18 febrero, 2022
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Más desiguales, más pobres, menos derechos: urge la reforma fiscal para revertir la inequidad social

Por Rodolfo Rieznik, Economistas sin Fronteras y Plataforma por la Justicia Fiscal

 

La desigualdad económica en nuestra sociedad está siendo insoportable. Los datos abruman e impactan duramente, tanto en la pobreza como en los derechos de los más vulnerables. Y la pandemia no ha hecho más que agravarlos. Oxfam Internacional acaba de publicar que apenas veintitrés milmillonarios españoles, durante el primer año de pandemia, incrementaron su riqueza en casi un 30%. Las cifras del grupo de análisis económico, liderado por el economista francés T. Piketty, dicen que el 1% de la población española acapara el 12% del ingreso nacional. También dice que el 10% de los hogares españoles, es decir unos dos millones de personas, viene detentando en el último cuarto de siglo una media del 56,5% de la riqueza, al tiempo que más de nueve millones de hogares, el 50% de los más pobres, no llegan al 7,5% de esa riqueza total.

 

Además, los impuestos no redistribuyen (el ingreso o la renta es la remuneración que perciben los factores productivos, el capital y el trabajo por su aportación a la producción de bienes y servicios. Una redistribución negativa de la renta significa que las rentas de capital se apropian de una porción mayor del ingreso generado en la actividad económica.), sino que por el contrario ensanchan la brecha negativa entre los más pobres y los que más tienen. En los 15 últimos años, la desigualdad después de haber pagado impuestos a la renta creció un 4,2%. Es decir, la fiscalidad no tuvo efectos correctivos en los ingresos que perciben los españoles, sino que enriqueció más aún a los que ya viven bien. Por eso, este reparto desigual, continuado, de la renta de la economía se traduce en que en 2021 la participación del 1% de los hogares españoles más ricos en el total de la riqueza patrimonial suba hasta al 24,2%, en contraste con el retroceso del 50% de los hogares más pobres, que no llegaron al 7%.

Las facilidades monetarias a la economía derivadas de la pandemia han fortalecido también al capital. Las políticas keynesianas ejecutadas por los gobiernos del todo el mundo para afrontar los efectos económicos de la urgencia sanitaria también han fortalecido a los más pudientes. “La riqueza de los diez hombres más ricos del planeta se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado a causa del covid”. En dos años, “a nivel mundial los milmillonarios han aumentado su fortuna en cinco billones de dólares, más que en los últimos 14 años acumulados“. Los índices bursátiles de EEUU terminaron el año 2021 cerca de máximos históricos, según informan los periódicos financieros, respaldados por los estímulos fiscales y monetarios masivos, teniendo en cuenta que se calcula que se inyectaron 16 billones de dólares, un equivalente al 30% de esa cantidad se embolsaron los milmilllonarios. El índice Dow Jones, el referente en mayúsculas del capital financiero mundial, tuvo una ganancia anual del 19%. También el S&P 500 y el Nasdaq subieron un 27% y un 24%, respectivamente, en este mismo año.

Hay quienes con auténtica ilusión vinculan la Bolsa con la buena marcha de la economía. Se equivocan, la Bolsa tiene que ver con la riqueza y el patrimonio, y no con la economía de la gente común de la mayoría social. ¿Qué ha pasado? Sin duda, parte de la liquidez monetaria inyectada para sostener a la economía también “sujetó” los beneficios empresariales y su reparto en dividendos y en acumulación especulativa en Bolsa. Por eso, lo ricos son más ricos. No porque la economía, el PIB, haya crecido, sino que, por el contrario, en la mayoría de los países del mundo todavía el PIB no volvió a los niveles de 2019. En cualquier caso, los números muestran que las políticas neoliberales de reducir impuestos, en boga desde hace 40 años, sirvieron para incrementar la riqueza de los más ricos.

De lo esbozado en los dos párrafos anteriores se concluye que es necesario revertir el reparto injusto de los ingresos económicos y la acumulación desmesurada de riqueza por unos pocos, y hay que implementar reformas fiscales estructurales. Pero la reforma no debe ser del gasto público, ni de bajar impuestos, dados los resultados que han tenido las políticas neoliberales. Por el contrario, parece obvio que es necesario hacer tributar a los ricos en renta y patrimonio en porcentajes mucho más proporcionales a su riqueza incrementada.

