En el presente informe, la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada analiza el paradigma imperante de las políticas de vivienda, que se centra en la financiación como principal medio de fomentar la propiedad de las viviendas. El informe evalúa la repercusión que estas políticas de financiación tienen en el derecho a una vivienda adecuada de las personas que viven en la pobreza. La conclusión de la Relatora Especial es que la plena realización del derecho a una vivienda adecuada, sin discriminación, no puede promoverse exclusivamente con mecanismos financieros, sino que requiere políticas e intervenciones del Estado en materia de viviendas más amplias y holísticas. La Relatora pide que se abandone el paradigma de las políticas centradas en la financiarización de las viviendas para adoptar un enfoque de dichas políticas basado en los derechos humanos.
