El pasado 15 de abril de 2026, el salón de actos de Arrupe Etxea acogió un debate necesario, urgente y profundamente político: cómo garantizar el derecho a la vivienda en el siglo XXI. Bajo el título “Más allá del ladrillo: construyendo el derecho a la vivienda”, la jornada organizada por Fiare Banca Ética reunió a dos voces de referencia —Javier Burón y Pablo Carmona— con la moderación de Marian Díez.
Lo que allí se discutió no fue solo un problema técnico o económico. Fue, sobre todo, un espejo de las contradicciones de nuestra sociedad: una sociedad donde la vivienda es al mismo tiempo un derecho básico… y una mercancía.
Un problema que ya no se puede ignorar
El punto de partida del debate fue claro: la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales en España y, en particular, en Euskadi. Los datos que se pusieron sobre la mesa son contundentes:
• Alquiler medio cercano a los 900 euros mensuales.
• Hipotecas en torno a los 800 euros
• Salarios que, en muchos casos, no superan los 1.500 euros.
• Más de mil personas sin hogar en Bizkaia.
• Miles de desahucios cada año.
Esta realidad genera una situación paradójica: trabajar ya no garantiza poder vivir dignamente. Para muchas personas jóvenes, independizarse implica compartir piso, alquilar una habitación o, directamente, renunciar a ello.
El acceso a la vivienda ya no es solo una cuestión económica. Es una cuestión de desigualdad estructural.
¿Fracaso del mercado, del Estado… o de la sociedad?
Una de las primeras preguntas planteadas en el debate fue directa: ¿la crisis de la vivienda es un fracaso del mercado o del Estado?
La respuesta no fue simple. Por un lado, Javier Burón defendió una idea provocadora: el mercado no ha fracasado, porque nunca estuvo diseñado para garantizar derechos. Su función es asignar recursos según la capacidad de pago, no según la necesidad. El problema, por tanto, sería haber dejado en manos del mercado algo tan esencial como la vivienda. Pero la crítica no se detuvo ahí. También señaló un fallo de las políticas públicas, que durante décadas han sido insuficientes, mal financiadas o directamente inexistentes.
Y aún fue más lejos: habló de un fallo de conciencia social. Durante años, gran parte de la sociedad aceptó —e incluso celebró— un modelo basado en la propiedad, sin cuestionar sus consecuencias.
Por su parte, Pablo Carmona introdujo otra dimensión clave: la relación entre vivienda y estructura económica. Según explicó, el sector inmobiliario ha sido uno de los pilares del modelo económico español, lo que dificulta cualquier cambio profundo. Tocar la vivienda implica tocar intereses muy extendidos, porque la propiedad está socialmente muy distribuida.
Una sociedad de propietarios… y de excluidos
Uno de los elementos más reveladores del debate fue el análisis de la estructura social en torno a la vivienda. España sigue siendo un país de propietarios:
• Cerca del 49% de los hogares vive en una vivienda ya pagada.
• Un 24% está pagando hipoteca.
• Solo alrededor del 17% vive de alquiler a precio de mercado.
• Y apenas un 3,5% accede a vivienda pública.
Esto tiene implicaciones profundas. Por un lado, explica por qué el debate sobre la vivienda es tan complejo: muchas personas son, a la vez, víctimas y beneficiarias del sistema. Por otro, revela una fractura creciente:
• Personas mayores, con vivienda en propiedad ya pagada.
• Generaciones intermedias que lograron acceder al mercado.
• Jóvenes que quedan fuera del sistema.
La consecuencia es una especie de “guerra silenciosa”, no entre clases tradicionales, sino entre posiciones dentro del propio sistema de vivienda.
¿Construir más… o cambiar las reglas?
Otro de los grandes ejes del debate giró en torno a una cuestión muy presente en el discurso público: ¿necesitamos construir más viviendas o intervenir sobre las que ya existen? Aquí emergieron dos enfoques diferentes.
Pablo Carmona fue claro: confiar en la construcción masiva como solución es problemático. Requiere grandes ciclos económicos, enormes inversiones y condiciones que hoy no se dan. Además, no garantiza que las viviendas sean accesibles. Frente a ello, planteó la necesidad de “desmercantilizar” la vivienda, es decir, reducir su papel como activo financiero.
Javier Burón, en cambio, rechazó la idea de elegir entre construir o intervenir. Según explicó, no hay una única solución, sino una combinación de herramientas:
• Construir vivienda pública.
• Comprar vivienda existente.
• Movilizar viviendas vacías.
• Rehabilitar edificios.
