Las posibilidades del balance social

Por Juan Luis del Pozo. Publicado en Zona Crítica (www.eldiario.es)  el 14/12/2013

– A la hora de valorar a una empresa, las personas suelen basar su juicio en la imagen que ésta transmite a través de la publicidad y sus decisiones de consumo en un único indicador que es el precio

– En los últimos tiempos están surgiendo iniciativas que rompen con estas dinámicas

Vivimos en una sociedad compleja, sin duda. Un espacio en el cual es difícil forjarse una opinión sobre los diferentes asuntos que se desarrollan en nuestro día a día, en parte debido al desigual acceso que las personas, empresas, entidades, organizaciones, colectivos, etc. tenemos a la comunicación. En la práctica, los agentes que acumulan más recursos económicos tienen la posibilidad de influir en la percepción que de ellos tiene la ciudadanía en su conjunto, haciendo más visible aquella parte de su actividad que tiene un impacto positivo, y manteniendo en un discreto segundo plano las consecuencias negativas de sus acciones.

Es quizás en las grandes entidades financieras y empresas transnacionales donde se aprecia con mayor fuerza este conflicto, precisamente porque el proceso de globalización que se ha desarrollado en las últimas décadas les ha servido para dotarse de unos recursos, un poder y una capacidad de influencia que resulta difícil de controlar y de regular por parte de los Estados. Por esa razón y porque, como consecuencia de su internacionalización, su actividad tiene, además, impactos en lugares muy distantes entre sí.

Muchas organizaciones del tercer sector y de los movimientos sociales han venido denunciando, en paralelo al desarrollo de las grandes corporaciones, los efectos de su expansión en los países del Sur global. Lo cierto es que hasta hace poco, y con una coyuntura económica favorable, no hemos prestado demasiada atención a esas voces críticas, cuyo discurso no resultaba difícil silenciar en la medida en que imponía una incómoda reflexión sobre un modelo de desarrollo en el cual las ventajas de unos territorios se sostienen sobre la explotación de otros.

Y, sin embargo, hoy en día ya no tenemos que ir muy lejos para comprobar hasta qué punto están creciendo las desigualdades en nuestro propio entorno (ver dossier 9 Economistas sin Fronteras). En este contexto, en el cual probablemente serían las entidades financieras las que han sufrido una mayor erosión en su imagen, los resortes comunicativos, si bien continúan siendo poderosísimos, parece que van perdiendo parte de su eficacia.

A la hora de valorar a una empresa, la generalidad de las personas suele basar su juicio principalmente en la imagen que ésta transmite a través de la publicidad. Además, ya en el ámbito más específico del consumo, nuestras decisiones suelen basarse en un único indicador que es el precio. Y sin embargo, están surgiendo iniciativas que rompen con estas dinámicas.

Este diario, sin ir más lejos, publicaba recientemente una entrevista a Christian Felber, fundador de la Economía del Bien Común. Uno de los rasgos que caracterizan a este proyecto es que las empresas elaboran un “balance del bien común”, el cual “mide cómo la empresa aplica cinco valores, que son: dignidad, justicia, solidaridad, sostenibilidad y democracia”.

Asimismo otras iniciativas están explorando las posibilidades del balance social, cuya centralidad está presente en la creación de los Mercados de Economía Social en diferentes territorios del Estado. Así, en la web konsumoresponsable, encontramos que “las entidades proveedoras de bienes y servicios que participan en el Mercado Social se comprometen así a ir mejorando en el cumplimiento de unos criterios comunes establecidos: respeto al medio ambiente, empleo  estable y de calidad, inserción de colectivos desfavorecidos, compromiso con el entorno, democracia y participación, equidad, sin ánimo de lucro, igualdad, cooperación, transparencia, fines sociales, arraigo en el territorio, calidad entre otras”. Para concluir que “los avances se irán contrastando a través de un sistema de evaluación y acompañamiento continuo (un Balance Social)”.

En esta misma línea, pensemos que, en el seno de estos mercados sociales, las entidades de banca ética, al recibir solicitudes de financiación y por tanto a la hora de conceder crédito, realizan una doble evaluación del proyecto, una de carácter económico y una valoración ético-social, favoreciendo así el desarrollo de un determinado modelo de empresa.

¿Qué ocurriría si se potenciaran esos flujos de información? Imaginemos qué sucedería si ésta fuese respaldada por una organización o institución que respondiese de su rigor, por ejemplo, a través de un sistema de etiquetado; si los ciudadanos y ciudadanas desarrolláramos una actitud activa de tal manera la “competitividad” de una empresa se midiera en función del grado de respeto a los criterios como aquéllos a los que hemos hecho referencia.

Puestos a imaginar, pensemos qué ocurriría si la propia Administración los valorara a la hora de contratar y realizar el gasto público. En este sentido, algunas organizaciones como la Cooperativa de Comercio Justo IDEAS llevan años trabajando en el fomento de la compra pública.

Llegados a este punto, podríamos plantearnos si este tipo de herramientas podrían resultar realmente efectivas de cara a fomentar una verdadera transformación en las prácticas de las empresas y diferentes agentes económicos.

Hay que reconocer que los retos son importantes. Mientras que a nivel micro se están creando y desarrollando redes que poco a poco se van fortaleciendo y van ofreciendo alternativas viables en sectores importantes como la energía, las finanzas, o los medios de comunicación, por citar algunos ejemplos, las grandes corporaciones continúan haciendo gala de un importante grado de opacidad a la vez que maquillan su imagen a través de políticas de responsabilidad social.

Cabría preguntarse, en primer lugar, si empresas de tales dimensiones se adecuarían al objetivo de alcanzar una economía justa y solidaria, que ponga a la persona en el centro, y un desarrollo equilibrado. Cabe preguntarse también si son compatibles con modelos de gobernanza democráticos. No obstante, y al margen de esa discusión, estamos familiarizados con la idea de exigir transparencia en la gestión pública, mas si cabe en un contexto como el actual, con una corrupción que afecta a una parte importante de las instituciones del Estado. ¿Por qué no pedir lo mismo para las empresas?

Las herramientas existen, como acabamos de ver, y un mayor grado de información y un mejor acceso a la misma nos permitirían juzgar más adecuadamente sus comportamientos.

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