e implementar políticas públicas que respondan a las demandas de los ciudadanos.

En “Cuando la injusticia es negocio: Cómo las firmas de abogados, árbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje de inversiones” publicado por el Corporate Europe Observatory y el Transnational Institute, se recogen múltiples ejemplos de tribunales de arbitraje, como los casos de la empresa Vattenfall contra el estado alemán; la multinacional sueca de energía ha interpuesto dos demandas contra el Estado alemán. La primera en 2009 por 1.400 millones de euros en concepto de indemnización por las restricciones ambientales impuestas a una de sus centrales eléctricas de carbón. El caso se resolvió fuera de los tribunales, después de que Alemania aceptara relajar su normativa ambiental. La segunda tuvo lugar en 2012, a raíz de que tras la catástrofe de Fukushima el gobierno alemán decidiera comenzar a abandonar la energía nuclear, en la que reclamaban 3.700 millones de euros por la pérdida de ganancias con respecto a dos de sus centrales de energía nuclear.

Otro caso destacable, éste en el ámbito de la salud pública, es el de Philip Morris contra Uruguay, en el que, amparándose en tratados bilaterales de inversión, el gigante del tabaco demandó a Uruguay por sus leyes antitabaco. Según la empresa, las grandes etiquetas de advertencia que deben llevar obligatoriamente las cajas de cigarrillos le impiden mostrar efectivamente sus marcas comerciales, lo cual le genera una notable pérdida de cuota de mercado. En este caso, tras 6 años de litigio en los que el estado uruguayo tuvo que hacer frente a importantes costas, el tribunal de arbitraje falló a favor de Uruguay.

Una esperanza puesta en el Tratado Vinculante

A partir de la resolución 26/9, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2014, se formó el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos (OEIGWG), donde se está desarrollando la propuesta de un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. La intención es que se aprueben una serie de normas internacionales de carácter vinculante para las grandes corporaciones, obligándolas así a cumplir con los Derechos Humanos. Hasta el momento el cumplimiento de los mismos se basa en la voluntariedad; los múltiples casos de vulneración de derechos en todo el planeta confirman que la voluntariedad no es suficiente. Un Tratado vinculante supondría hacer efectiva la jerarquía superior del Derecho Internacional de los derechos humanos frente a las normas de comercio e inversión. Actualmente, las principales oposiciones están en el no reconocimiento por parte de Estados Unidos del resultado que salga y el continuo bloqueo por parte de la Unión Europea, dificultando el debate e intentando que se impongan como principios rectores en vez de que se establezcan con carácter vinculante. El 2018 es un año clave en el que en octubre tendrá lugar la cuarta sesión de negociaciones en la que se trabajará en el texto borrador del tratado internacional.

Estemos atentos a las negociaciones, porque su resultado puede suponer grandes cambios en la esfera económica. Las dos propuestas que están encima de la mesa son la consolidación de los Tratados de Comercio e Inversión y la puesta en marcha del Tratado Vinculante. El camino que se tome generará un nuevo equilibrio de poderes entre estados e inversores o grandes transnacionales, y definirá las nuevas reglas de juego en las que se basará la economía del siglo XXI.  

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