Hay problemas que se instalan en la vida cotidiana y acaban convirtiéndose en una conversación constante. La vivienda es uno de ellos. Está en los bares, en los portales, en los grupos de WhatsApp y, sobre todo, en la vida cotidiana de miles de personas que trabajan, estudian o cuidan… pero no consiguen acceder a una casa en condiciones dignas y a un precio razonable. No hablamos de un fenómeno marginal ni pasajero: hablamos de una de las principales fuentes de desigualdad y de incertidumbre social de nuestro tiempo.
Desde Economistas sin Fronteras (EsF) llevamos tiempo con una idea sencilla: si queremos trabajar por una economía justa, tenemos que mirar de frente las preocupaciones reales de la ciudadanía. Y hoy, junto a la precariedad salarial, el acceso a la vivienda ocupa el primer puesto. No como abstracción teórica, sino como problema concreto que condiciona proyectos de vida, arraigo territorial y cohesión social.
Por ello, en los últimos meses hemos estado escuchando, aprendiendo y acudiendo a donde se debate sobre el futuro de la vivienda.. Uno de esos espacios fue el foro celebrado el pasado 4 de diciembre de 2025 en el Bizkaia Aretoa, en el marco del FORO ekonomistak PRO 2025, «Horizontes de la vivienda en Euskadi: equilibrio territorial y vivienda asequible». Allí se reunieron representantes de la administración, del ámbito académico y de la gestión urbana para compartir diagnósticos, avances y límites de las políticas actuales. + Info del contenido de la jornada
Un problema que ya no admite rodeos
La primera sensación que atravesó toda la jornada fue clara: la gravedad de la crisis habitacional ya no permite discursos tranquilizadores. Suben los precios, se reduce la oferta asequible y crecen las dificultades para jóvenes, hogares vulnerables y personas migrantes. Pero también para capas cada vez más amplias de la población que, aun teniendo empleo, viven al borde del sobreesfuerzo económico.
Desde EsF lo vemos claro: la vivienda no es solo un bien de mercado, es una condición material para ejercer derechos. Cuando el acceso a una vivienda digna falla, fallan también la igualdad de oportunidades, la salud, la conciliación y el propio equilibrio territorial del país.
Así que el foro sirvió para ver que la vivienda es un sector atravesado por múltiples intereses —propietarios, promotores, entidades financieras, administraciones— y por eso mismo no existen soluciones rápidas ni mágicas. Pero sí existen estrategias informadas, basadas en datos, planificación a largo plazo y colaboración entre actores.
Planificación, consenso y cambios normativos
Desde el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Mario Yoldi explicó uno de los elementos más singulares del actual marco vasco: la existencia de una planificación estratégica a 15 años en materia de vivienda. Un horizonte poco habitual en un contexto político dominado por el corto plazo.
Según dijo, este marco ha permitido activar medidas urgentes que, según se expuso en la jornada, ya están modificando leyes clave como la del suelo. Y el objetivo es claro: reducir bloqueos administrativos, simplificar procedimientos urbanísticos y acelerar la puesta en marcha de nuevas promociones de vivienda asequible.
Entre las medidas destacadas aparecen la creación de reservas estratégicas de suelo, la flexibilización de porcentajes obligatorios, el refuerzo del control en zonas tensionadas y la introducción de sanciones ante incumplimientos. Cambios técnicos, sí, pero con consecuencias muy concretas sobre los tiempos y costes de producción de vivienda.
En opinión de EsF, estos avances son relevantes, pero deben evaluarse siempre desde su impacto social real. Agilizar procesos no puede traducirse en perder garantías, ni en reforzar dinámicas especulativas. La clave está en a quién beneficia finalmente esa agilización.
Sin números no hay política viable
Una de las aportaciones más claras del Colegio Vasco de Economistas, a través de la intervención de Joseba Cedrún, fue recordar algo que a veces se evita en el debate público: las viviendas cuestan dinero. Y no poco. Prometer miles de viviendas sin explicar cómo se financian, quién asume los riesgos o cuál es la viabilidad económica de las operaciones no solo genera frustración, sino que bloquea soluciones reales.
Desde EsF compartimos esta preocupación. Defender el derecho a la vivienda no significa negar los costes, sino hacerlos visibles y repartirlos de forma justa. El sector público no puede —ni debe— asumir en solitario toda la carga, pero tampoco puede delegar sin condiciones en el sector privado.
