RSE y regulación: ante el Plan de Empresas y Derechos Humanos

Artículo de José Ángel Moreno, presidente de Economistas sin Fronteras, para la revista del Consejo General de Colegios de Economistas

  El artículo parte de las diferencias en la concepción que del concepto de responsabilidad social empresarial mantienen las  empresas y las organizaciones sociales que lo defienden. Diferencias que se concretan en la disyuntiva entre voluntariedad y regulación: una disyuntiva que preside el debate sobre la RSE desde sus comienzos y que merece la pena recordar ante la reciente primera versión del borrador del Plan de Empresa y Derechos Humanos del Gobierno de España, que -pese a aportaciones positivas- no plantea con una mínima firmeza la -para muchos imprescindible- necesidad de exigencia legal del respeto de los derechos humanos por las empresas.   Un concepto controvertido Desde su surgimiento, y pese a sus avances, la  responsabilidad social corporativa o empresarial (RSE en adelante) ha sido un campo de debate permanente. Un término esencialmente polisémico,  en el que pueden distinguirse concepciones muy diferentes, que cabría sintetizar en las cinco siguientes:
  1. La de aquéllos (fundamentalmente académicos de inclinaciones liberales) que la consideran un disparate conceptual que desvía la gestión empresarial de su finalidad central.
  2. La de las empresas (por desgracia, todavía una gran mayoría) que la entienden reductoramente como un simple  instrumento de imagen y reputación: un maquillaje que en nada (o en muy poco) incide en las prácticas y en el estilo de gestión convencionales.
  3. La de aquellas empresas que se la toman más en serio  y que, aún sin modificar significativamente sus comportamientos (son excepcionales – y sobre todo pymes, aparte de las empresas sociales- las que asumen la RSE de forma integral), pretenden erradicar las peores prácticas, poner en marcha determinadas a iniciativas positivas  y desarrollar actuaciones que en alguna medida tratan de compensar a la sociedad y a sus grupos de interés por sus actuaciones y externalidades negativas.
  4. La de expertos, organismos internacionales y organizaciones sociales que la consideran un concepto aprovechable como paradigma de comportamientos empresariales socialmente aceptables, utilizándola precisamente para inducir en las empresas o exigirlas (sobre todo a las grandes) cambios coherentes en sus actitudes, en sus prácticas y en sus formas de gestión.
  5. La de expertos y organizaciones sociales más radicales en su aproximación al mundo empresarial, que la entienden como un instrumento desarrollado por las grandes empresas transnacionales para mejorar su imagen y para combatir las presiones sociales y las demandas de regulación: un discurso  eminentemente cosmético y manipulador, viciado de inicio, incompatible con las demandas sociales y que debe ser combatido por la sociedad civil.
Como corresponde a concepciones tan diferentes, han surgido entre todos estos grupos numerosos ámbitos de polémica, con contendientes y coaliciones también diferentes según los casos.  Pero paulatinamente parece haberse ido formando una posición dominante, nucleada en torno a los grupos 3 y 4 y apoyada mayoritariamente por muchas organizaciones sociales con voluntad transformadora, consultoras, expertos académicos, medios de comunicación, organismos internacionales e incluso muchas administraciones públicas: en definitiva, la posición que -al menos en teoría- considera a la RSE un concepto positivo, que puede ayudar a mejorar las prácticas y la gestión de las empresas y a convertirlas en agentes más positivos (o menos negativos) para la sociedad y para los sectores con los que se relacionan. Dos concepciones muy diferentes de la RSE Desde esta perspectiva, podría perecer que la concepción que de la RSE tienen las empresas más proactivas  y las organizaciones sociales que la promueven y demandan es idéntica o  muy similar (algo que no dejan de criticar las organizaciones sociales más radicales). Pese a indudables aspectos compartidos, nada más lejos de la realidad, sin embargo: entre ambas posiciones existen diferencias fundamentales, que, aunque acaben materializándose en muchos aspectos prácticos, radican esencialmente en la razón que para unas y otras (empresas y organizaciones sociales) justifica la RSE.
