¿Qué hay de la inclusión financiera? Estudio sobre las Cuentas de Pago Básicas en el Sistema Financiero Español

Por Elena M. Ortega Díaz  

Artículo publicado en agorarsc.org, 18 de abril de 2020

 

El pasado 5 de marzo se cumplió un año de la publicación en el BOE de la Orden ECE/228/2019, de 28 de febrero, sobre cuentas de pago básicas, procedimiento de traslado de cuentas de pago y requisitos de los sitios web de comparación que regula la transposición del ordenamiento normativo europeo para su funcionamiento en el sistema financiero español de las cuentas de pago básicas, siendo obligatorio por parte de las entidades financieras facilitar información y ofrecerlas entre los productos de cuenta corriente y ahorro que comercializan para las consumidoras y consumidores. Si se tiene en cuenta, tal como establecen tanto los objetivos marcados por la Unión Europea como la propia normativa estatal de aplicación, que se trata de un producto bancario destinado a toda aquella ciudadanía socialmente vulnerable que puede sufrir el riesgo de exclusión financiera, ahora más que nunca cobra un mayor sentido su existencia y uso, en estos tiempos de crisis sanitaria mundial por la pandemia del coronavirus, en los que las personas están viendo que esta crisis viene acompañada de la supresión de contratos laborales, la disminución de ingresos por inclusión en ERTES o incluso el propio cierre de la actividad por la perduración en el tiempo del confinamiento por razón de salud y que provoca, de la noche al día, el deterioro inmediato del sustento económico de muchas personas, unido a la incertidumbre sobre su futuro.

Bien justificada la imperiosa necesidad de que existan cuentas de pago básicas operativas y accesibles para las usuarias y usuarios en las entidades financieras que operan en España,  y antes del estallido de la situación de la actual crisis sanitaria, Economistas sin Fronteras publicó el estudio “Las Cuentas de Pago Básicas en el Sistema Financiero Español”, que tenía como propósito primordial contrastar tanto el cumplimiento de publicidad de información así como el acceso efectivo a la operativa necesaria para contratar una cuenta de pago básica a través de los distintos canales de distribución y sucursales de las entidades bancarias siguiendo los requerimientos establecidos en la Orden ECE/228/2019 de 28 de febrero, mencionada al inicio.

La metodología empleada se basó en la comparación de la información en las páginas web de una muestra de entidades financieras de crédito operadoras de la banca comercial en España y representativas del 85% del volumen de depósitos según las últimas cuentas anuales depositadas del año 2018, unida a la realización de visitas a una muestra de sucursales en las ciudades de Bilbao, Madrid y Valencia, pudiéndose resumir los resultados del análisis que se extrajeron en tres ámbitos. El primero se refiere al cumplimiento del deber de información establecido en el artículo 8 de la orden objeto de estudio, observándose en general, el predominio de una información muy amplia en todo lo referente a los requisitos a cumplir por parte de la clientela o potencial clientela, para contratar este producto financiero. Asimismo, se contempló una insuficiencia de información en lo que respecta a la operativa propia para la contratación inicial de la cuenta de pago básica, unida a que en algunas entidades la interfaz de usuario en la web difería en este producto con respecto al resto de productos de la misma categoría ofertados por la entidad, siendo en algún caso incluso difícil de localizar y entender por la persona que accediera a la web que se trataba de un producto del mismo rango que otras cuentas corrientes y de ahorro, subrayando que este tipo de prácticas deben evitarse, en aras de preservar el libre acceso a los productos bancarios disponibles.