Aquí aparece una cuestión clave: la colaboración público-privada. No como dogma, sino como herramienta que debe estar subordinada al interés general. El debate del foro dejó claro que incorporar financiación privada puede desbloquear proyectos, siempre que existan reglas claras, control público y objetivos sociales explícitos.
El Fondo Social de Vivienda: expectativas y cautelas
Uno de los anuncios que más expectación generó fue el del futuro Fondo Social de Vivienda, concebido como un vehículo financiero capaz de movilizar grandes recursos —se habló de hasta 11.000 millones de euros— para impulsar vivienda asequible en alquiler.
La idea de atraer inversión a largo plazo, incluyendo instrumentos como las EPSV vascas, abre oportunidades interesantes. Pero desde Economistas sin Fronteras creemos que la pregunta clave no es solo cuánto dinero se moviliza, sino bajo qué condiciones, con qué retornos sociales y con qué mecanismos de rendición de cuentas.
La vivienda no puede convertirse en un activo financiero más desligado de las necesidades reales de la población. Si algo dejó claro la jornada es que estamos ante un cambio de paradigma todavía en disputa.
Rehabilitar, redensificar, mirar lo que ya existe
Desde la experiencia municipal, Ignacio Cepeda aportó una mirada imprescindible: no todo pasa por construir más. Euskadi tiene un parque de vivienda envejecido, barrios con necesidades de regeneración y miles de viviendas ya construidas que requieren inversión, rehabilitación y nuevos usos.
Experiencias como las de Vitoria-Gasteiz muestran que la rehabilitación urbana no solo mejora edificios, sino que genera dinámicas sociales positivas. Cuando un barrio se transforma, se activa el boca a boca, crece la implicación vecinal y se refuerza el arraigo.
En EsF creemos que invertir en rehabilitación no es un gasto, sino una inversión social y ambiental. Además, conecta directamente con la transición ecológica y con la necesidad de reducir el consumo de suelo y recursos.
La vivienda como factor de desequilibrio territorial
Uno de los momentos más reveladores del foro llegó con la presentación del estudio de la UPV/EHU sobre equilibrio territorial y vivienda, a cargo de Estrella Sánchez. Su diagnóstico fue contundente: en Euskadi no estamos ante pequeñas diferencias territoriales, sino ante tensiones estructurales.
Las áreas metropolitanas concentran empleo, servicios y oportunidades… y también precios inasumibles y procesos de expulsión. Al mismo tiempo, comarcas interiores acumulan vivienda vacía, pero pierden población, actividad y servicios. La vivienda se convierte así en un motor de desigualdad territorial.
Este análisis refuerza una idea central: no puede haber una política de vivienda homogénea. Se necesitan enfoques diferenciados, adaptados a cada territorio, y coordinados con políticas de empleo, movilidad y servicios públicos.
Más allá del municipio: pensar en clave metropolitana El debate también puso en cuestión uno de los rasgos clásicos de nuestro país: el municipalismo extremo. Cada vez resulta más evidente que los problemas de vivienda no se resuelven dentro de los límites administrativos de un solo municipio.
Planificar en clave metropolitana, coordinar decisiones y compartir responsabilidades es imprescindible si queremos evitar que la vivienda siga expulsando población o generando desplazamientos cada vez más largos y costosos.
Europa, financiación y límites reales
La jornada no eludió el contexto europeo. Se habló de expectativas, pero también de límites. La vivienda no es una competencia directa de la UE, y los fondos extraordinarios no van a repetirse fácilmente. Habrá recursos, sí, pero también mucha competencia y exigencias.
En EsF creemos que es un error confiar en soluciones externas sin reforzar al mismo tiempo las capacidades locales y autonómicas. La vivienda debe ser entendida como una infraestructura social básica, al mismo nivel que la sanidad o la educación.
Una conclusión necesaria
La vivienda no es un problema técnico ni exclusivamente económico. Es un reflejo de qué modelo de sociedad queremos construir. Desde Economistas sin Fronteras apostamos por una política de vivienda que ponga la vida en el centro, que priorice el derecho frente al negocio y que combine rigor económico con justicia social.
La jornada del 4 de diciembre mostró que hay conocimiento, diagnósticos y propuestas sobre la mesa. El reto ahora es político y colectivo: convertirlos en cambios reales que lleguen a las casas, a los barrios y a las personas. Porque sin vivienda digna, no hay economía justa posible.
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