Las empresas mantienen una concepción instrumental de la RSE, en tanto que las organizaciones sociales la defienden por exigencia moral y de justicia
Las empresas, incluso las más avanzadas y proactivas en esta cuestión (aunque con la salvedad de algunas -esencialmente pymes- que creen en la RSE por convicción), mantienen una concepción crudamente instrumental de la RSE: aún rechazando la versión simplista que hace de ella una pura herramienta de imagen, consideran que consiste en un estilo de gestión que acaba generando resultados netos positivos para la empresa, aunque sea a medio y largo plazo y de formas difícilmente cuantificables. Ésa es la esencia del denominado “Business Case” de la RSE: mejora, sin duda, la imagen y la reputación, pero también posibilita una mejor relación con los grupos de interés, reduce conflictos, propicia una mejor aceptación de la empresa en todos ellos, fortalece la gestión de riesgos y mitiga los peligros, posibilita fuentes de diferenciación positiva, estimula nuevas formas de satisfacción de necesidades sociales y nuevos nichos de mercado, incentiva la calidad y la innovación y, en suma, impulsa una mejor calidad general de la gestión. Una gestión de amplias miras, que rechaza el objetivo de la maximización cortoplacista del beneficio, que permite que grupos de interés y empresa se beneficien cooperativamente de la actividad empresarial, que busca  el respeto social y ambiental, que aspira a la sostenibilidad y que fortalece la capacidad de la empresa de generar valor de forma sostenida en el tiempo. Ciertamente, como antes se apuntaba, todo ello argumentado de forma todavía muy genérica, difusa e insuficientemente cuantificada, sin evidencia empírica que lo justifique confortablemente: ésa es la gran debilidad del “Business Case” y la cruz de sus defensores.  Pero la fundamentación instrumental es innegable: si la RSE no fuera útil para la empresa, esta línea de argumentación perdería todo su sentido. Frente a esa fundamentación, muchas organizaciones sociales defienden (defendemos) una concepción de la RSE esencialmente moral: como una exigencia de ética y de justicia, porque sin ella no es posible que la empresa mantenga unas relaciones de mínima ética y de mínima justicia con todos los colectivos con los que se relaciona. Es lo que algunos han dado en llamar el “Moral Case” de la RSE. Como no es difícil imaginar, esa diferente concepción comporta actitudes muy diferentes de empresas y organizaciones sociales ante la RSE: aquéllas la consideran algo eminentemente voluntario, adicional y diferente a las exigencias legales (que, naturalmente, deben ser las menores posibles); algo que las empresas perseguirán si son suficientemente inteligentes y si quieren mantener relaciones razonables con la sociedad y con sus grupos de interés. Las organizaciones sociales, por el contrario, aceptando por descontado que es muy deseable que las empresas superen las exigencias legales en sus comportamientos y compartiendo la convicción de que la RSE puede resultar positiva a la larga para las empresas, consideran que  dentro de este concepto figuran aspectos absolutamente básicos, incuestionables e innegociables: aspectos que, por su importancia para la calidad de la vida y la dignidad de las partes afectadas, no pueden ser dejados al libre albedrío de las empresas, por bien intencionadas que sean, sino que necesariamente deben ser exigidos por la ley. Aspectos como las relaciones laborales, el respeto de los derechos humanos básicos, la erradicación de impactos ambientales graves y de prácticas de corrupción, la no manipulación o el engaño de los grupos de interés, la transparencia informativa (única forma de comprobar todo lo anterior), la exigencia de garantías independientes sobre la calidad y suficiencia de la información, etc.
