Por Juan A. Gimeno
Artículo publicado en lahoradigital.com, 30 de mayo, 2023
Durante décadas, la cara social de la UE no pasaba de declaraciones bienintencionadas pero vacías, como la Carta Social Europea (1961–80–91-2000). Una muestra del interés en su aplicación efectiva puede ser el calendario de entrada en vigor en España. La versión de 1961 no fue ratificada por España hasta 1980. La revisada de 1996, que actualiza el contenido de la Carta de 1961, fue firmada por España en el año 2000, pero no ha entrado en vigor hasta el 1 de julio de 2021.
Los grandes principios sociales no tienen carácter obligatorio, ni objetivos cuantificados, ni calendario, ni procedimiento sancionador en caso de no respeto por un Estado miembro. En las propuestas para la reactivación tras la crisis financiera de 2008, se contemplaba la integración económica, financiera y política de la zona euro… pero el silencio es total en lo social.
Esas políticas desequilibradas, en un contexto de globalización asimétrica (rasero tan diferente para los movimientos financieros y para las personas) y de financiarización de la economía, han tenido consecuencias funestas a lo largo de la pasada década.
Se han agravado problemas como una desigualdad creciente, el deterioro de la cohesión social, menor calidad institucional, menor crecimiento, desapego de la idea de Europa, auge de nacionalismos y populismos, peso decreciente de Europa en un mundo multipolar…
Quizás por ello, se produce un cambio de mentalidad que se manifiesta primero en la Declaración de Roma, de marzo de 2017: …prometemos trabajar para conseguir …una Europa social: una Unión que, basada en el crecimiento sostenible, promueva el progreso económico y social…; una Unión que promueva la igualdad entre mujeres y hombres, así como los derechos y la igualdad de oportunidades para todos; una Unión que luche contra el desempleo, la discriminación, la exclusión social y la pobreza; una Unión en la que los jóvenes reciban la mejor educación y formación y puedan estudiar y encontrar trabajo en todo el continente…».
Inmediatamente después en la cumbre de Goteburgo (17/11/2017) se aprueba el Pilar europeo de derechos sociales. Además de los objetivos de Igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo y de Condiciones de trabajo justas, se incluye la protección e inclusión social con aspectos tan relevantes como asistencia y apoyo a los niños, prestaciones por desempleo, renta mínima, pensiones y prestaciones de vejez, sanidad, inclusión de las personas con discapacidad, cuidados de larga duración, vivienda y asistencia para las personas sin hogar y acceso a los servicios esenciales.
La crisis de la COVID-19, a diferencia de 2008, se afronta con un plan de respuesta y reconstrucción histórico. En julio de 2020, Plan de Recuperación con financiación ordinaria del presupuesto para 2021-2027 por 1 billón de euros, más recursos extraordinarios del Next Generation EU, para 2021-2023, de 750.000 millones €.
Según el programa de la Comisión Europea, la recuperación se basa en tres ideas clave:
- la transición ecológica (Agenda 2030 y compromisos relativos al cambio climático)
- la digitalización de Europa y
- la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
Es un gran avance que se equipare como idea clave la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales a los objetivos recurrentes (las transiciones ecológica y tecnológica). Los objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales se han reafirmado en la Cumbre Social de Oporto de 2021.
El Plan de acción concreta tres grandes objetivos:
- De aquí a 2030, al menos el 78% de la población entre los 20 y los 64 años debe tener empleo (educación infantil, conciliación, jóvenes ni-ni…)
- Al menos el 60% de las personas adultas deberían participar en actividades de formación todos los años (capacidades digitales, abandono escolar…)
- El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debería reducirse en, al menos, 15 millones para 2030 (al menos 5 millones deberían de ser menores)
La Comisión ha presentado más de 130 iniciativas para poner el Pilar en práctica en los Estados miembros y lograr una Europa social que sea justa, inclusiva y que esté llena de oportunidades.
Estas iniciativas tratan temas como la transparencia e igualdad retributiva entre mujeres y hombres, los salarios mínimos y la inversión en capacidades, pero también la lucha contra la pobreza infantil, las rentas mínimas y la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
La Directiva sobre unos salarios mínimos adecuados en la UE ya ha entrado en vigor y tiene por objeto garantizar que el trabajo sea retribuido de forma digna. La Directiva crea un marco para mejorar la adecuación de los salarios mínimos en los países con salarios mínimos garantizados.
La iniciativa SURE (Apoyo para mitigar los riesgos de desempleo en caso de emergencia) de la UE ha proporcionado hasta 100.000 millones de euros en préstamos a los Estados miembros para controlar las tasas de desempleo durante la pandemia. ¿Podría ser el embrión de un subsidio de desempleo europeo?
La propuesta de Recomendación del Consejo sobre una renta mínima que procure la inclusión activa insta a los Estados miembros a modernizar sus regímenes de renta mínima para hacerlos más eficaces, de modo que saquen a las personas de la pobreza y se promueva al mismo tiempo la integración en el mercado laboral de aquellos que pueden trabajar. ¿Son eficientes las rentas mínimas condicionadas? ¿Hay que pensar en un salto a la renta básica de ciudadanía?
La dignidad de las personas comienza por disponer de un mínimo de subsistencia garantizado, a través de un salario suficiente o, en su ausencia, de una renta mínima garantizada.
En estos aspectos nos centraremos en un debate en el Ateneo de Madrid (lunes 5 de junio, a las 19,30), con Eloísa del Pino y Jesús Lahera. Especialmente relevante cuando en algunos lugares, como Italia, soplan vientos de retroceso que ponen en peligro lo poco que hemos avanzado.
