Carlos García Paret – Greenpeace
1. Un pluriverso de soluciones
La economía no flota en el vacío, está sustentada por un planeta con límites biofísicos que ya estamos rebasando. Sabemos que persistir en la totemización del PIB como referencia suprema de progreso es una forma de ahondar en un error del que ya nos advirtió Simon Kutznets -su creador- a principios del siglo pasado. Y, sin embargo, pisamos el acelerador de una economía en guerra con la vida, consumimos recursos como si tuviéramos dos planetas y medio1 y endosamos los costes a otros territorios y a las generaciones futuras.
Y las consecuencias no son teóricas: entre 2021 y 2023, los desastres climáticos costaron 162.000 millones de euros a la Unión Europea2 ; y en España, la DANA de Valencia dejó 227 víctimas y 18.000 millones en daños. Pero el impacto va más allá por las pérdidas por daños climáticos: el último informe del IPBES, suscrito por 150 países, alerta que “el crecimiento de la economía mundial se ha producido a costa de una inmensa pérdida de biodiversidad, lo que ahora plantea un riesgo sistémico crítico y generalizado”3 . La crisis en Gaia ya no es una predicción, es una factura en curso que irá incrementándose de manera exponencial conforme sigamos retrasando la transición ecosocial4.
Lo que vivimos no es una suma casual de alteraciones -climáticas, ecológicas, sociales o geopolíticas-, sino una policrisis con una raíz común: un modelo de acaparación del poder económico que ha colocado el crecimiento económico al servicio de unos pocos bolsillos y por encima de la vida. Desde la pandemia, los multimillonarios han multiplicado su riqueza5 , y sus corporaciones dañinas continúan acaparando los espacios de toma de decisión, los recursos públicos6 y apalancando la economía en actividades altamente nocivas7 . Desde la pandemia, apenas un 6,7 % de la inversión global se ha destinado a resiliencia y adaptación; en España, ha sido el 20 % 8.
El resultado: la economía mundial sigue expandiéndose en sectores como los combustibles fósiles, el plástico, la moda rápida, los agroquímicos, las macrogranjas, el extractivismo de datos, la obesidad digital y la industria armamentística, y mantiene en los márgenes actividades esenciales para el bienestar colectivo y la transición, como la agroecología, el transporte público, la vivienda social y sostenible, los servicios públicos, los cuidados y la restauración de ecosistemas.
El reto actual no consiste únicamente en cambiar una fuente de energía por otra. Se trata de redefinir qué entendemos por progreso, qué economía queremos y que la gente de a pie apoye un nuevo Contrato Social Verde. No existe una solución instantánea para desmontar tres siglos de inercia extractivista, pero, como señalaba Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace, en la inauguración de la Conferencia Más Allá del Crecimiento: “la realidad de un modelo socioeconómico tóxico no debe paralizarnos. Sabemos que el sistema actual no funciona y que, aunque no existe una solución única, las economías alternativas están ofreciendo pistas muy relevantes para avanzar en un cambio de modelo9” .
Un pluriverso creativo está recorriendo Europa en los ciclos de conferencias “más allá del crecimiento”10 , y la economía del bienestar, la economía del dónut, el buen vivir, el ecofeminismo, el decrecimiento, el postcrecimiento, la economía decolonial, la coherencia de políticas, etc. están cambiando nuestra percepción del cambio. Todas estas propuestas convergen en principios compartidos: respetar los límites planetarios, poner la vida y los cuidados en el centro, redistribuir riqueza y poder, democratizar las decisiones económicas, fortalecer comunidades y ecosistemas resilientes, garantizar la justicia intergeneracional. El desafío no es sólo técnico, sino político, cultural y de construir y situar un relato de esperanza y vocación hegemónica capaz de apelar a las mayorías sociales frente a la deriva autoritaria negacionista y el retardismo. Es decir, posicionar el conflicto en la deriva autoritaria de buena parte de las élites y saber mostrar la transición ecosocial como un marco democrático de garantía del bienestar de las mayorías.
