Para este fin de semana, desde Economistas sin Fronteras hemos organizado las jornadas “Otra Economía Está en Marcha”. Durante la última sesión de la jornada del sábado, en una mesa titulada “movimientos sociales en un mundo global”, Iolanda Fresnillo, miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), nos hablará de la problemática asociada a la deuda, así como de diferentes experiencias de auditorías ciudadanas de la deuda.
Una de las formas en las que se ha expresado la crisis multidimensional que vivimos en la actualidad ha sido la crisis de deuda que ha afectado, entre otros países europeos, a Grecia. En el transcurso de los últimos años hemos visto cómo instituciones internacionales como el FMI, la Comisión Europea o el Banco Central Europeo (la denominada Troika) han llevado a cabo una “exitosa” gestión del problema de deuda griego. En la economía helena se han llevado a cabo dos rescates, uno en 2010 y otro en 2012. Lejos de que ambos procesos hayan servido para aliviar la carga de la deuda y posibilitar un retorno de la economía griega a una senda de crecimiento sostenido, la realidad hoy en día dista mucho de ser positiva para Grecia. De hecho, el proceso de ajuste estructural al que se ha visto sometida la economía griega, en el contexto de las contraprestaciones asociadas a los planes de rescate impuestas por los organismos internacionales a Grecia, han agravado en gran medida la situación del país.
Si bien el nivel de deuda como porcentaje del PIB griego se situaba en el 110% en el año 2008, hoy alcanza una cifra que ronda el 180% del PIB. Desde que comenzó la crisis, la economía helena ha contraído su PIB en torno a un 25%; la inversión productiva ha caído a la mitad en los últimos años; la tasa de desempleo se ha más que triplicado, hasta alcanzar una cifra que ronda el 27% de paro; cerca del 36% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social, etc. En definitiva, no es que el problema de deuda no se haya resuelto, sino que se ha agravado con el paso de los años, y además ha dejado al país en una situación de emergencia social.
Sin embargo, anteriormente decíamos que la gestión de esta problemática por parte de las instituciones internacionales había sido “exitosa”. Y así ha sido. Hay que entender que una crisis de deuda no es otra cosa que una disputa política por ver quién asume las pérdidas de una deuda que, dada la situación de insolvencia del país, no se puede pagar. Y como en toda disputa política, resulta esencial tener presente las relaciones de poder que la vertebran. En este caso, la correlación de fuerzas ha resultado ser muy débil para la economía griega.
La gestión ha sido un “éxito” por varios motivos. En primer lugar, además de que el nivel de deuda ha aumentado considerablemente, si bien al comienzo de todo este proceso los principales tenedores de deuda eran bancos alemanes y franceses, hoy prácticamente el 70% de la deuda está en manos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, ante el que responden en última instancia los Estados europeos. Por tanto, durante este periodo hemos asistido a un proceso de socialización de la deuda griega. Por otro lado, la dilatación en el tiempo y el enquistamiento en los procesos de negociación a la hora de tratar de resolver la problemática de la deuda griega han sido funcionales a los intereses de los acreedores privados internacionales, principalmente por dos vías. Primero, estos acreedores han estado cobrando suculentos intereses fruto de los procesos especulativos que se han desarrollado sobre las deudas soberanas de algunos países de la periferia (en los últimos años prácticamente la mitad del déficit público griego ha ido destinado al pago de intereses de la deuda); y segundo, esta prolongación en el tiempo de las negociaciones les ha servido a estos agentes para ir retirando posiciones del negocio de la deuda griega.
La Troika, con las enormes palancas de poder que tiene, y que en el caso griego ha ejercido en diferentes momentos en el transcurso de la crisis griega, ha actuado de agente intermediario en defensa de los intereses de los grandes inversores institucionales y, en concreto, de los bancos alemanes y franceses.
En este sentido, lo que algunos sectores de la sociedad civil organizada defienden son procesos de auditoría de la deuda, que den lugar a posteriores reestructuraciones de la misma. Aquí cabe realizar una precisión: una reestructuración no implica necesariamente una quita de deuda. Una reestructuración de deuda puede estar basada en una modificación de los tipos de interés a los que está suscrita la deuda, en un alargamiento en los plazos de amortización de la deuda, en un cambio de los avales de la misma, y/o en una quita parcial o total de la deuda. El resultado de dicha reestructuración puede resultar beneficioso o perjudicial para el deudor o el acreedor, y ello depende, principalmente, de la correlación de fuerzas entre ambas partes en el proceso de negociación.
En el caso de Grecia, existen dos posibilidades de pagar la deuda. O bien creciendo, de manera que se generen flujos de liquidez suficientes para ir acometiendo el pago de la deuda de manera sostenible; o bien, en un contexto de crecimiento nulo, a través de la extracción de rentas, ya sea recortando gasto público, subiendo los impuestos, o vendiendo a precio de saldo activos del país. Esta segunda es la vía por la que han optado las instituciones comunitarias.
Por el contrario, un proceso de reestructuración de deuda favorable al deudor, en este caso Grecia, debería incluir una quita considerable del nominal de la deuda. Para que este proceso fuera eficaz esta quita debería ser de una cierta magnitud, de manera que se consiguieran liberar recursos que poder destinar para reactivar la economía. Sin embargo, todo apunta a que los planes que las instituciones europeas tienen para Grecia no van en esa dirección.
Este fin de semana tendremos ocasión de discutir sobre todos estos temas con toda una experta en el asunto, como es Iolanda Fresnillo. Aquí puedes consultar la programación de las jornadas.