La pérdida de derechos básicos agrava la desigualdad. Ahora bien, no sólo continuamos con una redistribución negativa de la renta y el patrimonio de las familias, también se están perdiendo derechos económicos y sociales, hasta ahora impensable en una economía capitalista, como es el acceso irrestricto de los económicamente más frágiles, asalariados, pensionados, jubilados y gente mayor a la disposición de sus ingresos y gastos monetarios. Algo similar está pasando con el acceso al servicio eléctrico.

Una parte de los ciudadanos en España está entrando en una suerte de exclusión financiera y monetaria. La última gran crisis financiera antes de la actual de la pandemia, la llamada la Gran Recesión de 2008 iniciada con la quiebra del banco Lehman Brothers, y que en nuestro país terminó con todas las Cajas de Ahorro entre otras entidades, ha supuesto la desaparición de la mitad de las oficinas bancarias y otro tanto de empleados del sector. El sistema financiero español se ha oligopolizado, sólo queda un puñado de instituciones, y ninguna es pública (Bankia, la última, fue absorbida por Caixabank en marzo 2021).

En la mitad de los pueblos de España no hay ningún tipo de agencia bancaria, las sucursales barriales escasean y no atienden al público más que con citas, e incluso los “cajeros automáticos” regatean el efectivo. La economía está financiarizada, los ingresos y pagos deben efectuarse por banco, pero dadas las circunstancias antes explicadas, los ciudadanos están siendo obligados a operar por medios digitales. Esto es posible sólo si tienen una cuenta corriente (los bancos que quedan están obligando a invertir en “productos financieros” para no cobrar comisiones en cuenta corriente. Hay que pagar por tener dinero líquido en esa cuenta corriente), el equipamiento y la habilidad informática correspondiente, el 50% de la población española no tiene suficientes conocimientos digitales, porcentaje que aumenta con la edad.

En apretada síntesis, una parte de la población está siendo discriminada, no financieramente, sino monetariamente, lo que significa no tener facilidad de recursos dinerarios para resolver los asuntos más elementales de la vida. En una economía mercantil en la que todo se compra y se vende, el dinero es un bien básico emitido por el Estado, y sin acceso al mismo es imposible vivir, no se puede comprar la comida, pagar la luz, el alquiler, etc. Todo es una dificultad vital.

Por otra parte, los altos precios de la energía y los mecanismos de mercado para establecer los precios de la luz arrojan a una parte más que importante de las familias a sufrir pobreza energética, esto es, a no ser capaces, entre otras limitaciones, de mantener la temperatura adecuada en la vivienda con las consiguientes consecuencias en la salud. Un 9,1% de la población española estaría en esa situación, y este porcentaje sigue creciendo. El acceso a la energía eléctrica, un bien básico, está siendo condicionado a la capacidad de renta de la población.

Sin impuestos justos, progresivos y suficientes, el Estado del Bienestar se tambalea. En suma, crece la desigualdad de ingresos y de riqueza, y se incorporan con intensidad nuevas variables a los desmanes de la economía y de la calidad de vida de los más vulnerables: la exclusión financiera y la pobreza energética. Los pilares del Estado del bienestar se tambalean cada vez más. Y no se sostendrán si el Estado no se aplica en redistribuir fiscalmente la renta y la riqueza generada por el trabajo, y se devuelvan con recursos financieros e instituciones los derechos económicos, inclusivos y universales a los ciudadanos. Los derechos se garantizan, no se compran ni se venden. El Estado tiene capacidad coercitiva legítima a través de la leyes presupuestarias, fiscales y económicas para exigir que los que más riqueza y renta tienen, paguen más. Además, no tiene impedimentos para establecer medios humanos y técnicos necesarios para combatir a los que defraudan. Los ingresos a recaudar deben ser completos para satisfacer los gastos que financian el conjunto de bienes y servicios básicos de acceso universal garantizados por el Estado.

La fiscalidad justa, sin fraude, progresiva y suficiente es un primer paso, imprescindible para avanzar si se quieren alcanzar estos objetivos. Esperemos que el Comité de Expertos para la reforma fiscal, que en los próximos meses debe pronunciarse, recoja esta contundente realidad en su informe y recomendaciones.

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