El segundo ámbito analizaba las comisiones y servicios mínimos establecidos para la cuenta de pago básica en el artículo 2 de la citada orden, concluyendo que mayoritariamente las entidades se ceñían al cumplimiento estricto de lo requerido en la norma, esto es una comisión mensual de 3 euros o la gratuidad en el caso de que la persona solicitante cumpliera las condiciones establecidas en el Real Decreto 164/2019 de 22 de marzo, y sólo se podía destacar la iniciativa por parte de 2 de las 13 entidades analizadas de ofrecer una mejora sobre las 120 operaciones anuales amparadas en esta comisión estándar, con su extensión a un uso ilimitado. Sobre este compromiso de operaciones ilimitadas, mencionar que dadas las dificultades de recursos económicos que sufren las personas de estos colectivos vulnerables, se puede entender que la posibilidad de contratación de múltiples servicios que podrían dar origen a diversas domiciliaciones en la cuenta de pago básica, la posible falta de uso de tarjetas bancarias que originarían diversos débitos, o la baja frecuencia en el uso de la transferencia bancaria para el movimiento de su dinero, son realidades que hay que sopesar y hace muy posible que no superaran las 120 operaciones anuales, quedando por tanto sin efecto la ventaja añadida de forma comparativa a lo indicado en la normativa.

El tercer aspecto considerado fue la asistencia ofrecida por las entidades financieras de una forma focalizada al perfil de la clientela con riesgo de exclusión financiera y medida como la agregación de otros servicios más allá de los considerados como básicos en la propia normativa, siendo que a excepción de alguna iniciativa de permitir descubierto tácito, sólo 4 entidades de las 13 analizadas lo incluían entre los servicios de una cuenta de pago básica, o la posibilidad de contratación de una tarjeta de crédito, que igualmente sólo 4 entidades lo ofrecían, y que sería un producto no tanto de ahorro sino de concesión de crédito por parte de la entidad bancaria, en general no se ha encontrado que las entidades financieras hubieran extendido su compromiso más allá de lo que la norma les requiere.

El estudio finaliza con sus principales conclusiones y entre las que cita el estudio y que se invita a reflexionar, se pueden destacar la propuesta que se realiza a las entidades financieras para incluir dos servicios que sintonizan con los perfiles de la clientela con interés en este producto bancario, pudiendo mencionar, de un lado, la consideración de la incorporación de las transferencias en divisas distintas al euro, por ser una necesidad para el colectivo de las personas migrantes y la conexión con sus países de origen, cuyo riesgo de exclusión financiera tiene como principio precisamente la falta de acceso a servicios bancarios a su llegada a Europa y, de otro, se alude la posibilidad de homogeneizar las comisiones independientemente del canal utilizado para las distintas tipologías de operaciones, esto es, en sucursal o de forma telemática a través de internet, puesto que en el análisis se detectó cierta tendencia a ofrecer comisiones de servicio más ventajosas para la operativa por internet o móvil, siendo que muchas de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión financiera, suelen también vivir una situación de exclusión tecnológica, sin acceso a servicios de internet en sus hogares o incluso de tarifas de datos si cuentan con un teléfono móvil para comunicarse, por lo que una vez más esta realidad debe considerarse a la hora de complementar los servicios asociados a este tipo de cuentas.

A la vista de la exposición anterior, tras el primer año desde la llegada de las cuentas de pago básicas, existen mejoras a realizar por parte de las entidades financieras y, de manera especial, dada la crítica coyuntura internacional que estamos atravesando, se llama a las entidades financieras a que adopten las medidas necesarias para que estas cuentas sean un producto bancario de pleno acceso y operativa adaptada a la realidad de la ciudadanía que lo demanda o lo puede demandar en un futuro  próximo. Al mismo tiempo, se trata de una oportunidad para las entidades financieras de mostrar su compromiso y responsabilidad social, adoptando voluntariamente medidas para paliar las dificultades de las consumidoras y consumidores del producto que han visto de forma sobrevenida un menoscabo de su economía personal, unido a la incertidumbre sobre su futuro laboral y a un mayor riesgo de exclusión financiera.

Con este llamamiento se cubre el objetivo último del estudio publicado, que no es otro que sensibilizar sobre la necesidad de implantar este producto bancario que sin duda cubre las necesidades de, hoy más que nunca, numerosas personas en situación de vulnerabilidad, tanto las que aún no estaban bancarizadas, es decir, que no disponían de cuenta alguna en un banco, como de las que de forma involuntaria se pueden convertir en marginalmente bancarizadas.

 

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