2. Avanzar en la democracia económica
El sistema financiero internacional no está diseñado para obedecer la democracia y servir al bien común. En general, los bancos centrales no disponen de mandatos sólidos para proteger el bienestar común y evitar burbujas fósiles y riesgos ambientales de las inversiones realizadas11 . En 2023, 130 países del Sur Global estaban en crisis de deuda y destinaron 1,4 billones de dólares a su pago. Además, 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en intereses que en salud o educación. El FMI distribuyó el 98 % de los derechos especiales de giro extraordinarios emitidos tras la pandemia a países de renta media y alta. El desequilibrio no es accidental: responde a reglas diseñadas para sostener privilegios. En la Conferencia de Sevilla sobre financiación para el desarrollo de 2025, la sociedad civil global apuntó dos grandes procesos para democratizar globalmente la economía: la actual Convención Marco para la reforma del sistema tributario internacional de la ONU, que se encuentra en un momento sensible de negociación de su alcance12 , y una petición para un espacio semejante para abordar el problema global de la deuda13.
La élite multimillonaria vive una suerte de amnistía fiscal y climática. Los jets privados, superyates y cohetes son, además de bombas climáticas, una manifestación obscena de impunidad14 en un momento en que la mayoría social soporta la precariedad, el coste de la vida, la vulnerabilidad climática y la incertidumbre sobre el futuro. Recordemos que, si todos fuéramos Elon Musk, el presupuesto de carbono se esfumaría en dos días. Pero, además, el “pirateo fiscal global” cuesta a las Administraciones alrededor de mil millones de dólares al día. Solo en la UE, 500 multimillonarios europeos concentran 2,4 billones de euros en jurisdicciones de baja o nula tributación.
Vivimos en un momento en el que la palabra “impuestos” supone una trinchera en la que se juega el bienestar de las mayorías y la propia democracia. Al boquete fiscal se le suma el freno que supone a la acción climática, el hecho de que los subsidios tóxicos alcancen el 8% del PIB y la carrera armamentística el 2,5 % del PIB15 , ambos a nivel mundial, que es aproximadamente ese 10% que deberíamos estar invirtiendo en “salvarnos”. El dinero está y las soluciones también, por lo que solo decisiones de democracia económica profunda podrían redirigirlos hacia una economía reconectada con los ciclos de la naturaleza, a preservar los servicios públicos y la garantía de protección social que necesitamos.
En Greenpeace calculamos16 que la economía española está “dopada” con 23.330 millones de euros anuales en subvenciones tóxicas. Según estimaciones, 9 de cada 10 euros de ayudas en sectores como transporte, agricultura y energía son ambientalmente nocivos y socialmente regresivos. Con dichos recursos se podría doblar la acción climática hasta 50.000 millones anuales, lo que supondría tener dinero suficiente para restaurar ecosistemas estratégicos, rehabilitar 600.000 viviendas al año, financiar un abono único estatal de transporte público, crear un Fondo de Transición Agroecológica e implementar una renta climática progresiva.
Por tanto, la justicia fiscal no es una cuestión ideológica: es una condición necesaria para sostener cualquier transición y aplacar el “cesarismo del siglo XXI”17 . Como señalaba Thomas Piketty, “es imposible combatir con eficacia el cambio climático sin redistribuir la riqueza a escala nacional e internacional”.
3. La fractura social y el Contrato Social Verde
En 2025, el coste de la vida, la desigualdad y la corrupción fueron los principales motores de protesta en más de 70 países. Un grupo de personas no desdeñable siente que ya está sacrificando demasiado en nombre del clima y, en ese contexto, las políticas verdes se han convertido en un señuelo fácil para canalizar la rabia social. La extrema derecha lo ha entendido muy bien cuando capitaliza el malestar real frente a empleos perdidos y facturas crecientes, señalando como responsable la agenda verde y alejando a los verdaderos responsables. Así lo hemos visto en el movimiento de los chalecos amarillos, las tractoradas, las zonas de bajas emisiones, la lucha contra el lobo… El ejemplo del olivar superintensivo es revelador: grandes fondos de inversión acaparan tierra, agua y subvenciones, fuerzan los precios a la baja y asfixian al olivar tradicional18. Pero el dedo acusador no apunta al poder financiero, sino a la Agenda 2030. No se trata aquí de valorar los aciertos y fracasos del denominado Pacto Verde, pero sí de indagar en un riesgo manifiesto: si la transición ecológica se percibe como tecnocrática, elitista o regresiva, puede convertirse en terreno fértil para el avance autoritario.
