TALLER EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS

El jueves 16 de octubre EsF acudió a la Sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, para participar en el “Taller construcción de indicadores de medición para Administración Pública y comunidad de inversores de los Principios Rectores para empresas y derechos”, organizado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, del que Economistas sin Fronteras forma parte desde sus inicios ya que fue una de las organizaciones que impulsó su creación. Una mañana de reflexión y debate, cuya apertura corrió a cargo de Carmelo Angulo, Presidente de UNICEF Comité Español desde 2013 y Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio RSC, seguida de estas tres sesiones: Sesión 1: Problemáticas en la participación de los principios rectores, dinamizada por Bart Slob, CSR manager Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. Lecturer University of Geneva. En ella se debatió sobre la cuestión de la aplicación de los Principios Rectores por parte de los Estados y cómo las empresas los están integrando en sus procesos de gestión, identificando buenas prácticas y tendencias por parte de terceros Estados. Algunas cuestiones abordadas fueron: cómo actuar en países donde los sindicatos no están constituidos de manera legítima; cómo abordar el coste que supone para las empresas implantar la RS en sus sistemas y procedimientos; si los Derechos Humanos (DDHH) y la RSC con complementarios o si los primeros son una parte de la segunda; o de qué hablamos cuando nos referimos a “indicadores”: indicadores de sistemas de gestión, indicadores de conformidad con el Derecho Internacional de DDHH, o indicadores de impacto en las condiciones de vida. Sesión 2: Debate sobre las UN Guiding Principles y prioridades de la comunidad inversora en los procesos de evaluación de empresas en aspectos sociales y medioambientales, dinamizada por Juanjo Cordero, Sustentia Innovación Social. El objetivo fue identificar los principales elementos para una efectiva implementación de un marco en relación al ámbito de empresas y DDHH, y qué aspectos son los más valorados por la comunidad inversora, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil. En esta sesión surgieron preguntas como qué información necesitan las personas inversoras para saber si la empresa es respetuosa con los DDHH; hasta qué punto los indicadores son eficaces, transversales y preventivos; en qué medida se tienen en cuenta las distintas percepciones de las partes interesadas; el dilema entre la simplicidad a la hora de tomar decisiones y la fiabilidad; o cómo se abordan las inversiones responsables en las Pymes y Micro-Pymes. Sesión 3: Debate sobre recomendaciones a la UE y los Estados miembros sobre la aplicación del concepto de “Debida Diligencia”: el papel del Estado en relación a una aplicación efectiva del concepto de debida diligencia, a través de la aplicación de políticas públicas, dinamizada por Damiano de Felice, Co-director “Measuring Business & Human Rights”. Graduate Teaching Assistant, London School of Economics and Political Sciencie. En ella se buscaba identificar las prioridades para la implementación del concepto de debida diligencia, en relación a los DDHH y empresa en el ámbito de las políticas públicas, así como conocer qué herramientas son utilizadas por las diversas AAPP y debatir sobre la idoneidad de los indicadores sugeridos por el Observatorio de RSC. En esta última sesión aparecieron cuestiones como cuáles son las limitaciones de las iniciativas estatales existentes para fomentar el uso de indicadores; qué otras políticas públicas pueden ser medidas con los Principios Rectores; de qué sirve unirse a una iniciativa que no tiene carácter vinculante; cómo se vinculan las numerosas certificaciones con los impactos positivos en DDHH y si esta información llega a las personas consumidoras. Intensos debates en los que el denominador común fue la dificultad de unir el carácter obligatorio del cumplimiento de los DDHH, con la voluntaria implantación de la RSC en las empresas; la necesidad de contar con Políticas Públicas que apoyen la implementación de normativas y procesos responsables; y el carácter transversal de las medidas adoptadas, a lo largo de toda la cadena de valor.  

Gloria González

Voluntaria de Economistas sin Fronteras

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