• Redensificar ciudades.
El objetivo no es uno solo, sino crear una infraestructura de vivienda asequible permanente, que no dependa de los vaivenes del mercado.
El gran tabú: bajar el precio de la vivienda
Uno de los momentos más interesantes del debate fue cuando se abordó una cuestión incómoda: ¿qué pasaría si realmente bajaran los precios de la vivienda?
Reducir los precios puede parecer positivo, pero tiene un efecto inmediato: afecta al patrimonio de millones de personas. Aquí está uno de los grandes bloqueos del sistema. Como explicó Carmona, en una sociedad donde la vivienda es la principal forma de ahorro, cualquier política que reduzca su valor genera resistencias.
Esto explica por qué muchas medidas son tímidas o parciales. El sistema protege la propiedad porque gran parte de la sociedad depende de ella.
Las políticas públicas: avances… pero insuficientes
El debate también abordó las recientes leyes de vivienda en España. La conclusión fue ambivalente.
Por un lado, se reconocieron avances:
• Introducción del concepto de vivienda como derecho.
• Posibilidad de regular alquileres en zonas tensionadas.
• Mayor presencia del Estado en el debate.
Pero también se señalaron límites importantes:
• Medidas insuficientes frente a la magnitud del problema.
• Protección significativa a los propietarios.
• Impacto reducido en los sectores más vulnerables.
Desde una perspectiva crítica, Carmona fue contundente: las políticas actuales no están resolviendo el problema, especialmente para quienes quedan fuera del sistema (personas con bajos ingresos, población migrante, etc.). Burón, por su parte, defendió una visión más gradualista: la ley es imperfecta, pero supone un primer paso en un proceso largo.
El papel de los movimientos sociales
Uno de los elementos más potentes del debate fue la reivindicación del papel de los movimientos sociales. Desde la experiencia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se destacó que muchas soluciones han surgido “desde abajo”:
• Ocupación de viviendas vacías.
• Negociación de alquileres sociales.
• Presión política para cambios legislativos.
Estas prácticas, aunque controvertidas, han sido en muchos casos la única respuesta inmediata para miles de personas. El mensaje fue claro: sin movilización social, no hay cambios estructurales.
Alternativas: cooperativas y banca ética
El evento también puso el foco en alternativas concretas, especialmente en el papel de Fiare Banca Ética. Uno de los modelos más destacados fue el de las cooperativas en cesión de uso. En este sistema:
• La vivienda no se compra ni se vende.
• Las personas tienen derecho de uso, no propiedad.
• Se evita la especulación.
Este modelo rompe con la lógica tradicional y propone una forma diferente de entender la vivienda: como un bien de uso, no de inversión.
Sin embargo, también se señaló que estas iniciativas, aunque valiosas, siguen siendo minoritarias. Para escalar su impacto, sería necesario:
• Más financiación.
• Apoyo institucional.
• Cambios en el marco legal.
La gran pregunta: ¿cómo se paga todo esto?
Si hay una cuestión clave que atravesó todo el debate, fue esta: ¿quién paga una política pública de vivienda ambiciosa? Las cifras son enormes. Se habló de la necesidad de invertir miles de millones de euros al año para crear un sistema realmente eficaz. Entre las posibles vías:
• Mayor inversión pública.
• Nuevos impuestos.
• Fondos de ahorro colectivo.
• Colaboración público-privada.
El problema es que este debate apenas está presente en la agenda política. Y sin financiación, cualquier propuesta queda en papel mojado
Una crisis estructural, no coyuntural
Quizá la idea más importante que se repitió a lo largo del encuentro fue esta: la crisis de la vivienda no es temporal, es estructural. No se trata de un problema pasajero, sino del resultado de décadas de decisiones políticas, económicas y sociales. Cambiar esta situación implica:
• Revisar el papel del mercado.
• Reforzar las políticas públicas.
• Transformar la cultura de la propiedad.
• Impulsar alternativas colectivas.
Y, sobre todo, asumir que no hay soluciones rápidas.
Repensar el derecho a la vivienda
El debate celebrado en Bilbao dejó una conclusión clara:
la vivienda no puede seguir tratándose solo como un negocio.
Garantizar el derecho a la vivienda implica repensar profundamente nuestro modelo social y económico. Supone decidir qué papel queremos que juegue el Estado, el mercado y la ciudadanía.
Pero también implica algo más incómodo:
replantear nuestras propias expectativas como sociedad.
Porque, en el fondo, el problema de la vivienda no es solo técnico ni económico. Es un reflejo de cómo entendemos la vida en común.
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