Por ello, es necesario volver al campo y a los barrios y construir una transición ecosocial arraigada en las vidas reales. Y en este desafío hay que luchar por que cada euro público sirva para reforzar el bienestar colectivo ayudándonos a “llegar al final de mes” y “evitar el fin del mundo”, al tiempo que se denuncia el egoísmo de unas élites irresponsables dispuestas a un beneficio inmediato a cualquier coste.
4. Avanzando en el Contrato Social Verde en nuestras viviendas
La transición ecosocial comienza en nuestras casas. El sector de la edificación consume el 30 % de la energía final y la vivienda es responsable del 15 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, con una de cada cinco personas en situación de pobreza energética19 , es inadmisible tener a la ciudadanía en la tesitura de pagar el alquiler o la hipoteca o calentar su casa. Lo es también tener a una sociedad postrada e impotente frente al tsunami especulativo y la energía cara y contaminante que nos venden Trump y Putin. Si no se corrige a tiempo este ataque al centro de nuestra vida en sociedad, el bienestar de las próximas generaciones estará condenado.
Es de consenso que nuestras casas son cada vez más caras, más viejas e ineficientes energéticamente. Uno de cada cuatro hogares enfrenta dificultades graves de acceso a una vivienda digna. Los desahucios sin alternativa habitacional siguen arrasando vidas. El parque de vivienda social español es de los más bajos de la UE. Y la rehabilitación energética avanza al ritmo irrisorio del 0,08 % anual.
Recientemente Greenpeace ha lanzado una propuesta de política de vivienda integral20 : “Tu llave de la vivienda digna”, con la que se busca ir más allá del nuevo ciclo de construcción y rehabilitar diez millones de viviendas antes de 2040. La propuesta estima que, con un plan de inversión pública media de 6.000 millones de euros anuales sostenido hasta 2040, se podría contar en ese año con un parque residencial en los moldes de la transición ecosocial. El impacto sería significativo: 27.000 GWh menos de consumo energético cada año; 48 millones de toneladas de CO₂ evitadas; 4.175 millones de euros anuales de ahorro en las facturas -el equivalente a la luz de cinco millones de hogares-; 2,5 millones de personas fuera de la pobreza energética; y alrededor de 350.000 empleos estables creados. Estas inversiones deberían estar acompañadas por medidas fiscales y regulatorias contundentes con la especulación y turistificación -el modelo de “100 millones de turistas” llega por los aeropuertos- y con un despliegue de vivienda social accesible al nivel de otros países del entorno.
5. Una movilidad sostenible y con equidad
El modelo actual, centrado en el vehículo privado, es el principal «cuello de botella» de la transición energética, consumiendo el 20 % de la energía final21, el 93 % procedente del petróleo. Sin embargo, el coche no es universal: 25 millones de personas en España no tienen permiso de conducir y el 22 % de los hogares no dispone de vehículo. El sistema actual genera pobreza de transporte, aislando a quienes no pueden costear los 4.000 euros anuales que cuesta mantener un coche. Además, a nivel estatal la contaminación provoca unas 25.000 muertes prematuras y genera un coste económico de más de 23.000 millones de dólares22. Por otro lado, en las zonas rurales -donde hay menos alternativas de transporte público- las familias dependen más del coche -698 vehículos por cada 1.000 habitantes- y destinan hasta el 14 % de su presupuesto a desplazarse.
Frente a un modelo basado en la dependencia del automóvil, la alternativa pasa por reconocer la movilidad sostenible como un derecho ciudadano básico. Esto implica garantizar, mediante un marco normativo sólido, que todas las personas -con independencia de su código postal- dispongan de servicios mínimos de transporte público y opciones seguras de movilidad activa, como caminar o ir en bicicleta. La llamada Garantía de Movilidad23 establecería ese suelo común de acceso universal, corrigiendo desigualdades territoriales y sociales.
