En el VIII Congreso de Economía Feminista celebrado del 16-18 marzo en Nau Bostik (BCN), EsF Euskadi presentamos un taller de reflexión en torno al impacto sobre las mujeres de la digitalización de los servicios públicos.
El taller lo realizamos a través de una metodología participativa y situada, en la que nosotras aportamos el tema de debate y unas pinceladas sobre el estado de las cuestiones a debatir y, posteriormente, las participantes analizan, desde casos concretos y conocidos por ellas, los pros y contras de la problemática a trabajar. A partir de ahí generamos un debate que nos permite construir un argumentario compartido y significativo sobre el tema.
En este caso, comenzamos el taller con la identificación de los diferentes tipos de brecha digital y dónde
están más representadas las mujeres, teniendo en cuenta las diferencias Norte-Sur. Así en los países del Norte la brecha digital de género se refleja en la conocida como brecha de uso y habilidades o segunda brecha, en donde los hombres destacan, entre otros, en el uso de aplicaciones de banca electrónica, configuración de software o el contacto con la administración pública, y las mujeres destacan en la concertación de cita con el médico, la búsqueda de información sobre temas de salud o la participación en redes sociales, es decir, los usos lúdicos y económicos están masculinizados y los de bienestar social feminizados. A esta brecha en países del Sur se une la brecha de acceso, o primera brecha, ya que las mujeres están menos conectadas que los hombres, según la Web Foundation, los hombres tienen un 21% más de probabilidades de estar en línea que las mujeres. Señalar que las personas con un acceso más pobre se conectan básicamente desde el móvil, perdiendo la potencialidad del resto de dispositivos
Continuamos analizando el uso que hacemos las mujeres de los servicios públicos, centrándonos en 3 sectores de especial relevancia: empleo, servicios sociales e inmigración y sanidad. Fruto de este análisis se constata una mayor interacción de las mujeres respecto a los hombres con las administraciones públicas, bien como principales interesadas bien como intermediarias de personas a su cargo. Mayores tasas de desempleo, parcialidad y temporalidad conllevan un mayor trato por parte de las mujeres con los servicios públicos de empleo, tanto como beneficiarias de prestaciones públicas, como demandantes de empleo o mejora del mismo. Lo mismo sucede con otro tipo de prestaciones asociadas a los servicios de inclusión y servicios sociales, como puede ser el caso del Ingreso Mínimo Vital, donde dos tercios de las solicitudes son de mujeres. Si nos centramos en los servicios sanitarios, las mujeres son quienes acuden con mayor frecuencia a los servicios de atención primaria y las mayores solicitantes de atención domiciliaria, tanto para ellas mismas como para terceros.
El debate posterior con las participantes fue muy interesante y enriquecedor y nos permitió llegar a una serie de reflexiones compartidas que queremos recoger brevemente a continuación.
Junto a las ventajas que presenta la digitalización (centralización de la información, no necesidad de desplazamiento, ausencia de horarios, reducción de tiempos de espera gracias a la “cita previa”…), detectamos la importancia de alejarnos de la idea de “solucionismo tecnológico” para dar cabida y respuesta a la complejidad de realidades que vivimos las mujeres. Vimos la necesidad de mantener la presencialidad y el contacto personal y personalizado para atender las diferentes inquietudes e incertidumbres de las usuarias. Esta necesidad se planteó como algo permanente, no transitorio, siguiendo la idea de la digitalización como opción, no como obligación. Paralelamente hablamos del “común digital” en la que internet se debe entender ya como un recurso básico de acceso libre que debería garantizarse para todas las personas y por tanto la formación digital y el acceso a internet deben entenderse como recursos públicos que deben ofrecerse al conjunto de la población.
También pudimos hablar de los riesgos de esta transformación digital en el sector público: destacamos el peligro de profundizar en la discriminación hacia las mujeres si no se toman medidas correctoras que revisen los actuales procedimientos, ante lo cual su digitalización supone la cristalización de esa desigualdad de partida. Concretamente hablamos de tener en cuenta las cargas de cuidados que todavía asumen las mujeres, así como una mayor interacción con servicios públicos y una menor participación en el diseño de las herramientas informáticas. Esto nos lleva a concluir como imprescindible la participación de las mujeres en el codiseño de las herramientas digitales públicas. También se apuntaron los riesgos sobre la privacidad de los datos y privatización creciente de lo público a través de los servicios digitales.
Os animamos a leer más sobre este tema en nuestro proyecto Mujeres que replantean la Economía: Virginia Eubanks, Cathy O´Neil, Shoshana Zuboff,