Sin regulación, la vulneración de las exigencias de la RSE por las empresas es inevitable
En todos estos aspectos, no hay más remedio que establecer un suelo regulatorio riguroso y exigente, si es que queremos evitar con carácter general  actuaciones empresariales negativas para la sociedad o para determinadas partes interesadas. Y ello tanto a nivel nacional  como internacional (lo que constituye, sin duda, el principal caballo de batalla de la RSE en la actualidad y para lo que se necesitaría una coordinación intergubernamental que por el momento parece muy lejana).  No se trata, por tanto, de regular la RSE (algo sin sentido, si se entiende bien lo que es RSE), sino de regular adecuadamente los mínimos exigibles en esos ámbitos cruciales. Sin esa regulación, los abusos, las infamias e incluso los desastres dramáticos (como el del edificio de Bangla Desh de la pasada primavera) serán ineludibles, porque la irresistible lógica del beneficio y de la competencia que -sin el adecuado freno regulador- domina en el mercado acabará imponiéndolos. Y frente a esa lógica no es sensato ni decente remitirse sólo a la voluntariedad de las empresas “responsables”: frente a esa lógica sólo cabe la imposición legal.   El Plan de Empresa y Derechos Humanos Merece la pena recordar todo lo anterior a la vista del proyecto de Plan de Empresa y Derechos Humanos que está preparando la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España y cuya primera versión se presentó a finales del pasado mes de junio. Una iniciativa sin duda necesaria y cuyos detalles se conocen públicamente porque la mencionada Oficina (contra lo que viene siendo normal en este Gobierno) está trabajando con encomiable transparencia, abriendo la oportunidad de conocer su trabajo y de recibir sugerencias a expertos y organizaciones sociales interesados e incluso difundiendo documentos críticos con sus planteamientos. Algo que debería ser lo habitual en todo proyecto público en un país democrático, pero que -por infrecuente- es de justicia valorar. Como también lo es reconocer  el buen trabajo de base del proyecto, apoyado en una muy sólida consultoría  y en el que se ha podido apreciar -hasta el momento- una pretensión de rigor tampoco habitual en la forma con la que este Gobierno viene encarando la RSE. Con todo, los primeros resultados no dejan de ser decepcionantes para quienes aspiramos a un cambio efectivo en la forma en la que las empresas (y sobre todo las grandes) encaran la obligación moral de respetar los derechos humanos. Como se anunció desde un principio, el proyecto se basa estrechamente en los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”  elaborados por el Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la cuestión de los derechos humanos (DD.HH en adelante.) y las empresas, John Ruggie, aprobados el 16 de junio de 2011 por el Consejo de DD.HH. de NN.UU. Unos Principios que comportan avances indudables en el respeto de los DD.HH. por parte de las empresas, pero que -aparte de otros aspectos cuestionables-  contienen dos debilidades fundamentales: carecen de naturaleza vinculante (tanto para los Estados como para las empresas) y no proponen mecanismos jurídicos adicionales para exigir legalmente el respeto de los DD.HH. en la esfera internacional (es decir, no crean nuevas obligaciones de Derecho Internacional). Al margen de los muchos otros aspectos debatibles -positivos y negativos-, el Plan del Gobierno español hereda inevitablemente la segunda debilidad, al tiempo que no combate mínimamente la primera: muy al contrario, profundiza en ella  por la ambigüedad y carencia de firmeza con las que -dentro de una general falta de concreción- plantea la posibilidad estatal de regular legalmente el respeto de los DD.HH. (y las reparaciones y sanciones correspondientes por su incumplimiento) por parte de las empresas españolas (y sus filiales y cadenas de valor), especialmente en su operativa fuera de nuestras fronteras (la llamada “cuestión de la extraterritorialidad”).
El respeto de los derechos humanos es un requisito que no puede subordinarse a ninguna otra condición
En estas circunstancias, y dado que es ésta precisamente la cuestión nuclear que en países como el nuestro afecta al respeto de los DD.HH. por parte de las empresas, parece difícil que el Plan no acabe convirtiéndose en un documento voluntarista más. Un plan quizás útil para impulsar en las grandes empresas políticas formales (y voluntarias) de DD.HH. (lo que no es despreciable), pero claramente incapaz de obligarlas a un respeto riguroso de estos derechos. Algo que se debería entender (y que el Plan debería contemplar) como una exigencia incondicional y absolutamente prioritaria: “como -en palabras de la profesora Adela Cortina- una obligación de justicia básica, no como una opción voluntaria”. Es decir, como un requisito que no puede subordinarse a ninguna otra condición, y no como una externalidad negativa que debe reducirse al mínimo compatible con el beneficio (ni siquiera con un beneficio “razonable”), porque su respeto es una exigencia moral absoluta. Y ninguna empresa que no cumpla rigurosamente con este precepto básico puede considerarse decente. Aunque ciertamente se trata de un criterio de muy difícil exigibilidad practica en el mundo global en el que vivimos, al menos una intención clara de avanzar en este sentido es lo que muchos quisiéramos ver en el Plan de Empresas y Derechos Humanos del Gobierno: la voluntad política de imponer legalmente esta exigencia moral, aunque el Estado no sea plenamente capaz de aplicarla en la práctica en muchos casos. Pero dejando claro que su incumplimiento convierte también en  ilegales (no sólo irresponsables) a las empresas que en él incurran.

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