Complementariamente, un abono único de transporte funcionaría como una tarifa plana asequible y simplificada, eliminando las barreras tarifarias entre regiones y facilitando un sistema de transporte público integrado, accesible y coherente en todo el territorio. Esto no es una ocurrencia teórica, sino una política que ya está funcionando en países como Austria, que puso en marcha el Klimaticket, que permite viajar por todo el país combinando trenes, autobuses y transporte urbano con una sola tarifa anual. Alemania siguió el mismo camino tras el éxito masivo del billete de nueve euros y consolidó un billete único nacional que simplifica el sistema y fomenta el transporte público.
El Gobierno español ha dado pasos con descuentos y bonificaciones y con una primera propuesta de abono único a la que se tienen que sumar el resto de Administraciones Públicas. Pero un modelo como este también podría avanzar en una dimensión europea, facilitando los desplazamientos entre países sin necesidad de volar o depender del coche privado. Sería una herramienta de cohesión territorial, justicia social y acción climática al mismo tiempo. Con un solo billete, sencillo, accesible y universal, tendríamos una herramienta para aliviar el estrés económico y ambiental en la sociedad. Y se podría pagar perfectamente solo con una parte de las subvenciones que se destinan al coche convencional, la aviación y los combustibles fósiles.
6. Conclusión: una transición de la mayoría social para vivir mejor
El cambio de modelo no es una utopía abstracta, sino una reorganización técnica y política de los recursos existentes que requiere de redistribución fiscal, eliminación de privilegios, inversión estratégica en bienestar y participación democrática. La transición ecológica debería ser popular, tangible y justa. Debe mejorar el día a día de las personas, mientras reduce emisiones y nos reconecta con una naturaleza viva, de la que dependemos. No se trata de elegir entre la economía o la naturaleza, se trata de rediseñar una economía que sostenga vidas dignas en un planeta vivo. Llegar a final de mes y evitar el final del mundo no deberían ser objetivos contradictorios, sino las dos caras de un mismo Contrato Social Verde.
Este artículo forma parte de Dossieres EsF nº 61: «Más allá del crecimiento: ámbitos para la acción»
Notas a pie de pagina
1 El día en el que España empieza a necesitar otro planeta
2 Chapter 7 – Investments in climate action
3 Media Release: IPBES Business and Biodiversity Assessment
5 Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios
6 De subvenciones tóxicas a inversiones responsables
7 Las grandes petroleras europeas, incluida Repsol, mienten al afirmar que están reduciendo sus emisiones altamente contaminantes – ES | Greenpeace España
9 Eva Saldaña. Conferencia Más Allá del Crecimiento. España 2025. Congreso
10 A post-growth Europe critical to survive and thrive, urge over 400 civil society groups and experts
11 Según Carbon Tracker, se estima que aproximadamente $1,1 billones de dólares de inversión proyectada en nuevos proyectos de petróleo y gas (entre 2025 y 2035) son incompatibles con un escenario de calentamiento de 1.5 C. Greenpeace denunció en 2023 las inversiones sucias de las mayores 12 petroleras europeas por valor de 88.000 millones de euros.
13 La lucha por la justicia económica global llega a Sevilla – ES | Greenpeace España
15 Trends in World Military Expenditure, 2024 | SIPRI
16 Informe sobre Subvenciones Tóxicas en España
17 Will Democracy Govern Capitalism — or Be Consumed by It?
18 Fondos de inversión en el olivar español | Greenpeace España
19 En verano la pobreza energética alcanza a una de cada tres personas. Nuevo informe sobre pobreza energética en verano – ES | Greenpeace España
20 Tu llave de la vivienda digna, Greenpeace 2026
21 El sector del transporte ocupa el primer puesto en el ranking de emisores, representando en 2024 el 33,3% de las emisiones totales nacionales.
22 https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/GP-Toxic-Air-Briefing-Spain.pdf
23 Garantía de Movilidad: una propuesta para movernos mejor – ES | Greenpeace España
